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Cinco fiscales declaran como testigos en Caso Dican

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Actualizado el: 2 marzo, 2021 - 12:04 PM (-04:00)

Por Julio Benzant
Santo Domingo Este. Al menos cinco procuradores fiscales declararon este viernes como testigos en el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, donde es conocido el juicio de fondo del denominado “Caso Dican”, donde un grupo de oficiales superiores, subalternos, alistados y un civil son imputados de cargos criminales, vinculados con el narcotráfico.

Los que dieron sus testimonios fueron los magistrados Domingo Cabrera Fortuna, Iván Lorenzo Suero, Feliz María Contreras Sánchez, José Alberto Jiménez y Eduard Rodríguez Mendoza.

Cabrera Fortuna, fiscal adscripto a la Inspectoría General del Ministerio Publico, relató al tribunal sobre el allanamiento realizado por el imputado fiscal Ramón Augusto Veras Castro, en San Isidro, en compañía del entonces teniente coronel Féliz Humberto Paulino López, entonces jefe de operaciones de Dirección Central Anti Narcóticos de la Policía Nacional (DICAN).

El magistrado indicó que en ese allanamiento alegadamente se incautaron de 44 pepas de cocaína, y que a finalizar el mismo fueron informados que se realizaría otra incursión, esta vez en compañía del fiscal adjunto, Máximo Díaz Ogando.

Explicó que este se realizó en el ensanche Isabelita, donde fueron detenidas dos personas.

“Van a salir unas cositas; no comprar carros ni otras cosas, hay que mantenerse en bajo perfil”, habría comunicado el ex fiscal Díaz Ogando, de acuerdo a la declaración del testigo.

Explicó que a la raso Raydiris García Miranda, el sargento Antolín de los Santos Zabala le fueron entregado m ás de tres millones de pesos a cada uno.

Mientras al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, le habrían pagado son “sustancias”, pero que el mismo fue objeto de “un tumbe”.

Según el testigo, el coronel Carlos Fernández Valerio, entonces el director de la Dican, presuntamente había ordenado que se le entregará 500 mil pesos a Torres Beltrán para “que se callará”.

El fiscal dijo que todas estas informaciones fueron obtenidas en entrevistas realizadas a cuatro de los imputados en el cuarto piso de la Procuraduría General de la República (PGR), específicamente en el despacho del procurador, Bolívar Sánchez.

En tanto, Iván Lorenzo Suero, fiscal adjunto de la PGR, dijo que fue el teniente coronel Paulino López quien tuvo a su cargo la entrega de dineros a los que participaron en el allanamiento del ensanche Isabelita.

“El dinero que entregó Paulino, era para que “se ayudaran”, dijo el Lorenzo Suero.

Agregó que luego de estallar en escándalo, el cabo Agapito Muñoz Evangelista entregó un millón 447 mil pesos, la raso Raydiris (que alegadamente recibió tres millones) entregó un carro blanco y el título de propiedad de una casa comprada recientemente.

Parte del expediente
Parte del expediente

En tanto, el sargento Antolín, puso en manos de las autoridades una jeepeta Ford Runner, color blanco y el teniente Beltrán, los 500 mil pesos recibido.

Dijo que al momento de estas entregas, todos estaban acompañados de sus respectivos abogados.

En su relató, indicó que el primer teniente Beltrán estaba descontento con “el tumbe” y que solo le entregaran 500 mil pesos.

En tanto, el procurador adjunto José Alberto Jimenez, explicó que fue llamado por sus superiores para participar en las investigaciones sobre un alegado robo de más de mil kilos de cocaína, que habían sido incautados en un allanamiento ocurrido el 27 de septiembre del 2014, en el ensanche isabelita.

Dijo que todas las indagaciones llevaron a que el teniente coronel Paulino López, tuvo a su cargo la distribución del dinero a los demás participantes en los allanamientos.

Mientras, el procurador fiscal adjunto, Feliz María Contreras Sánchez, explicó que él fue la persona que tuvo la responsabilidad de solicitar las órdenes de arrestos de todos los investigados.

El coronel Fernández Valerio, ex director del Dican
El coronel Fernández Valerio, ex director del Dican

Agregó que en medio de las indagaciones, la ex raso Raydiris, entregó un recibo por dos millones de pesos, de la compra de un apartamento.

“Ella dijo que el dinero lo había recibido del teniente coronel Paulino”, señaló.

Eduard Rodríguez Mendoza, procurador titular de la Corte de Apelación de Santo Domingo, al ser cuestionado dijo que en los allanamientos se incautaron de una caja de seguridad, propiedad de Miguel Ogando Ogando, donde habían certificados financieros y 15 mil dólares en efectivo.

Dijo que las indagaciones fueron en compañía del procurador Bolívar Sánchez, del cual el Ministerio Público desistió de su testimonio.

Pasada las dos de la tarde, el tribunal decidió aplazar la escucha de testigos para el próximo jueves ocho de septiembre a la dos de la tarde.

Los imputados en el denominado “Caso Dican” son el ex director de esa institución, ex coronel Carlos Fernández Valerio, su jefe de operaciones, ex teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el ex mayor Luciano Gómez Cabrera y los ex fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro.

También del ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el ex cabo Agapito Muñoz Evangelista, el ex sargento Pedro Almánzar González; el ex sargento Antolín de los Santos Zabala; ex raso Raydiris García Miranda y Miguel Ogando Ogando, primo hermano del fiscal Díaz Ogando.

En principio todos estaban acusados de incurrir en los tipos penales de patrocinador de drogas, tráfico ilícito y posesión de drogas, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y asociación de malhechores, al sustraer más de 900 kilos de cocaína, incautados por la Dican, en un allanamiento de una residencia del ensanche Isabelita, el 27 de septiembre del 2014.

La mayoría de esas las acusaciones fueron sacadas del expediente por la magistrada Wendy Martínez, la jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.

La magistrada Martínez envió a los nueves imputados a juicio de fondo con los cargos de complicidad, asociación de malhechores y falsedad en escritura pública, penalizado por los artículos 59, 60, 265, 266, 145 y 146 del Código Penal Dominicano así como de violar la Ley 72-02, sobre lavado de activos.

El grupo de acusados guarda prisión desde el mes de enero del 2015, cuando estalló el escándalo.

Los jueces en el juicio de fondo son Eduardo de los Santos (presidente), Elizabeth Rodríguez y Yovanka Estefany Brito (miembros).

El magistrado Jeremía Nova Fabián, el procurador general de la Corte de Apelación adscripto a la Inspectoría General del Ministerio Público, tiene a su cargo el papel acusador en el juicio.

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