Tribunal Constitucional de República Dominicana
Tribunal Constitucional de República Dominicana

Manuel Jiménez deposita en el TC recurso revisión a fallo SCJ por Odebrecht

El ex diputado Manuel Jiménez va hoy ante el Tribunal Constitucional para atacar un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favoreció a la empresa constructora brasileña Odebrecht ante una iniciativa con la que él procura que sea declarada ilegal la homologación del acuerdo con el Estado dominicano que favorece a esa empresa en un caso de sobornos multimillonarios.

Jiménez somete este día ante el TC un recurso de revisión del fallo de  la SCJ mediante un extenso documento, copia del cual fue entregado a Ciudad Oriental y que mostramos íntegro a continuación:

AL     MAGISTRADO  JUEZ PRESIDENTE  Y LOS DEMÁS JUECES MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE   LA REPÚBLICA DOMINICANA.

VIA  :     SECRETARIA DE LA SUPREMA CORTE DE  JUSTICIA.

RECURRENTE   :    MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORTEGA.

RECURRIDOS  :     PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PRG) & LA ENTIDAD     MUNDIALMENTE CORRUPTA y DE CAPITAL FORANEO ODEBRECHT.         

ABOGADOS        :             LICDOS:       MANUEL SIERRA PEREZ., RIGOBERTO ROSARIO GUERRERO y DANIEL IZQUIERDO.  

REFEENCIAS        :     1. RESOLUCION 059-2017-SRES-00098/RP, de fecha 19 abril 2017, DICTADO POR EL TERCER JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL;

  1. RESOLUCIÓN NO. 0264-TS-2017, NCI NUM: 502-01-2017-00261, DE FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2017 DICTADA POR LA TERCERA SALA DE LA                                                           CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL Y

    3.- RESOLUCION NUM. 5515-2017, de fecha 13 de diciembre del año 2018, y la cual fue notificada mediante acto de alguacil de fecha 21 de febrero 2018;                         

ASUNTO       :     RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.

AGRAVIOS     :     VIOLACION DE LOS ARTICULOS 22, 68, 69 DE LA CONSTITUCION, ART. 84, 85 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, MODIFICADO POR LA LEY 10-15, EL ARTICULO 8 DE LA CONVENCION INTER-AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 18 Y 24 DE LA DECLARACION AMERICA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y SOBRE TODO, LA VIOLACION DE LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES, entre ellos, EL NUM. 0259-14, DEL T, QUE RECONOCIO EL DERECHO DEL CIUDADANO A QUERELLARSE EN CONTRA DEL INADECUADO MANEJO DE LOS FORNOS DEL ERARIO PÚBLICO.

Manuel Jiménez
Manuel Jiménez

HONORABLES MAGISTRADOS:    

    El suscrito, Señor: MANUEL DE JESÚS JÍMENEZ ORTEGA, dominicano, mayor de edad, cantante y compositor, ex-diputado de la República, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0500950-0, con domicilio y residencia en la Av. Charles de Gaulle, No. 1, Santo Domingo Este, en su condición de querellante y recurrente;

    Y quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los LICDOS.: MANUEL SIERRA, RIGOBERTO ANTONIO ROSARIO GUERRERO,  y DANIEL IZQUIERDO, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 074-0002209-6, 001-0367133-5 y 001-0105529-1, abogados de los Tribunales de la República, con estudio profesional abierto en común en la Calle Max Henríquez Ureña No. 101, Local 5, Segundo Piso, Los Prados, Distrito Nacional, Teléfono 809-476-9582.

    En ocasión de la sentencia evacuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde se despachó desestimando el recurso de casación mediante una resolución ausente de serias motivaciones -aun cuando ya el TC había sentado precedentes en ese sentido-, lo cual se subsume en una clara violación del debido proceso de ley y del principio de tutela judicial efectiva. En efecto, chocante con el bloque de la Constitucionalidad que esa misma Suprema Corte de Justicia (aunque la anterior) teóricamente vive sazonando.

    En esta vía se procede a desarrollar los puntos, de fácticos y de derecho por los que con relevancia constitucional se impugnan las pre-aludidas irritas resoluciones de marras en base al esquema siguiente:

1-a).- CALIDADES Y DATOS GENERALES DE LAS PARTES.

