a República Dominicana atraviesa nuevamente uno de esos momentos en que la inseguridad ciudadana ocupa el centro de las preocupaciones nacionales.
Atracos.
Robos.
Asaltos.
Homicidios.
Violencia en los barrios.
Drogas.
Motocicletas utilizadas para delinquir.
Accidentes de tránsito.
Carreras clandestinas.
Y una respuesta policial cada vez más enérgica.
Todo eso forma parte de una misma realidad, aunque muchas veces lo analicemos por separado.
La población reclama seguridad.
Y tiene derecho a reclamarla.
Ningún ciudadano debería sentir miedo de sacar un teléfono celular en una esquina.
Ninguna familia debería acostarse pensando que alguien puede penetrar a su vivienda durante la noche.
Ningún comerciante debería abrir o cerrar su negocio bajo la amenaza permanente de un atraco.
Y ningún trabajador debería regresar a su casa mirando constantemente hacia atrás por temor a ser asaltado.
Una sociedad donde el ciudadano no puede transitar tranquilamente por las calles, permanecer seguro en su vivienda o trabajar sin miedo tiene seriamente limitada una parte fundamental de su libertad.
Pero frente a esta legítima demanda aparece una segunda cuestión:
¿cómo combatir eficazmente la delincuencia sin convertir la seguridad ciudadana en una política de violencia permanente?
El regreso de la “mano dura”
Durante septiembre de 2026 se produjo un notable incremento de personas muertas durante intervenciones policiales.
Al 28 de septiembre, Diario Libre había contabilizado 37 fallecidos en hechos que la Policía Nacional reportó como “intercambios de disparos”; un recuento publicado al día siguiente situaba el número en 39. Veintitrés de las primeras 37 muertes ocurrieron entre el 18 y el 25 de septiembre. (diariolibre.com)
En el lenguaje popular dominicano ha reaparecido entonces una vieja expresión:
“poner en 29”.
Con ella se identifica popularmente una política de extrema dureza frente a presuntos delincuentes.
Pero ninguna expresión popular puede sustituir las garantías de un Estado de derecho.
Una persona puede ser peligrosa.
Puede tener antecedentes.
Puede estar siendo buscada mediante órdenes judiciales.
Puede incluso encontrarse armada.
Pero corresponde establecer qué ocurrió en cada intervención.
Si atacó a los agentes y estos actuaron en legítima defensa, existen procedimientos para demostrarlo.
Si fue capturada sin resistencia y posteriormente ejecutada, estaríamos frente a una situación completamente diferente que requeriría investigación y consecuencias legales.
Por eso cada muerte necesita ser esclarecida de manera individual.
La Policía necesita autoridad, pero también legitimidad
Una sociedad no puede funcionar sin autoridad.
La Policía tiene que perseguir al delincuente.
Tiene que detener a quien atraca.
Tiene que intervenir contra bandas armadas.
Tiene que proteger a las víctimas.
Y tiene derecho a defender la vida de sus agentes y de terceros cuando existe una agresión armada real.
Pero la autoridad no puede confundirse con arbitrariedad.
Porque cuando una institución comienza a ser temida más que respetada, surge un problema adicional.
La Policía dominicana se encuentra precisamente en medio de un proceso oficial de reforma, modernización y transformación. El Decreto 371-24 establece como propósito alcanzar un servicio policial reconocido por su calidad y por la confianza pública. (presidencia.gob.do)
La confianza, sin embargo, no se construye solamente mediante decretos.
Se construye en la calle.
En el destacamento.
En el contacto entre el agente y el ciudadano.
Y especialmente en los barrios.
Cuando el barrio pierde confianza en la Policía
Hay comunidades donde la llegada de una patrulla no produce necesariamente tranquilidad.
Produce tensión.
A veces los agentes encuentran resistencia.
Los moradores rodean a los policías.
Los increpan.
Graban las actuaciones.
Y en determinados casos intentan impedir arrestos.
Ese comportamiento no debería justificarse cuando la Policía actúa legítimamente.
Pero tampoco puede analizarse sin preguntarnos cómo se llegó hasta ahí.
En los barrios es donde mejor se conoce a los policías.
Al agente responsable.
Al que trata correctamente al ciudadano.
Y también al que es señalado por prácticas corruptas.
Desde hace años circulan denuncias ciudadanas de agentes que presuntamente colocan pequeñas cantidades de drogas a detenidos para chantajearlos, negocian liberaciones informales o mantienen relaciones impropias con vendedores y traficantes de drogas.
Cada denuncia concreta debe probarse.
