Por Isaura Estévez
Visiblemente molesto, un empleado del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), vestido con el uniforme de la Policía Municipal, se refirió al alcalde con palabras que no son aptas para la publicación. En ese momento, un ciudadano que escuchaba la conversación le preguntó qué ocurría. La respuesta del uniformado reveló una situación que mantiene indignados a numerosos servidores municipales.
Según explicó, desde que fue instalada una empresa privada para suplir alimentos a los empleados del cabildo, estos enfrentan múltiples dificultades para llevar comida preparada desde sus hogares. El almuerzo que ofrece la compañía cuesta 250 pesos y su valor es descontado directamente por nómina.
El problema, según denuncian los trabajadores, es que de los siete u ocho hornos microondas que anteriormente estaban disponibles para calentar los alimentos, apenas quedan dos. Los demás desaparecieron sin que nadie ofreciera una explicación. Como consecuencia, los empleados que llevan comida desde sus casas deben pasar gran parte de su hora de receso haciendo largas filas para poder calentarla.
Muchos prefieren comprar alimentos en comedores de los alrededores, donde aseguran que el almuerzo cuesta alrededor de 200 pesos, ofrece mayor cantidad y mejor calidad. Sin embargo, quienes no disponen de efectivo terminan obligados a consumir la comida de la empresa autorizada por la administración municipal, cuyo costo es descontado automáticamente de sus salarios.
Los más perjudicados por este misterioso negocio son precisamente los empleados de menores ingresos. Son ellos quienes ya no pueden llevar comida desde sus hogares por la escasez de equipos para calentarla y quienes, además, pasan gran parte del mes sin dinero disponible para comprar almuerzo fuera de la institución.
Pero las quejas no terminan ahí.
Trabajadores del ASDE denuncian un desabastecimiento constante de materiales de oficina, frecuentes interrupciones en el servicio de aire acondicionado y continuas caídas del sistema informático municipal, situaciones que dificultan el desempeño normal de las labores administrativas.
A estas deficiencias se suman errores gerenciales que reflejan un preocupante nivel de improvisación. Entre ellos, el envío al Concejo de Regidores, en junio de 2026, de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025. Es decir, seis meses después de concluido el período fiscal, cuando dicho informe ya carece de utilidad para fines de fiscalización efectiva y pone en evidencia las debilidades técnicas con las que fue manejado el presupuesto municipal.
Más grave aún es la denuncia realizada por un empleado administrativo. Según relató, al cierre del ejercicio fiscal de 2025 quedaron millones de pesos sin ejecutar que debieron ser incorporados al presupuesto de 2026 desde el mes de enero. Sin embargo, la administración municipal no realizó esa incorporación dentro del plazo correspondiente.
La irregularidad fue advertida por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), que mediante una comunicación llamó la atención al alcalde por el incumplimiento. Fue entonces cuando el ejecutivo municipal convocó de urgencia al Concejo de Regidores a una sesión extraordinaria para aprobar, seis meses después, la incorporación de esos recursos al presupuesto vigente.
Lo insólito del caso es que la administración municipal no envió a ningún funcionario a la sesión para explicar las razones de la omisión ni responder las preguntas que cualquier órgano fiscalizador responsable estaba obligado a formular.
¿Por qué no se incorporaron esos fondos en enero, como establece la normativa presupuestaria? ¿Qué ocurrió con esos recursos durante seis meses? ¿Se trató de una simple negligencia administrativa o de una falta más grave? Nadie ofreció una explicación.
Aun así, y pese a la ausencia total de justificaciones, la mayoría de los regidores decidió aprobar la incorporación tardía de los recursos, limpiándole el desastre administrativo al alcalde. En lugar de ejercer su función de fiscalización y control, el Concejo terminó actuando como una instancia de convalidación de errores que comprometen la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos.
Con esa votación, quienes levantaron la mano para aprobar la incorporación tardía de esos recursos renunciaron a su papel de fiscalizadores y terminaron actuando como el papel de baño encargado de limpiar los desastres administrativos del único alcalde en la historia de Santo Domingo Este que ha sido sometido ante el PEPCA por la Dirección General de Contrataciones Públicas debido a supuesta irregularidades en los procesos de compras y contrataciones