2-b).- EL FALLO RECURRDO.

3-c).- SOBRE LA ADMISIBILIDAD EN LA FORMA, LA CALIDAD HABILITANTE DEL RECURRENTE, LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DEL PRESENTE RECURSO Y SOBRE EL PLAZO PARA RECURRIR.

4-d).- ANTECEDENTES.

5-e).-MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO. VIOLACION AL DEBIDO PROCESO LEGAL, PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, FALTA DE MOTIVACION DE LAS SENTENCIAS DE CARA AL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO DEL CIUDADANO A PRESENTER QUERELLAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS O EN OCASIÓN DE ACTOS DE CORUPCCION SOBRE BIENES O FONDOS DEL ERRARIO PUBLICO.—

6-f).-LA FALSA APLICACIÓN DEL ART. 425, del C. P. P., PORQUE SÓLO LOS JUECES DE LA SALA PENAL DE LA SUPREMA CORTE DESCONOCEN QUE, EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD PONE FIN AL PROCESO Y PUEDE SER IMPUGNADO. 7-g) CONCLUSIONES Y PRUEBAS JUSTIFICATIVAS DE LA REVISION.

POR TANTO: El ex diputado al Congreso Nacional y ciudadano preocupado por el destino que últimamente ‘justicia’ le ha dado a los vulgares procesos de corrupción –caso de especie-, señor MANUEL DE JESÚS JIMÉNEZ ORTEGA, se presenta ante vosotros en reclamo del agravio del que vulgarmente ha sido objeto de parte de los tribunales a quo  y  ad quem, con lo que le han causado las resoluciones serios gravamen en sus derechos fundamentales a querellarse en contra de actos contrarios, reñidos y dañinos a fondos del erario público, siendo los últimos de esos agravios el ocasionado con la Resolución marcada con el Núm. 5515-2017, de fecha 13 de diciembre del año 2018, y la cual fue notificada mediante acto de alguacil de fecha 21 de febrero 2018, proferida la misma por la “Segunda Sala (Sala de lo Penal) de La Suprema Corte de Justicia”, que, al rechazar el recurso de casación, sin motivación alguna, dicha negación o rechazo constituyó claramente una fehaciente violación de garantías fundamentales protegidos por este tribunal en su rol de guardián del principio de la legalidad; y cuya parte dispositiva a la letra reza de la siguiente manera:

    Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

RESUELVE:

Primero: Admite como intervinientes a Odebrecht, S.A. y a la Procuraduría General de la Republica en el recurso de casación interpuesto por Manuel de Jesús Jiménez Ortega, contra la resolución núm. 0264-TS-2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte del Distrito Nacional el 31 de mayo 2017, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente resolución.

Segundo: Declara inadmisible el presente recurso de casación;

Tercero: Compensa las Costas;

Cuarto: Remite el expediente al tribunal de origen a los fines de lugar;

Quinto: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes.

II.- SOBRE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISION CONSTITUCIONAL:

    El presente recurso de Revisión Constitucional es admisible en la forma porque cumple taxativamente con todo lo que ha venido estipulando este órgano constitucional, con relación a los artículos 53 y 54 de la ley 137-11, habida cuenta de que quien ejerce el recurso de revisión lo está haciendo a partir y/o dentro del plazo marcado en la ley y con la notificación de la sentencia, fue parte inicial del proceso con una querella de fecha 13 febrero 2017, la cual fue depositada por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, jurisdicción competente por donde fueron encaminados más tarde las actuaciones de parte el Procurador General de la Republica, habida cuenta de que ninguno de los imputados o querellados en ese momento tenían ni gozaban de jurisdicción privilegiada. De hecho, por allí más luego encamino sus TORCIDAS actuaciones la Procuraduría General de la Republica y el Departamento Contra la Corrupción Administrativa, [en lo adelante solo como PEPCA].

    En efecto, el recurrente, [En lo adelante solo MANUEL JIMENEZ], como ciudadano y por disposición constitucional y legal, goza para recurrir de la calidad habilitante. Así además del legislador lo ORDENO este mismo Tribunal Constitucional, conforme a sus precedentes marcados, uno de ellos, con el núm. 0259-2014, lo cual lo acreditaba como una parte principal del proceso que ahora cuestiona.

