Yenny Barenice, Valentin Medrano y Rafael A. Báez G.

Debate en la comunidad jurídica: ¿Ha sido legal o no la sentencia que dispuso la libertad de Omega?

Por Robert Vargas y Julio Benzant
La sentencia de la juez Marlenny Altagracia Santos, de la Primera Sala Penal de la provincia Santo Domingo, que dispuso la libertad del merenguero Antonio Peter De la Rosa, (Omega), ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica dominicana en la que se plantea que esa decisión podría derivar en consecuencias insospechadas.

Jueces, fiscales y abogados en general esperan el contenido íntegro de la sentencia para conocer a fondo los argumentos que la jueza ha tomado en cuenta para disponer la liberación de Omega, una medida que es bastante popular, pero no necesariamente con total apego a lo legal, desde el punto de vista de algunos.

Al momento de dictar sentencia, la juez precisó que ““entiende el tribunal que el Ministerio Publico es el órgano persecutor, y está facultado para solicitar y actuar en este consecuencia”.

Se refirió a la postura del Ministerio Público, representado por el fiscal Pedro Medina Quezada, encargado del Departamento de Litigación Final, quien no se opuso a la liberación de Omega.

Medina Quezada se opuso a la solicitud de la defensa técnica del reo para que  en su lugar fuera colocado el Juez de Ejecución de la Pena, por entender que era la persona competente para estar, no el fiscal.

La juez rechazó esa solicitud de la defensa de Omega, y continuó adelante con el conocimiento del habeas corpus.

Los abogados formularon un recurso donde solicitaban la libertad pura y simple del merenguero de calle, por considerar que fueron violados acuerdos y tratados internacionales, sobre derechos individuales.

“No nos oponemos a que Antonio Peter de la Rosa, sea puesto en libertad, retomando la decisión del penal abreviado realizado en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que disponía condiciones para el cumplimiento de la sentencia”, dijo el fiscal Medina Quezada.

Oída las posiciones de las partes, la magistrada Santo Roa, deliberó por varios minutos la decisión a tomar.

“Este tribunal dispone acoger el pedimento de las partes, y ordenarle a usted la restitución de cumplir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado”, dijo la jueza

Inmediatamente agregó: “No sin hacerle la advertencia a usted, señor Antonio Peter de la Rosa, que hemos entendido que usted ha aprendido la lección de que no cumplir con los lineamientos de la justicia, tienen sus consecuencias”.

“En cuanto al fondo, ordena la inmediata puesta en libertad del ciudadano Antonio Peter de la Rosa, restituyendo la sentencia número 00211 de fecha 13 de septiembre del 2016, dictada por el Primer Tribunal Colegiado, declarando las costas de oficio por tratarse de procedimientos conocidos”, puntualizó la juez.

Tras escuchar el fallo, Omega se dirigió al Fiscal, a quien abrazó y agradeció su intervención. No hizo lo mismo con sus abogados.

Los debates tras esa sentencia

Según algunos abogados, ese fallo ha sentado las bases para que cualquier persona que ha sido condenada en forma definitiva, recobre su libertad sin tener que acudir por ante el Juez de Ejecución de la Pena.

Yenny Berenice, Fiscal

La magistrada Yenny Berenice fue una de las primeras en reaccionar al hacer estas publicaciones en Twitter:


 

Juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Rafael A. Báez G.

 Por otra parte, sin mencionar directamente el caso de Omega, pero todo dicho en el contexto actual, el magistrado Rafael A. Báez G., quien fuera el primer Juez de Ejecución de la Pena en República Dominicana, y con varios libros escritos sobre el tema, ha publicado durante las últimas horas estos dos ttuis demoledores:


 En el debate de la comunidad jurídica ha entrado de lleno el abogado Valentín Medrano, defendiendo la sentencia y la postura del Ministerio Público.

Lo ha hecho con dos publicaciones en sus redes sociales las que dejamos debajo a su consideración, no sin antes preguntar ¿Ha sido legal la decisión del tribunal que favoreció a Omega? (Nadie puede negar que es popular).

Valentin Medrano, abogado

OMEGA EL FUERTE, LIBERTAD POR HABEAS CORPUES. UNA DECISIÓN BUENA CON MALOS ARGUMENTOS.

