
Iniciado escucha de testigos en juicio de fondo Caso Dican
Por Julio Benzant
Santo Domingo Este. El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, inició este viernes la escucha de testigos en el denominado Caso Dican, donde dos fiscales y un grupo de oficiales superiores, subalternos y un civil, son imputados de cargos criminales.
Este día viernes, fue escuchado el relato de un general en retiro de la Policía Nacional, tres coroneles y dos fiscales adjuntos, los cuales fueron acreditados por el Ministerio Público en el juicio preliminar.
El primero en ser escuchado fue el general (R) Osvaldo Pichardo Reynoso, ex director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, quien reveló que inició una investigación luego de recibir denuncias del coronel Carlos Fernández Valerio, ex director de Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican).
La supuesta denuncia daba razón a dos allanamientos realizados por dos fiscales en Santo Domingo Este, donde presuntamente se habrían ocupados de drogas.
“No desligamos de la investigación, por no ser un asunto disciplinario, sino de presuntos ilícitos penales”, dijo Pichardo Reynoso.
Explico que se enteraron de la ocupación de una determinada cantidad de dólares en una caja de valores, alegadamente propiedad del entonces fiscal Máximo Díaz Ogando.
Agregó que conoció de los allanamientos, donde supuestamente fue ocupado un alijo de cocaína.
En tanto, el coronel José Antonio Ceballo, Subdirector de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), señaló que estuvieron informaciones de que varios miembros del Dican habrían ocupado varios kilos de drogas y que la misma, supuestamente, la estaban comercializando.
“Inmediatamente nosotros, dimos la información al coronel Valerio”, dijo el testigo.
El teniente coronel Marrero Castellano, señaló que en la investigaciones determinaron que el 27 de noviembre del 2014, el teniente Bárbaro Beltrán recibió 500 mil pesos como parte de su pago de la alegada drogas ocupadas.
Agregó que la raso Raydiris García Miranda, después de los allanamientos confesó que recibió tres millones de pesos, con los cuales compró un carro y una casa.
La misma cantidad habría recibido el ex cabo Agapito Muñoz Evangelista, los cuales presuntamente entrego voluntariamente a las autoridades.
Indicó que actuaron, luego de recibir la solicitud de investigación del coronel Fernández Valerio, director del Dican.
La escuchas de testigos continuo hasta pasada la cuatro de lo tarde.
Todos fueron testigos referenciales y ninguno dijo haber visto un solo gramo de narcótico durante las investigaciones.
En el caso de los fiscales, estos descartaron que su hubiera producido una falsificación de documentos en los supuestos allanamientos, ya que todos los fiscales estan autorizados a dar sus firmas para los mismo.

Los imputados en el juicio de fondo son el ex director de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), ex coronel Carlos Fernández Valerio, su jefe de operaciones, ex teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el ex mayor Luciano Gómez Cabrera y los ex fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro.
También del ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el ex cabo Agapito Muñoz Evangelista, el ex sargento Pedro Almánzar González; el ex sargento Antolín de los Santos Zabala; ex raso Raydiris García Miranda y Miguel Ogando Ogando, primo hermano del fiscal Díaz Ogando.
El juez Eduardo de los Santos, quien preside el Primer Tribunal Colegiado, decidió aplazar para el viernes dos de septiembre a la nueve de la mañana la continuación del juicio de fondo.
Jeremía Nova Fabián, el procurador general de la Corte de Apelación adscripto a la Inspectoría General del Ministerio Público, tiene a su cargo el papel acusador en la audiencia.
Nova Fabián asegura que el grupo presuntamente realizó varias operaciones antinarcóticos, que alegadamente concluyeron con el supuesto robo de más de 900 kilogramos de cocaína en un allanamiento de una residencia en el Ensanche Isabelita.
Lo cierto que esas acusaciones criminales, aunque fueron formuladas por el Ministerio Público y fueron sacadas del expediente por la magistrada Wendy Martínez, la jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, quien envió a los nueve a juicio de fondo.
El grupo de acusados guarda prisión desde el mes de enero del 2015, cuando estalló el escándalo.
En el expediente marcado con el número 223-020-01-2014-07583, los imputados son acusados de violar los artículos 59, 60, 265, 266. 145 y 146 del Código Penal Dominicano, los cuales penalizan la complicidad, la asociación de malhechores y la falsedad en escritura pública, así como de violar la Ley 72-02, sobre lavado de activos.