Por Juan Moreno Severino
¿Que establece la ley 87-26 orgánica que modifica los artículos 4, 5, 12 y 14, y adiciona el artículo 12.1 a la Ley núm. 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial?
Esta ley tiene por objeto optimizar la prestación del servicio judicial digital, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro.
En sus considerandos, la norma destaca la problemática de las notificaciones en el aire realizadas por los alguaciles, es decir, aquellas notificaciones falsas que posteriormente son impugnadas por las partes, ahora se realizaran con geolocalizadores o GPS.
La ley define diversos conceptos, entre ellos: autenticación, digitalización de documentos, acto jurisdiccional electrónico, falsificación digital o spoofing, firma electrónica y firma digital o firma electrónica cualificada, entre otros.
En su artículo 5, establece que la brecha digital nunca podrá constituir un obstáculo que limite el acceso a la justicia, por lo que los servidores judiciales no pueden alegar la obligatoriedad exclusiva de la vía digital.
Asimismo, por mandato de la propia ley, los documentos firmados digitalmente no requieren certificación adicional para su validez.
Otra de las novedades es la adición del artículo 12.1, relativo a la georreferenciación y trazabilidad digital de las notificaciones realizadas por los alguaciles, registrando las coordenadas, el lugar y la hora en que estas se practiquen.
En consonancia con los precedentes del Tribunal Constitucional, las audiencias virtuales podrán celebrarse en todas las materias, previo consentimiento de las partes, con excepción de la materia penal.
Una de las problemáticas que podría generar esta norma es la figura del defecto en las audiencias virtuales, donde las partes podrían alegar múltiples razones para justificar su falta de conexión, dando lugar a recursos de oposición y solicitudes de reapertura de los casos.
Otro aspecto que podría generar controversia es la posibilidad de que las víctimas de violencia sexual y de género participen en los procesos penales de manera virtual, a petición de las partes y mediante decisión motivada del juez.
La ley también contempla la posibilidad de utilizar audiencias virtuales durante estados de emergencia, incluso en los procesos penales, siempre que exista el consentimiento de las partes.