No puede afirmarse que todas sean verdaderas.
Pero cuando una comunidad acumula durante años ese tipo de relatos, se produce un deterioro de confianza que termina afectando incluso al policía honesto.
Cuando ese agente llega después a realizar una intervención legítima, carga también con el descrédito provocado por otros.
Autoridad no es miedo
Una Policía verdaderamente fuerte no es aquella a la que todos temen.
Es aquella que todos saben que actuará conforme a la ley.
Que detendrá al delincuente.
Pero no lo ejecutará después de rendirse.
Que no aceptará dinero.
Que no venderá protección.
Que no fabricará pruebas.
Y que aplicará la ley de la misma manera al pobre que al poderoso.
La autoridad basada exclusivamente en el miedo puede imponer obediencia momentánea.
La autoridad respaldada por legitimidad genera cooperación.
Y esa cooperación es indispensable para combatir el crimen.
La Policía necesita información de los vecinos.
Necesita comerciantes dispuestos a denunciar.
Necesita testigos.
Necesita organizaciones comunitarias.
Necesita jóvenes que confíen en ella.
Una Policía enfrentada permanentemente con las comunidades pierde una de sus mayores fuentes de inteligencia.
Las estadísticas y la percepción de inseguridad
Existe también un debate importante sobre las estadísticas oficiales.
La Policía Nacional informó que al 25 de septiembre de 2026 la tasa acumulada de homicidios era de 7.36 por cada 100 mil habitantes, frente a 8.74 en 2025 y 13.20 en 2022. También informó 3,504 robos registrados, frente a 5,891 durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción oficial de 40.5 %. (policianacional.gob.do)
Esos datos deben ser tomados en cuenta.
Pero tampoco resuelven completamente el debate.
Porque una cosa es el delito registrado.
Y otra es el delito ocurrido.
Hay personas que sufren un robo y no denuncian.
Otras consideran inútil perder varias horas en un destacamento porque piensan que nunca recuperarán lo sustraído.
Algunos pequeños comerciantes prefieren guardar silencio.
Una persona a quien arrebatan un celular quizás simplemente compra otro.
Por eso las estadísticas policiales deberían complementarse con encuestas periódicas de victimización.
Preguntar directamente:
¿Fue víctima de un delito?
¿Lo denunció?
Si no lo hizo, ¿por qué?
¿Se siente seguro caminando por su comunidad?
¿Confía en la Policía?
Esas encuestas ayudarían a medir la llamada cifra oculta de la delincuencia.
La tasa de homicidios es un indicador importante.
Pero no puede medir por sí sola toda la inseguridad que vive una sociedad.
El nuevo Código Penal y las penas más severas
Existe también la esperanza de que el endurecimiento de las penas reduzca la criminalidad.
El nuevo Código Penal, establecido por la Ley 74-25 y posteriormente modificado por la Ley 44-26, contempla penas de hasta 40 años y hasta 60 años en determinados concursos de infracciones graves. (consultoria.gov.do)
Pero todavía es demasiado pronto para evaluar seriamente su impacto sobre la delincuencia.
El nuevo régimen penal apenas comenzó a aplicarse plenamente en 2026.
Además, una pena muy elevada no necesariamente disuade por sí sola a quien cree que jamás será atrapado.
Por eso una política de seguridad necesita algo más importante que aumentar años de prisión:
aumentar la probabilidad de que el delincuente sea identificado;
investigado;
capturado;
procesado;
y, cuando las pruebas lo demuestren, condenado.
La eficacia de la justicia depende tanto de la certeza del castigo como de su severidad.
La justicia también tiene que rendir cuentas
Hasta ahora hemos hablado de la Policía, de la prevención, de los barrios, de las drogas, de las motocicletas y de la necesidad de recuperar la autoridad.
Pero falta otra pieza fundamental.
La justicia.
De poco sirve que la Policía investigue, persiga y arreste a una persona si posteriormente el sistema judicial funciona de manera que el ciudadano no comprende.
Y esa incomprensión se convierte rápidamente en desconfianza cuando la población observa a personas con reiteradas entradas al sistema penal nuevamente en las calles y, poco tiempo después, vinculadas a nuevos hechos delictivos.
La pregunta aparece entonces inevitablemente:
¿qué está pasando con la administración de justicia?
El delincuente que entra y sale
Existe una expresión popular muy utilizada cuando se habla de determinados delincuentes:
“tiene más fichas que letras tiene el abecedario”.
La frase puede ser exagerada, pero expresa una preocupación real.
