Por Jhonny Trinidad
No hay política migratoria sin logística, y no hay logística sin dinero. Cada persona deportada activa una cadena de contratos que empieza en un centro de detención y termina en una pista de aterrizaje. Entender ese engranaje explica por qué deportar es tan caro y, para algunos, tan rentable.
Deportar no es comprar un boleto de avión, es financiar un sistema.
En Estados Unidos, el costo promedio por deportación calculado por el DHS y por ICE entre 2016 y 2024 osciló entre 12.000 y 24.000 dólares, según el tiempo de detención. Incluye aprehensión, detención, representación legal del Estado, traslado terrestre, vuelo chárter y escoltas.
En la Unión Europea, Frontex pasó de un presupuesto de 6 millones de euros en 2005 a más de 860 millones en 2024, en gran parte para vuelos de retorno. Solo en el año fiscal 2023, ICE gastó más de 3.200 millones en detención y operaciones de deportación.
DETENCIÓN PRIVADA
Es el centro del negocio. En EE. UU., cerca del 90% de los migrantes detenidos está en centros operados por contratistas privados, principalmente CoreCivic y The GEO Group. Cobran entre 90 y 200 dólares diarios por cama. A más días y más camas ocupadas, mayor facturación. Por eso no solo operan centros, también hacen lobby para mantener mínimos de ocupación en los contratos.
En países como República Dominicana, España, Reino Unido o México la detención es estatal, pero alimentación, seguridad, salud e infraestructura se tercerizan a subcontratistas locales.
AVIACIÓN DE DEPORTACIÓN
No hay vuelos comerciales suficientes. Se usan charters. En EE. UU., el programa ICE Air es operado por Classic Air Charter, que subcontrata a Swift Air, World Atlantic y otras. Un vuelo a Centroamérica cuesta entre 70.000 y 150.000 dólares aunque lleve 70 personas. En 2023 operó más de 1.200 vuelos, con un contrato anual superior a los 300 millones.
En Europa, Frontex contrata aviones y exige dos o tres escoltas por deportado. Un vuelo a África con 30 personas puede requerir 60 agentes a bordo.
TECNOLOGÍA Y VIGILANCIA
El eslabón menos visible: grilletes, reconocimiento facial, gestión de casos y bases biométricas. Empresas como Palantir, Thomson Reuters y BI Incorporated, subsidiaria de GEO Group, proveen plataformas de rastreo. Un grillete cuesta 4 a 7 dólares al día frente a 150 de una cama. Es más barato para el Estado, pero crea un mercado de suscripción con miles de personas monitoreadas por meses.
¿POR QUÉ CRECE?
Primero, la externalización. Los gobiernos prefieren contratar que construir centros o comprar aviones. Segundo, la complejidad legal. Los procesos de asilo y apelación alargan la detención, que es el principal costo. Tercero, el uso político. La deportación se usa como mensaje disuasorio y el presupuesto sigue al mensaje.
La paradoja es clara: para sus defensores el sistema es lento e ineficiente, para sus críticos es inhumano y lucrativo. Para ambos es carísimo.
LA PREGUNTA INCÓMODA
Si deportar es un negocio, ¿hay incentivo para no resolver el fondo?
La industria no diseña la política, pero se beneficia de su continuidad. Un sistema que deporta poco necesita menos vuelos, uno que deporta mucho necesita más camas, más aviones y más grilletes.
Cada vez que un gobierno anuncia más deportaciones sin ampliar tribunales migratorios ni acuerdos de readmisión, lo que hace es transferir miles de millones del contribuyente a proveedores privados.
La deportación deja de ser solo control fronterizo y se convierte en lo que es en 2026: una economía paralela que mueve personas como carga, con tarifa por cabeza y ganancias por trimestre.