Por: Valentín Medrano Peña. Saludos

Creo que lleva algo de razón todo el que estableció algún tipo de resquemor con respecto a la decisión que ordenó la liberación del conocido artista Antonio Peter de la Rosa (OMEGA EL FUERTE), tal cual mi buen amigo Ramón Peralta.

Yo me equivoqué al creer que las motivaciones de la jueza al ver el dispositivo de su decisión publicando en los medios de prensa lo era al amparo del derecho a la libertad por considerarla ilegal o arbitraria, asumiendo como remedio constitucional la tutela judicial diferenciada.

Por eso es que hay que ver las decisiones íntegras. Al ver el video íntegro que contiene sus argumentaciones, podemos concluir en que ciertamente la jueza se contradijo, por igual en que la decisión de revocación anterior no era legal, o al menos fue arbitraria, la Corte de Apelación hizo su papel tradicional, denegar el acceso a la justicia por medio de la declaratoria de inadmisibilidad. Y dejaron al Fuerte en un limbo que provocó un encierro ilegítimo.

No tenía recurso alguno abierto y por ende en caso de ser ilegal o ilegítima su prisión él único recurso abierto lo era el Habeas Corpus.

La jueza que ayer me pareció valiente y brillante, porque entendí había acudido a la tutela judicial diferenciada, hoy me parece más de lo mismo al ver y oír sus argumentaciones, cuidándose de no herir a sus colegas, de decir que todo cuanto hizo el juez de ejecución fue hermoso y legal y que las Cortes de Apelación pueden a su antojo declarar o no inadmisibilidades en transgresión al artículo más violado de la ley 76-02 y su modificación, la ley 10-15, me refiero al artículo 25, que prohíbe la interpretación de la norma de forma analógica o extensiva para desfavorecer al imputado.

Dijo digo y luego dijo Diego. Si todo está bien, si no había ilegalidad o ilegitimidad en la prisión, su decisión fue una metedura de pata, de hecho fue la asunción de potestades ajenas, como bien indica, propias del Juez de Ejecución de la Pena, a quien debió remitir al Ministerio Público y las partes para que solicitaran la revocación de la decisión atacada. Pero se salió de su condición de juez constitucional y descendió a jueza de la ejecución, ufff, algo inaudito, sobre todo que como juez constitucional tenía argumentos más que sobrados para ordenar la libertad en derecho. En ley.

La prisión era ilegítima porque si acordamos el espíritu del artículo 341 el incumplimiento de las reglas, mismas que fueron ordenadas por el tribunal colegiado, a instancia y por acuerdo con el Ministerio Público del Distrito Nacional que lo bendijo, cuyo cumplimiento sería velado en su cumplimiento por el juez de la ejecución de la pena, reglas estas que no incluían, tampoco lo norma la ley, las audiencias control antes el juez de la ejecución de la pena, es decir, que no era una regla que podría ser susceptible de violar y consecuencialmente dar al traste con la revocación de libertad ordenada no por el juez de la ejecución sino por el colegiado que acogió el acuerdo y dispuso las condiciones. ¿Entonces si puede el juez de la ejecución violentar lo decidido por el colegiado?, ¿Fue un error con consecuencia que deba pagar no el sistema sino el imputado? Y volvemos a violar el artículo 25 del CPP!

De hecho si el juez encuentra legalidad para disponer contra las ordenanzas del tribunal de condena, la adición de nuevas reglas, jamás debe desoír las prerrogativas insertas en la norma para decidir sus procesos. Por ejemplo, los artículos 11 y 12 plantean la igualdad de todos en el proceso e igualdad de armas, y siendo que el artículo 124 que radiará a todas las partes dice que en caso de incompetencia injustificada el querellante podrá mediante recurso de oposición dentro de las 48 horas establecer la justificación de su incomparecencia. Espiriitu que es acogido en todos los plenarios para declaratorias de abandono de defensas, rebeldías, desistimientos tácitos, etc.

