
[author title=»Por Julio Benzant» image=»https://ciudadoriental.com/wp-content/uploads/2021/07/juliobenzant.jpg»]Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected][/author]
l quedar demostrada la responsabilidad penal de manos del fiscal Ignacio Rojas, coordinador de Litigación Definitiva de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que mató a otro, en medio del reclamo de un terreno, que había sido invadido en el sector de Mendoza, en Santo Domingo Este.
La condena le fue impuesta a Felipe Decena Araujo, de 65 años de edad, domiciliado en la calle Antolín Decena número 14, en el referido sector y municipio.
Fue encontrado culpable en el homicidio de Eustaquio Ogando, de 54 años de edad, quien residía en la calle A número 38, del sector Tropical Del Este, en el municipio Santo Domingo Este.
La condena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
El suceso ocurrió aproximadamente a las 03:45 p.m. del 12 de febrero del 2020, cuando el ahora occiso se encontraba con otras personas en unos terrenos, ubicados en la calle Principal del sector de Mendoza, donde llegó el ahora condenado, reclamando los mismo y se originó una discusión.
De acuerdo al expediente, el justiciable Decena Araujo le manifestó que ninguno se iría del lugar, realizando varias llamadas y llegaron varias personas, entre esta una no identificada, portando una pistola marca Hi-Power, calibre 9 mm, con la cual realizó varios disparos.
Indican que el imputado Decena Araujo quitó el arma de fuego a la persona desconocida y agredió a José David Madera Ogando, de 61 años de edad y hermano de la víctima, y al ahora occiso, reaccionó en defensa de su pariente, y el ahora condenado le realizó un disparo.
Ogando falleció a causa de herida de arma de fuego con entrada infra clavicular sin salida, de acuerdo al Informe de Autopsia número SDO-A-0924-2020, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El justiciable fue arrestado en el lugar de escena del crimen, donde se presentaron oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y de la Policía Científica quienes ocuparon el arma utiliza.
Posteriormente, un juez de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente, le impuso al encardo, medida de coerción de prisión preventiva, mediante al Resolución Penal número 530-2020-SMEC-02480.
En el juicio de fondo, el tribunal compuesto por las juezas Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Ariella Cedano Núñez y Yury Cuevas de la Cruz (miembros), encontró al justiciable culpable en la violación de los Artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el Homicidio Voluntario.
También la violación de los Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, Sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal impuso al condenado el pago de dos millones de pesos de indemnización a favor de los familiares del occiso, constituidos en querellantes-actores civiles.
El fallo del tribunal dispones que las penas impuestas sea cumplida en la penitenciaría nacional de La Victoria, y el fallo comunicado al juez de Ejecución de la Pena, para su fiel cumplimiento.
El fiscal Geivis Tapia, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra Las Personas de la Procuraduría Fiscal en Santo Domingo Este, estuvo a su cargo la investigación y formulación de acusación.