Por tanto, está muy claro que este recurso de revisión Constitucional, se realiza al amparo de lo que señala el rubro procesal en su digesto 83 y 84 y 85 y 22.5 de la Carta política del 2010, la Convención Interamericana, los Pactos y los Tratados refenciados en el cuerpo mismo de esta instancia sobre y la ley 137/11, Orgánica del T. C., empero y por sobre todo, es que el presente recurso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 53, de la ley 137-11, texto según el cual procede el recurso de Revisión Constitucional Contra Decisiones Jurisdiccionales y la que ahora se impugna habida cuenta de que la emitió la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en ultimo grado.

    Pues, en este caso, la resolución recurrida es groseramente vulneradora de derechos fundamentales del impetrante, del principio de legalidad, cónsono con el principio de tutela judicial, el debido proceso y derecho a ser oído, que fueron llanamente masacrados y violentados sin explicación alguna por dichos tribunales [Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia]; amén de que se trata de unas resoluciones, la última de las cuales donde ya fueron agotados todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente. Más aún, porque la decisión cuestionada está fundada en dos míseros y vergonzosos considerandos que atestiguan a pie juntilla el craso error en el que incurrió la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en franca, desafiante y abierta violación de los precedentes constitucionales y de los derechos fundamentales adquiridos y dados por el legislador al querellante, y sobretodo que, los decisores ignoraron a contra pelo los efectos –según la ley procesal y las doctrinas-, del principio o criterio de oportunidad, violando deliberadamente y prevaricando contra la ley procesal, pues, los únicos que desconocen que el criterio de oportunidad le pone fin al proceso son ellos y, por tanto, es un presupuesto y materia  de admisibilidad del Art. 425 del C. P. P., todo lo cual constituyó una aberración del órgano jurisdiccional y cuya violación le es imputada puntualmente a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, evento que hace latente la especial transcendencia o relevancia constitucional del presente caso.

Este Tribunal Constitucional, deberá analizar a profundidad DOS puntos de trascendencia constitucional que son, PRIMERO: el criterio de oportunidad sobre un caso declarado complejo, sin imputado, SEGUNDO: Si una vez que otro Juez de primera instancia, al conceder el criterio de oportunidad el dicho proceso este [NO] alcanzo para esa parte agraciada y favorecida, el fin del proceso y que es acá donde se enmarcan las aberraciones cómplices de las jurisdiccionales criticadas;

    En efecto y según lo dispone el párrafo del artículo 53 de la ley 137-11, y este tribunal sobre la obligación de motivar la decisión, de lo que adolecen las resoluciones en cuestión, tal y como bien lo demostremos en cuanto sean analizados combinadamente los artículos del Código Procesal Penal núm.  34, 35, 36; 269 y 425; 82, 83, 84 y 85, con los artículos 22.5, 68, 69, 74 y 146 de la Constitución, 8.1 de la Convención, 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y los referentes a la ley de contrataciones públicas y sus sanciones sobre actos de corrupción de funcionarios públicos.

NOTA AL MARGEN:

Dice el profesor español, JOSE DE LA MATA AMAYA, en una monografía en una obra puesta a circular por la Editora dominicana GECETA JUDICIAL, sobre “LA ACCION PENAL”, pagina Pag. 94, sobre un análisis del Código Procesal Dominicano, analizando la figura del CRITERIO DE OPORTUNIDAD, y donde este a su vez cita al escritor TIJERINO PACHECO, en alusión al principio de OPORNIDAD, y dicen lo siguiente:

“…el principio de oportunidad no se prestará a propiciar la impunidad de que ejerce el poder político, considerando que habría sido de funestas consecuencias para la sociedad entera haber dejado abierto un portillo por donde pudieran colorase los autores de actos de corrupción”.

Además, en la misma página un poco más abajo también dice el autor citado, “…solo de esta forma será posible controlar jurídicamente la aplicación de estos criterios, evitando que la oportunidad se constituya en el mecanismo de huida del principio de legalidad por meros criterios de comodidad administrativa. En otro caso, la inevitable desigualdad en la aplicación de la ley, y la inconsecuencia y la incoherencia en la persecución de hechos punibles, puede convertirse en un gravísimo daño para la legitimidad del sistema penal”.