Pero ocurre que en el caso, en el que insisto no estaba establecida como regla la audiencia control ante el juez de la ejecución, que no está por igual regulada taxativamente en la norma, el imputado fue convocado a una audiencia de revocación donde arbitrariamente le fue revocado e acuerdo interpartes. Así que su prisión no era legítima como argumentara la jueza, que tuvo la oportunidad de oro de inaugurar un oasis de justicia constitucional y de quien me sentí erróneamente orgulloso, por basarme en supuestos que no existieron.

Ahora reivindico al Ministerio Público, quien si entendió la necesidad de tutelar los derechos y hacer respetar lo
acordado. De oponerse a que un vejamen continuara siendo.

Omega El Fuerte es un mal ejemplo, no es un ciudadano modélico, lo creo enfermo de la forma más autodestructiva, pero es un ciudadano con derechos.

Que lindo hubiera sido que la decisión argumentara al respecto de la forma en que se erige el juez constitucional por encima del ordinarismo y consagra y ampara derechos.

El Poder Judicial prefiere seguir siendo comodín a control y muro de contención de los embates del poder punitivo y del poder en términos generales.

Una pena, una lastimera situación que me indujo al error, lo que me enseña una vez más a no partir de ligero.

MI CLÁUSULA DE CIERRE SOBRE EL FUERTE. EL JUEZ DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y EL JUEZ DE HABEAS CORPUS.

Por: Valentín Medrano Peña.

Los enemigos de la libertad, los de la justiica de tranquenlos, los de no hay procesos sin presos, los que se mueven a favor del viento para parecer graciosos o hacerse los graciosos, desdiciendo hasta sus más sostenidas tesis con el fin de sonar acompasados con el sonido de momento, han elevado una serie de tesis para desmeritar la sentencia de Habeas Corpus que favoreció la libertad del cantante conocido como Omega.

Algunos han tomado como égida una publicación hecha en su cuenta de twitter por el afamado juez y catedrático Rafael A. Báez García, quizá el mayor conocedor de la figura del juez de la ejecución de la pena y un verdadero referente cuando del juez de la ejecución de la pena se trata, para cuyos conocimientos ha dedicado mucho tiempo y estudios, haciendo de lo mismo todo un sacerdocio.

El profesor Baez García publicó el siguiente texto: “La misión de todo juez de ejecución es la tutela efectiva de los derechos de los condenados y es el garante de la dignidad del sentenciado … después de la sentencia firme sólo puede intervenir él como juez natural del proceso en esa etapa o la SCJ en el recurso de revisión”.

Lo dicho por el otrora juez de la ejecución de la pena d Distrito Nacional y de la Provincia Santo Domingo en nada apunta y no puede apuntar a descalificar la actuación de un juez de los procedimientos constitucionales durante la etapa de ejecución de la pena. La expresión de que es el juez natural que puede intervenir durante esta etapa es correcta, pero quién les dijo a los enemigos de las libertades que el juez de Habeas Corpus es un juez natural u ordinario?

Los jueces naturales del proceso penal son los jueces supremos, los de corte de apelación, los de juicio o primera instancia, los de la instrucción, los de la ejecución de la pena y los jueces de paz. Los jueces de Habeas Corpus, de Amparo o de Habeas Datas son jueces supranaturales, operan de acuerdo no al proceso penal sino al procedimiento constitucional, pueden siendo jueces de primera instancia amparar contra arbitrariedades de de las autoridades de la administración pública, del Ministerio Público, de los cuerpos castrenses y hasta de los demás jueces sin importar sus categorías.

El Habeas Corpus el juez de Habeas Corpus puede tutelar el Derecho de la libertad aun cuando la arbitrariedad que impida el goce de la libertad mane del juez natural de la etapa de la ejecución de la pena.

Tomar como bandera la incorrecta interpretación de lo dicho por el iconico profesor de derecho y juez es querer equiparar a las leyes a la Constitución reduciendo a esta última, y entender como iguales los jueces constitucionales y los jueces ordinarios, los procesos constitucionales y los procedimientos ordinarios.

El juez de Habeas Corpus interviene de forma legal en todas las etapas del proceso penal. Decide de conculcaciones, ilegalidades y arbitrariedades con base a la Constitución, la que está por encima de toda ley. No tiene límites legales, y cuando ampara concediendo la libertad no resiste recurso alguno.

Dicho lo cual, cierro por mi parte la discusión hasta ver la sentencia íntegra del caso Omega.

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