Po Carlos Rodríguez
l alma de un pueblo libre reside en su capacidad para hablar sin temor, para escrutar a quienes administran lo sagrado que es el patrimonio público. Cuando se intenta blindar el honor de los funcionarios mediante una ley que sobrepasa la proporcionalidad, lo que realmente se legisla es el miedo. No se puede construir bienestar trastocado sobre el silencio de los ciudadanos ni pretender que la transparencia sea un artículo de lujo que se compra y se vende. Limitar la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la propia imagen de las figuras públicas es, en el fondo, un atentado directo contra el corazón de nuestro sistema de derecho, una trampa que busca asfixiar la conciencia nacional frente a la impunidad y aislar al ciudadano honesto.
Herederos de una lucha histórica por la dignidad, no podemos aceptar que la censura previa o la autocensura se conviertan en la norma de nuestra convivencia social. Juan Bosch, maestro de la política y referente eterno de los mejores valores democráticos de nuestra organización, nos enseñó que una sociedad fuerte se mide por la entereza de sus ciudadanos para fiscalizar el poder. En su obra Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, Bosch advertía con lucidez:
«La democracia no es solo el derecho a votar; es, fundamentalmente, el derecho a disentir, a criticar y a exigir cuentas claras a quienes gobiernan, porque el poder pertenece al pueblo y no a quienes temporalmente lo ejercen».
Para Don Juan, la salud de la República dependía de esa fiscalización moral, un deber patriótico que hoy se ve amenazado por este proyecto de ley.
Esta iniciativa vulnera directamente el ejercicio periodístico y el derecho constitucional de cada dominicano a ser dueño de su propio pensamiento. Al sobreproteger a los legisladores y funcionarios, se levanta un muro de opacidad que debilita el tejido democrático y lesiona la calidad de vida de nuestra gente, pues donde falta la verdad, florece el desvío de los recursos públicos. La riqueza moral de una nación no se conquista persiguiendo la denuncia de los actos dolosos, sino promoviendo el respeto mutuo, la transparencia radical y la valentía civil. Legislar para el privilegio de unos pocos frente al escrutinio de la mayoría es traicionar el pacto social y los principios éticos que deben guiar a quienes aspiran a servir al Estado.
Frente a la intención de imponer esta «ley mordaza», la respuesta de los que creemos en una democracia real y humana debe ser firme, digna y unificada. No nos moverá el temor ni nos rendiremos ante las manipulaciones de quienes pretenden obstaculizar nuestras conquistas de libertad; la Justicia Divina y la historia terminan siempre poniendo cada intención en su lugar. Es hora de alzar la voz, de defender el derecho a la información y de demostrar que el patriotismo se ejerce con la verdad de frente. Mantengamos viva la antorcha de la libre expresión, venciendo las sombras del silencio y trabajando incansablemente por el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.