Este Tribunal Constitucional, al que se lo imploramos como GUARDIAN de la legalidad, en cuanto vea y analicen la (s) resolución (es) originaria evacuada por el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al hilo con lo que antes citamos y lo que dice en esta obra el autor antes con relación al CRITERIO DE OPORTUNIDAD, y en consonancia con el principio de legalidad debidamente definido por ustedes, necesariamente tendrá que arribar a la firme conclusión de que, debe, y en efecto debe, ANULAR todo lo decidido por las jurisdicciones cuestionadas;

Pues; de permitirlo como el que llover sería dejar pasar una grosera e ilimitada burla en favor del más grave de los engendros del crimen la impunidad económica y política de la historia dominicana, lo cual fue permitida por acción u omisión conscientemente por la Procuraduría general de la república con la aparente complacencia de los jueces que han tocado este proceso, lo hicieron en favor de una empresa mundialmente desacreditada en el manejo subterráneo de fondos públicos, en nuestra América, los ejemplos sobre este particular tema brotan a borbotones como chorros de agua del seno de las penas;  ¡ sálvenos Dios, de esta vergüenza realidad ¡;

III.- SOBRE EL PLAZO PARA RECURRIR EN REVISION CONSTITUCIONAL.

    El plazo para la interposición del presente recurso de Revisión Constitucional debe tomarse en cuenta la fecha de notificación de la sentencia evacuada por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, en efecto, al impetrante la resolución de marras le fue notificada el día 21 de febrero 2018, mediante el acto No. 91-2018, a cargo del Min. Víctor Andrés Guerrero Bueno, alguacil de estrado de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia -(anexo)-, y acto a partir del cual quedo legalmente habilitado el plazo legal para recurrir, por consiguiente, este Recurso de Revisión Constitucional es ADMISIBLE en in porte, dado que estamos dentro del plazo legal para recurrir y el mismo se ajusta a lo establecido por lo que dice el artículo 54 de la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales;

IV.- ANTECEDENTES Y BREVE HISTORIA DE LOS HECHOS:

    Si bien las disposiciones legales regulatorias del recurso de Revisión Constitucional contra decisiones jurisdicciones firmes, precisan que, en el ejercicio de éste mecanismo de control de la actividad judicial, el Tribunal Constitucional no podrá evaluar los hechos que dieron lugar al proceso en que se produjo la violación de los derechos fundamentales imputados a la autoridad judicial, aun así, -y, para la mejor estructuración y comprensión de los motivos del recurso-, nos resulta obligatorio  presentar una exposición sucinta de las erradas actuaciones procesales de cada etapa, donde se conoció el caso en la jurisdicción ordinaria, que es donde se han producido la negación, los agravios y, por ende, la vulneración a la ley sustantiva que habilitan el control del máximo intérprete de la Constitución de la República a los fines de que salve los entuertos y remedie las injusticias y las ilegalidades;

   A saber:

  1. ANTECEDENTES:

Sus señorías:

    Fue en fecha 13 de febrero 2017, que el accionante MANUEL JIMENEZ ORTEGA, ex diputado al congreso nacional formalmente presento por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional -[la Resolución del Juez del Tercero Juzgado de la Instrucción No. 059-2017-SRES-00098/RP, es de FECHA 19 abril 2017]-, una QUERELLA PENAL en contra de las siguientes personas:

1.-La empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHCT, [En lo adelante solo como ODEBRECHT].

2.- MARCELO HOFKE, GERENTE DE LA MISMA EN R.D.

3.- VÍCTOR DÍAZ RUA Y;

4.- ÁNGEL RODÓN RIJO, y cualquier otra persona vinculada en proceso que así lo determinara la investigación abierta por la Procuraduría General de la Republica.

