Por Cinthia Polanco
Santo Domingo Este.- Hay historias que duelen más cuando se escuchan en coro.
Eso ocurrió durante una reunión celebrada recientemente en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAI) de Santo Domingo Este, donde decenas de madres de niños con condiciones especiales compartieron una realidad que las tiene agotadas entre papeles, promesas y largas esperas.
La pregunta fue sencilla:
—¿Cuántas de ustedes han recibido las ayudas que anuncia el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis)?
La respuesta dejó a muchas sorprendidas.
De las decenas de madres presentes en el encuentro, solo una levantó la mano para indicar que había logrado ser incluida en los programas de asistencia.
Las demás continúan esperando.
Algunas desde hace cuatro meses. Otras desde seis meses. Varias afirman que llevan hasta dos años aguardando una respuesta.
Según relataron, el proceso comienza cuando el CAI les entrega una carta de referencia junto al historial médico y las evaluaciones del niño o la niña. Con esos documentos acuden al Conadis, donde les solicitan una serie de requisitos adicionales.
Las madres aseguran que entregan todo lo que les piden.
Entonces reciben la misma respuesta:
«Espere una llamada».
Pero la llamada nunca llega.
Muchas deciden regresar personalmente a la institución para conocer el estado de su expediente. Allí les informan que el sistema está procesando la solicitud o que la investigación continúa.
Después de meses de espera, algunas reciben una respuesta que consideran devastadora:
«Su hijo no califica».
La situación ha generado indignación entre las familias.
«¿Cómo es posible que un niño con una condición especial no califique para recibir apoyo del Estado?», se preguntan las madres.
La preocupación es aún mayor porque la Constitución dominicana reconoce una protección especial para las personas con discapacidad.
El artículo 58 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la protección de las personas con discapacidad y promover su integración familiar, comunitaria, social, educativa y laboral.
Asimismo, la Ley 5-13 sobre Discapacidad, que creó y regula el funcionamiento del Conadis, establece que corresponde a esa institución coordinar las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y facilitar su inclusión social.
Mientras tanto, en el propio CAI, según las informaciones ofrecidas por las madres durante el encuentro, la demanda de servicios supera ampliamente la capacidad disponible.
Hay madres que aseguran llevar hasta dos años esperando que sus hijos sean incluidos en los programas de terapias, debido a la gran cantidad de niños que requieren atención especializada y a la limitada capacidad de respuesta del centro.
Otro aspecto denunciado durante la reunión fue el desconocimiento que existe sobre los programas y beneficios que ofrece el Conadis.
Muchas familias con niños que requieren una atención especial debido a su discapacidad, y que además viven en condiciones económicas muy precarias, aseguran que desconocen los beneficios a los que podrían acceder a través de esa institución.
Las madres explican que, en la mayoría de los casos, la información no llega a los sectores más vulnerables, por lo que muchas familias continúan cargando solas con los gastos de terapias, medicamentos, transporte y otros cuidados especializados que necesitan sus hijos.
En barrios humildes de Los Mina y otros sectores de Santo Domingo Este, las madres se hacen la misma pregunta:
Si en los documentos y en los discursos las ayudas existen, ¿por qué tan pocas familias logran recibirlas?
Y mientras esperan respuestas, continúan enfrentando solas los gastos que implica criar y atender a un niño con una condición especial, en muchos casos sin el respaldo que la Constitución y las leyes les garantizan.
Una realidad que no aparece en las estadísticas, pero que cada día golpea la puerta de decenas de hogares del municipio más poblado del país.