Hay personas que han sido detenidas en diferentes ocasiones.
Otras acumulan órdenes de arresto.
Algunas han sido procesadas anteriormente.
Y existen también condenados que, después de cumplir parte de una pena o beneficiarse de mecanismos establecidos por la legislación, regresan a la sociedad.
El problema surge cuando algunos reinciden.
Y el ciudadano se pregunta:
¿cómo llegó nuevamente a la calle?
¿Quién autorizó su libertad?
¿Había sido condenado?
¿Cumplió la pena?
¿Fue absuelto?
¿Se le varió una medida de coerción?
¿Venció algún plazo?
¿Falló el Ministerio Público en presentar las pruebas?
Cada situación puede tener una explicación jurídica diferente.
Pero para la población solamente existe una imagen:
“lo agarraron, lo soltaron y volvió a delinquir”.
No toda libertad significa una absolución
Cuando una persona detenida recupera su libertad no significa necesariamente que un juez haya decidido que es inocente.
Las medidas de coerción son provisionales.
La prisión preventiva no constituye una condena anticipada.
El Código Procesal Penal establece condiciones específicas para imponer y revisar esas medidas.
Por tanto, sería incorrecto concluir automáticamente que existe corrupción cada vez que una persona procesada sale en libertad.
Pero reconocer esos principios tampoco significa cerrar los ojos frente a posibles fallas del sistema.
La sociedad tiene derecho a preguntar
¿Se están valorando adecuadamente los antecedentes?
¿Se está evaluando correctamente el riesgo de reincidencia?
¿El Ministerio Público presenta expedientes suficientemente sólidos?
¿Las investigaciones reúnen las pruebas necesarias?
¿Se cumplen los plazos procesales?
¿Existen personas con varias órdenes pendientes que continúan circulando libremente?
El propio presidente Luis Abinader afirmó en septiembre de 2026 que algunas de las personas buscadas por la Policía acumulaban tres y cuatro órdenes de arresto.
Eso demuestra que el problema no pertenece solamente a la percepción ciudadana.
El caso de Zeneida Socorro Castillo
El asesinato de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, estremeció al país.
Según el Ministerio Público, varias personas habrían participado en la planificación o ejecución del asalto ocurrido en septiembre de 2026.
La Policía señaló que por lo menos uno de los imputados tenía registros delictivos anteriores.
Sin embargo, no resulta correcto afirmar sin documentación que todos poseían amplios prontuarios.
Precisamente por eso los antecedentes de cada imputado deben establecerse individualmente mediante registros oficiales.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una interrogante nacional:
¿Cuántas personas que participan en nuevos hechos graves ya habían pasado anteriormente por el sistema penal?
La reincidencia debe medirse
El país necesita estadísticas públicas sobre reincidencia.
¿Cuántos condenados vuelven a cometer delitos?
¿Qué tipo de delitos?
¿Cuánto tiempo después de recuperar la libertad?
¿Qué programas de rehabilitación recibieron?
¿Cumplieron totalmente sus condenas?
¿Obtuvieron libertad condicional?
¿Habían sido procesados varias veces sin condena?
Sin esa información el debate seguirá dependiendo de percepciones y casos particulares.
No convertir al juez en policía
También debemos evitar otro extremo.
Un juez no puede condenar a una persona simplemente porque la Policía diga que es peligrosa.
No puede mantenerla presa porque la opinión pública reclame castigo.
Tiene que examinar pruebas.
Garantizar derechos.
Aplicar la ley.
Y motivar sus decisiones.
La independencia judicial protege incluso al ciudadano inocente que algún día puede ser acusado injustamente.
Por eso fortalecer la justicia no significa ordenar a los jueces que encarcelen automáticamente.
Significa exigir decisiones mejor fundamentadas, transparentes y revisables.
¿Y la corrupción judicial?
El ciudadano tiene derecho a preguntarse si existe corrupción en el sistema.
Pero una cosa es preguntar.
Otra muy distinta es acusar sin pruebas.
No puede afirmarse que un magistrado recibió dinero simplemente porque una decisión resulte impopular o porque posteriormente la persona beneficiada reincida.
Las decisiones pueden ser equivocadas.
Pueden ser revocadas.
Pueden existir deficiencias procesales.
Puede haber investigaciones mal preparadas.
Y también puede existir corrupción.
Pero cada situación necesita evidencia.
Precisamente por eso la transparencia resulta indispensable.