    Esta querella de forma furtiva y sorpresiva fue enviada por La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y sin comunicárselo al querellante aun y cuando pidió se le mantuviera informado de todas las actuaciones ¡cosa extraña en esa fiscal!, en una fecha aún no determinada, sin explicación ninguna, mediante el oficio No. 2017-001-00508-01, a la Procuraduría General de la República, y cuya parte PETITORIA de la misma fue la siguiente:  

PRIMERO: A TÍTULO DE DILIGENCIAS PRE-LIMINARES: el QUERELLANTE os requiere y formalmente se solicita de esta especializada Procuraduría General, que de por presentada la presente querella conforme a la norma, y a consecuencia de ello, y en la medida que realice sus interrogatorios a los imputados, PROCEDER en paralelo a la designación (Art. 204 y siguientes de CPP), una comisión de peritos (Ingenieros), de la Cámara de Cuentas y del Colegio Dominicano de Ingenieros, para una vez designados estos procedan a realizar las consecuentes CUBICACIONES en cada una de las obras materializadas por la empresa constructora foránea ODEBRECHT y sus subsidiarias en el país en los años, febrero 2006 a febrero del 2016, a los fines de comparar, pagos, costos, precios y gastos de los materiales con los montos y dineros recibidos de manos del Estado Dominicano por dicha empresa  extranjera.

SEGUNDO: Que una vez admitida la presente querella en paralelo con la investigación a realizar, esta entidad investigativa proceda a solicitar al Juez de la Instrucción del Distrito Nacional, forma URGENTE lo imposición  de una medida de COERCIÓN REAL en contra de Odebrecht y sus subsidiarias en la República, a los fines de garantizar la obtención de los montos sobornos, contentivo de unos CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE DOLARES (US$163,000,000.00) que la misma empresa confesó haber obtenido por prácticas corruptas en el país.

TERCERO: Que el Querellante, hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales de la presente acción en el domicilio antes anunciado, y en todo caso en las oficinas ad-hoc de los abogados y lugar donde se le podrán hacer todos los requerimientos, notificaciones y actos concernientes al caso de que se trata, al tiempo de hacer reservas de formular en contra de cualquier otra persona que en ocasión de la investigación resulte responsable del delito esta querella.

CUARTO: El querellante solicita, muy respetuosamente,  a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa proceder a la investigación, verificación y persecución de los hechos denunciados, así como de todas las circunstancias relatadas, en virtud del Artículo 146 de la Constitución de la República, de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Ley No. 448 y 449 y sus modificaciones, sobre prácticas corruptas en el Sector Público, de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones Públicas; de los artículos 171 y 172, 204 y siguientes del Código Penal Dominicano, los artículos 85 y 262 del Código Procesal Penal de la República Dominicana y del Decreto No. 324-07 que crea la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa.

QUINTO: Que esa Procuraduría especializada contra la Corrupción Administrativa debe a la mayor brevedad posible, PROCEDER a solicitar por ante el Magistrado Juez de la Instrucción del Distrito Nacional, medidas de coerción en contra de los ofensores, la suspensión en las operaciones de ODEBRECHT, y en contra del administrador de esta empresa corrupta extranjera por tratarse de un ciudadano igualmente extranjero que a todas luces constituye peligro serio de fuga y de contaminación del proceso por los dineros y fondos económicos que maneja sin el más mínimo  escrúpulo, con la finalidad de asegurar la presencia durante la fase de investigación y el Juicio, en ocasión de la comisión del tipo penal de la Corrupción administrativa en desmedro del Estado Dominicano y debido a la gravedad de los hechos narrados en el presente proceso, la imposición de medidas de coerción en contra del gerente general de la empresa constructora, el señor MARCELO HOFKE, VÍCTOR DÍAZ RUA y ÁNGEL RONDON RIJO, la medida de COERCIÓN consistentes en PRISIÓN PREVENTIVA, pues es la única manera de garantizar la investigación del proceso.

SEXTO: Conforme con el artículo 84, el querellante requiere y formalmente SOLICITA de este PEPCA lo siguiente: que se le proteja en los siguientes derechos: a).. 4) Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código; 5) Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso; 6) Ser informada de los resultados del procedimiento; 7) Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

SÉPTIMO: El querellante os requiere que a la par con la investigación esta procuraduría se procure por ante la CÁMARA DE CUENTAS la realización de una auditoría contable que determinará los montos de las sobrevaluaciones en las obras contratadas y el costo financiero a los fines de determinar la magnitud del daño generado por dicha empresa y los funcionarios públicos asociados en el país.

