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Condenas de siete y tres años prisión tres imputados en falsificación y estafas con visas norteamericana

Por Julio Benzant

Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected]

Luego de demostrada la responsabilidad penal por los fiscales Zayra Soto y Juan Miguel Vásquez Minaya, de Litigación Definitiva, un tribunal colegiado impuso condenas de siete y tres años de prisión a tres imputados en falsificación y estafas con visas falsas norteamericanas.

El condenado a siete años de Gerard Nathanael Almánzar, de 31 años de edad, domiciliado en la calle Ramón Cáceres, en el Distrito Nacional.

Mientras, fueron sentenciados a tres años de prisión, los imputados Rubén David Arcángel César y Anyelina A. Estévez Núñez, de 45 y 27 años de edad, respectivamente.

El primero residente en la calle Hermana Mirabal número 06, y la segunda, en la calle San José número 12, ambas direcciones en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

Víctor Leonel Leonardo Acosta, ex compañero sentimental de la encartada Anyelina y señalado como el presunto cabecilla de la organización, fue declarado en rebeldía, luego que se sustrajese del proceso, al lograr una variación de la medida de coerción.

Los tres justiciables fueron encontrados culpables de los delitos de Estafa, Falsificación y Asociación de Malhechores, en perjuicio de varios ciudadanos, el Estado Dominicano y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en República Dominicana.

La sentencia fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

De acuerdo a la acusación, a final de noviembre del 2018 las autoridades iniciaron una investigación, luego de ser detenidos varios ciudadanos intentando salir por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), utilizando visas norteamericanas falsas.

Luego de denuncias de los afectados, la Dirección Especializada de Investigación Contra Delitos Migratorios (DEIDEM), en coordinación con el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía de Santo Domingo, inició una depuración del acusado Víctor Leonel Leonardo Acosta, solicitando a la autoridad competente la intercepción de su aparato telefónico.

Con las labores de inteligencia, se logró determinar el modo operandi de los acusados, que cobraban a sus víctimas hasta 500 mil pesos dominicanos por la obtención del visado, que resultaban ser falsas.

El 20 de septiembre del 2019, mediante Ordenes Judiciales, fue realizados allanamientos en la residencia del imputado Gerard Nathanael Almánzar, en Distrito Nacional y en el local comercial NRG Servicios de Informática, ubicado la Carretera Mella, en el sector Respaldo Alma Rosa.

En esos lugares fueron ocupadas pruebas que vinculaban a los justiciables con los ilícitos penales.

A los ahora tres condenados y el prófugo, les fueron impuestas medidas de coerción; a los tres hombres prisión preventiva, y a la mujer, una garantía económica, visita periódica al fiscal investigador e impedimento de salida de país.

En el juicio de fondo, el tribunal compuesto por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Juan Pablo Ortiz Peguero y Julio A. Aybar Ortiz (miembros), encontró culpables a los justiciables en la violación de los Artículos 147, 148,150, 151, 153, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la falsificación, Asociación de Malhechores y la estafa, en perjuicio de las victimas querellantes, el Estado Dominicano y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en República Dominicana.

Los fiscales Odalis Agramonte y Andrés Marte, del Departamento de Falsificaciones de la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, estuvieron a su cargo la acusación y Solicitud de Auto de Apertura a Juicio.

La pena de siete años de prisión, impuesta a Gerard Nathanael Almánzar, deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), de la provincia Monte Plata.

Los dos encartados condenados a tres años, continuaran en libertad, al no ser variada la medida de coerción en su contra.

A los justiciables se le impuso el pago de una multa equivalente a un salario mínimo.

Fue ordenado el decomiso de las pruebas materiales aportadas en el proceso.

Se ordenó comunicar al juez de Ejecución de la Pena la sentencia y la lectura integra fue fijada para el dos de diciembre del año en curso.

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