Las decisiones deberían explicar claramente:
por qué se otorgó libertad;
por qué se varió una medida;
qué pruebas fueron insuficientes;
qué condiciones se impusieron;
qué elementos fueron valorados;
y cuáles normas sustentaron la decisión.
La opacidad alimenta sospechas.
La responsabilidad tampoco es solamente del juez
El sistema penal es una cadena.
La Policía investiga.
El Ministerio Público acusa.
Los fiscales presentan las pruebas.
Los peritos sustentan evidencias.
Los jueces deciden.
Las cárceles ejecutan las penas.
Y los programas de rehabilitación deberían preparar al condenado para regresar a la sociedad.
Cuando una de esas partes falla, puede fracasar todo el sistema.
Un juez no puede condenar correctamente con un expediente mal preparado.
Un fiscal no puede presentar pruebas que nunca fueron recogidas.
Una investigación deficiente puede permitir que una persona culpable quede libre.
Y una prisión que no rehabilita puede devolver a la sociedad un delincuente más peligroso que el que recibió.
La cárcel tampoco puede ser una universidad del delito
¿Qué ocurre mientras una persona cumple condena?
Si el sistema penitenciario solamente encierra, pero no educa, no capacita, no trata adicciones y no prepara para el trabajo, la sociedad puede encontrarse años después con el mismo individuo y con mayores vínculos criminales.
La rehabilitación no es indulgencia.
Es seguridad futura.
Un preso que sale capacitado para trabajar posee mayores posibilidades de reconstruir su vida.
Uno que sale únicamente con contactos criminales puede regresar al mismo círculo que lo llevó a prisión.
La cadena completa
La seguridad necesita:
buena investigación;
buena acusación;
juicio justo;
sentencia correctamente fundamentada;
cumplimiento efectivo de la pena;
y verdadera rehabilitación.
Si uno solo de esos eslabones se rompe, el sistema entero puede fallar.
Y la víctima siguiente puede terminar pagando las consecuencias.
Dos percepciones de justicia
Existe además una herida social que no debería ignorarse.
El joven de un barrio que mata para robar un celular debe responder ante la justicia.
Sin excusas.
Pero el funcionario, empresario o intermediario que sustrae millones de pesos del patrimonio público también debe responder cuando las pruebas establezcan su responsabilidad.
Una justicia percibida como implacable con el delincuente pobre y flexible con el delincuente poderoso termina debilitando su propia credibilidad.
No se trata de afirmar que todos los casos son iguales.
No lo son.
Pero sí existe un principio que debería ser común:
la ley debe alcanzar al delincuente del barrio y al delincuente de cuello blanco.
Juventud, drogas y falta de oportunidades
La delincuencia tampoco comienza cuando el joven toma una pistola.
Comienza mucho antes.
En numerosos barrios existe una combinación peligrosa:
abandono escolar;
desempleo;
familias vulnerables;
escasez de oportunidades;
drogas;
armas;
violencia;
y una economía informal donde el dinero ilícito puede parecer más accesible que el empleo legal.
A determinados jóvenes se les llama popularmente “ni-ni”:
ni estudian ni trabajan.
Pero esa expresión solamente describe una situación.
No la explica.
Debemos preguntarnos:
¿por qué ese muchacho abandonó la escuela?
¿Por qué nunca obtuvo formación técnica?
¿Por qué no encontró su primer empleo?
¿Por qué un vendedor de drogas llegó antes que un orientador?
¿Por qué una banda le ofreció pertenencia antes que un club deportivo?
¿Por qué la calle terminó funcionando como escuela?
Más escuelas y menos cárceles
Durante generaciones ha circulado en América Latina una idea resumida frecuentemente como:
“más escuelas y menos cárceles”.
No he encontrado evidencia documental suficiente para atribuir con seguridad esa formulación exacta a José Martí.
Pero la idea conserva plena vigencia.
Si queremos menos jóvenes presos a los veinte años, tenemos que actuar cuando tienen diez, doce o quince.
Una escuela abierta.
Una cancha deportiva.
Un taller técnico.
Una biblioteca.
Una escuela de música.
Un programa de formación profesional.
Un primer empleo.
Un comedor comunitario.
Un orientador.
Un trabajador social.
Todo eso también forma parte de una política de seguridad.
La prevención no significa justificar al delincuente.
Significa evitar que aparezca el próximo.
Cuando el Estado llega demasiado tarde
Quizás una de las grandes tragedias de nuestra política social es que el Estado suele llegar al joven después de que ha cometido el delito.
Entonces aparece vestido de policía.
Con armas.
Con esposas.
Con fiscales.
Con jueces.
Con cárceles.
