Por Robert Vargas El regidor perremeísta y Vice Presidente del Concejo de Regidores, Abel Matos, decidió ir de frente contra el alcalde Manuel Jiménez y su seguidor, el concejal Winston Báez, tras el primero violar casi 400 veces la Ley 176-07.
Matos le puso los puntos sobre las íes tanto a Jiménez como a Báez, en el contexto de una estrategia desplegada por el alcalde para arrebatarle al Concejo su derechos constitucional a otorgar el uso de suelo para construcciones en el territorio del municipio Santo Domingo Este.
El concejal, quien es el presidente de la Comisión Permanente de Planeamiento Urbano, mencionó que el alcalde Jiménez ha otorgado casi 400 licencias de uso de suelo durante el tiempo que tiene la actual gestión, que inició el 24 de abril del 2020.
La Ley 176-07 establece que esa es una facultad del Concejo, lo que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, según resaltó Matos.
Sin embargo, tanto el Director de la Dirección de Planeamiento Urbano, Angel Sosa, como el síndico Jiménez interpretan a su antojo esa legislación y entregan usos de suelo sin cumplir lo que manda la ley 176-07.
Cuando era oposición, Jiménez criticaba al entonces alcalde Alfredo Martínez por otorgar las licencias de uso de suelo al margen de la Ley, pero ahora él hace exactamente lo que le criticaba a su anterior adversario.
De su lado, Angel sosa se mantiene desafiante ante los concejales, siempre con el respaldo del síndico Jiménez.
Por ese motivo, el Vice Presidente del Concejo le advirtió ayer al alcalde que no cederá en su derecho constitucional y se mostró desafiante.
La fricción ha estallado después de que Jiménez presentara resistencia a que los concejales otorguen el uso de suelo para la instalación de dos estaciones de combustibles en la Circunscripción 3.
Los propietarios de esos negocios cuentan con los permisos que le han sido otorgados, incluso, por la Dirección de Planeamiento Urbano, según dijo Matos.
El choque ha cobrado mayor vigor luego que el regidor Winston Báez sugiriera la posibilidad de que la eventual aprobación de la instalación de las dos plantas de combustibles esté mediada por presuntos sobornos.
Ya es común que, en medio de situaciones conflictivas, desde la alcaldía se insinúe que los regidores estarían buscando beneficios particulares, mientras se oculta que el alcalde pretende gobernar sin prestar atención a los mandatos de algunas leyes.
Ayer, el regidor perremeísta Antonio Infante también acusó al alcalde Jiménez de incurrir en presunta corrupción ante la indiferencia de organismos oficiales responsables de investigar presuntas acciones ilegales.
