Justicia

Juicio de fondo “Caso Dican” genera primer aplazamiento

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Actualizado el: 2 marzo, 2021 - 12:04 PM (-04:00)

Por Julio Benzant
Santo Domingo Este. El juicio de fondo de los implicando en el Caso Dican, generó este lunes su primer aplazamiento en el tribunal que tiene a su cargo conocer el proceso.

El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo decidió aplazar el proceso ante el  no traslado de los imputados hasta sala de audiencia.

También para que sean debidamente citados 66 testigos en el proceso, entre estos fiscales y policías.

El tribunal presidido por la jueza Elizabeth Rodríguez, dispuso que el juico sea reanudado el próximo 22 de agosto a la nueve de la mañana.

Los imputados son el ex director de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), ex coronel Carlos Fernández Valerio, su jefe de operaciones, ex teniente coronel Félix Humberto Paulino López,  el ex mayor Luciano Gómez Cabrera y los ex fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro.

También del ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el ex cabo Agapito Muñoz Evangelista, el ex sargento Pedro Almánzar González; el ex sargento Antolín de los Santos Zabala; ex raso Raydiris García Miranda y Miguel Ogando Ogando.

El denominado Caso Dican constituye uno de los mayores escándalos de corrupción policiaco-judicial donde un grupo de oficiales (superiores y subalternos) y dos fiscales son imputados de cargos criminales, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico.

El grupo en principio estaba imputado en la sustracción de más de 900 kilos de cocaína, robado en un allanamiento en el Ensanche Isabelita, en este municipio, cargamento que presuntamente fue vendido en el mercado local.

Esta  tipificación criminal fue sacada del expediente, por la magistrada Wendy Martínez,  jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.

Fueron enviando a juicio de fondo bajo la acusación de lavado de activos, asociación de malhechores y falsificación.

El grupo guarda prisión desde el 17 de enero del 2015, a excepción de la raso Raydiris García Miranda, que fue favorecida con una garantía económica, por estar embarazada cuando fue conocido el rol de medidas de coerción.

La mayoría están recluidos en la cárcel de Najayo-hombres en San Cristóbal, a excepción del ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, que está recluido en la cárcel de La Victoria.
OTROS INFORMES
En principio la comisión ampliada de la Procuraduría General de la República en la investigación robo de drogas incautadas por la DICAN estableció que el cargamento presuntamente que quedó en manos del jefe de Operaciones de la DICAN fue comercializado en la calle, y alegadamente se logró vender en unos US$10 millones.

Según los informes, los 250 kilogramos que se llevaron los fiscales, fueron gestionados para supuestamente ser vendidos por el primer teniente de la policía William Ruddy Rosario Guerrero, el cual alegadamente llevó la droga a Guerra a donde fue vendida a US$10,000 el kilo al capitán de la Policía Santo Medina Familia, alias Nachy.

La comisión detalló que en la investigación identificó que el oficial presuntamente se habría dedicado por muchos años a la práctica del narcotráfico, transportando y distribuyendo drogas en varios países de Europa, como Bélgica, Holanda, Francia, España e Italia.

El capitán Santo Medina Familia fue declarado desertor, tras no responder los múltiples llamadas de la comisión, ni del Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional.

Consigna que supuestamente también se le entregó la cantidad de 70 kilos al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, por su supuesta participación en el operativo y como pago por su silencio.

“Pero cuando éste se desplazaba con la droga por el puente de la 17, fue interceptado por una patrulla de la DICRIM, comandada por el teniente coronel Báez Ubiera, y procedieron a robarle dichos kilos de cocaína”. Plantea que Beltrán supuestamente comenzó a quejarse de que a él le robaron la droga, y que se había quedado sin nada.

Narra que el teniente coronel alegadamente se le acercó al coronel Carlos Valerio Fernández, director de la DICAN, y éste presuntamente ordenó al teniente coronel Paulino que le resolviera a Beltrán, “pues era un peligro, pues estaba hablando mucho, el teniente Coronel Paulino, le entregó RD$500,000 para comprar su silencio”

Indica que el fiscal Máximo Díaz Ogando, recibió el 27 de septiembre 2014 una información, la cual alegadamente estaba esperando desde hacía varias semanas, donde se le informaba de la ubicación de unos 950 kilos de cocaína, en una residencia del ensanche Isabelita.

Agrega que la información alegadamente le fue suministrada por el mayor Ruddy José Japa Álvarez, el compromiso de entregarle su parte al oficial.

Los dueños
El informe de la comisión ampliada de la PGR consigna que existían informaciones que daban cuentas de que los supuestos dueños de la droga, contactaron a los policías que participaron en el operativo de incautación del alijo, y que presuntamente éstos le devolvieron 150 kilos. “Para que éstos se pudieran defender”.

A pesar de este informe, el grupo de imputado fue reducido a 11 y sacada de la acusación el tráfico ilícito de drogas.

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