Pero debería haber llegado antes.
Vestido de maestro.
De entrenador deportivo.
De médico.
De orientador.
De profesor técnico.
De oportunidad.
Cuando el Estado solamente llega al barrio vestido de policía, probablemente llegó demasiado tarde.
Las drogas y el microtráfico
Otro elemento inseparable de la criminalidad barrial es el microtráfico.
Los puntos de drogas pueden convertirse en pequeñas estructuras económicas clandestinas.
A su alrededor aparecen vendedores.
Vigilantes.
Transportistas.
Cobros.
Armas.
Y redes de protección.
Las autoridades han realizado miles de operativos contra el microtráfico.
Pero en muchas comunidades permanece la percepción de que determinados puntos funcionan durante largos períodos sin desaparecer.
Eso provoca preguntas inevitables.
¿Cómo puede funcionar públicamente un punto de drogas durante meses sin que la autoridad conozca su existencia?
¿Quién lo protege?
¿Quién se beneficia?
Las denuncias de complicidad policial necesitan pruebas e investigaciones concretas.
Pero precisamente por eso deben existir mecanismos internos capaces de investigar enriquecimiento injustificado, cobros ilegales y relaciones entre agentes y estructuras delictivas.
La motocicleta entra en escena
Dentro de este complejo panorama aparece uno de los fenómenos más importantes de las últimas décadas:
la motocicleta.
Al finalizar 2025, República Dominicana tenía registrados 6,640,871 vehículos.
El 57.9 por ciento eran motocicletas.
Estamos hablando, por tanto, de millones de motores.
Eso significa que cualquier política relacionada con ellos afecta a una parte enorme de la población.
Y ahí comienza otra gran contradicción nacional.
El motor como instrumento de trabajo
La motocicleta es el medio de vida de miles de dominicanos.
La utiliza el motoconchista.
El mensajero.
El cobrador.
El repartidor.
El pequeño comerciante.
El estudiante.
El trabajador que vive lejos de una parada de autobús.
El técnico.
El empleado que no puede comprar un automóvil.
En muchas comunidades rurales o barrios periféricos, el motoconcho cubre espacios donde el transporte formal es insuficiente.
Por tanto, no puede tratarse al motorista como sospechoso por definición.
El motor como instrumento del delito
Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante otra realidad.
Numerosos atracos son cometidos desde motocicletas.
Con frecuencia viajan dos personas.
Uno conduce.
El otro realiza el asalto.
En ocasiones participan varios motores.
La motocicleta ofrece rapidez.
Permite desplazarse entre automóviles.
Penetrar por calles estrechas.
Escapar de zonas congestionadas.
Y desaparecer rápidamente después del hecho.
Por esa razón muchas personas sienten temor cuando observan acercarse a dos jóvenes en un motor.
Pero una percepción social no puede convertirse automáticamente en política represiva.
Dos personas en una motocicleta también pueden ser:
un motoconchista y su pasajero;
un padre con su hijo;
dos estudiantes;
dos trabajadores.
¿Prohibir dos personas en un motor?
Eliminar la posibilidad de transportar pasajeros significaría prácticamente eliminar el motoconcho.
También afectaría a muchas familias que utilizan la motocicleta como único medio de transporte.
El problema no debería plantearse como:
“¿cómo prohibimos dos personas en un motor?”
Sino:
¿cómo conseguimos identificar claramente el motor y a quien lo conduce?
Ninguna motocicleta debería circular anónimamente
Una motocicleta utilizada para cometer un delito es mucho más difícil de investigar cuando circula:
sin placa;
con placa cubierta;
con matrícula alterada;
o sin documentación.
Por eso debería existir una política nacional sostenida de identificación.
Toda motocicleta debería tener:
placa visible;
matrícula;
seguro;
conductor con licencia;
luces;
y documentación actualizada.
No porque un motorista sin documentos sea automáticamente delincuente.
Sino porque ningún vehículo debería circular anónimamente por una sociedad organizada.
El motoconchista como posible aliado
La organización del motoconcho puede convertirse en parte de la solución.
Paradas registradas.
Conductores identificados.
Chalecos numerados.
Documentación actualizada.
Y coordinación con autoridades locales.
El motoconchista conoce su barrio.
Sabe quién trabaja allí diariamente.
Conoce los motores habituales.
Puede identificar rápidamente a un extraño.
Por eso el motoconchista organizado podría convertirse en aliado de la seguridad ciudadana.
Pero para que eso ocurra necesita confiar también en la autoridad.
¿Prohibir los motores de noche?