OCTAVO: HACEMOS RERSERVAS de ampliar la presente querella en contra de todo el que resulte vinculado con los hechos criminales en desmedro del patrimonio nacional e incluir nuevos imputados, así como de depositar documentos y presentar testigos.

    Así las cosas, Honorables Jueces del Constitucional, a quienes le pedimos observar las fechas de este proceso, de cara al consiguiente recuento histórico de todas las incidencias del caso, en efecto serán importantes de cara a la fecha iniciar de que la querella interpuesta por MANUEL JIMÉNEZ,  –depositada el 13 de febrero del año 2017 en la Fiscalía del Distrito Nacional-, y se debe observar que aún no el Juez de la Instrucción del Tercer Juzgado, no había producido la cuestionable HOMOLOGACION, ni tampoco había sido recusado y mucho menos este había, por razones lógicas, enviado dicha recusación en su contra por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, como más luego sucedió todo lo anteriormente indicado.

    A los fines cabe abundar que, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (PGR) y el llamado DEPARTAMENTO DE COMBATE A LA CORRUPCCIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRATIVA (PEPCA), y los propios titulares de sendos órganos, Dr. JEAN ALAIN RODRIGUEZ, y la LIC. LAURA PELLETIER, estando conscientes y al tanto de la existencia de la mencionada querella interpuesta por el señor MANUEL JÍMENEZ ORTEGA, de forma maliciosa y obtusa obviaron comunicarle a este que procurarían un acuerdo con la empresa ofensora del patrimonio nacional, ODEBRECHT, lo cual hicieron a sus espaldas en franca violación del Código Procesal Penal, sobre este particular, pero además, en franco desconocimiento de la innegable calidad de querellante del exponente a tenor de los artículos 85 del Código Procesal Penal y 22.5, de la Constitución de la República Dominicana y el vinculante precedente constitucional evacuado por esta misma instancia protectora de los derechos fundamentales y guardiana de la legalidad.

    No obstante a ello de manera desleal, sorpresiva, sutil, subrepticia y escurridiza, ambos funcionarios del Ministerio Público, concurrieron ante el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción y le solicitaron la fijación de una audiencia para conocer subrepticiamente del funesto proceso de Homologación relativo al sospechoso acuerdo, a todas luces favorable a la entidad ODEBRECHT y desfavorable al país, lo cual constituye groseramente un acto desleal y contrario a la norma procesal penal y al buen juicio, al obviar estos sin respuesta alguna las actuaciones legales del impetrante;

    Sin embargo, como el exponente se enteró por la prensa de la existencia de una la fijación de la audiencia para conocer del malhadado acuerdo con Odebrecht, se presentó, además le comunico por instancia y luego por acto de alguacil a dicho Juez de la Instrucción del Tercer Juzgado del Distrito Nacional, Lic. DANILO QUEVEDO, que para ese momento ya existía una querella en manos del Procurador de la Republica en contra de Odebrecht, a los fines de que este NO  procediera a conocer sin permitirle participar al menos en la homologación, ni fallar de manera clandestina y subrepticia dicha solicitud de homologación, promovida por la nefasta Procuraduría General de la República, sin la presencia del querellante, ciudadano MNUEL JIMENEZ, a lo cual dicho juzgador no le prestó  atención, en un claro desconocimiento del principio de tutela judicial efectiva (art. 68 y 69 de la Constitución política nuestra);

    Ante ese evento y notando el querellante la sospechosa intención del Juez de la instrucción, DR. DANILO QUEVEDO, en su disposición de conocer dicho irregular apoderamiento de Homologación, procedió a notificar un acto de alguacil advirtiéndole que depositó en su contra una RECUSACION, y la que dicho Juez, –como el famoso carro del Lic. Jacobo Majluta, sin frenos-, tampoco le prestó atención, en una evidente y contundente violación del instituto de la recusación, establecido por el legislador en el artículo 82 y siguientes de la ley 72/03, modificado por la ley 10-15, o Código Procesal Penal, y a contra pelo este, de forma temeraria procedió a fallar la RECUSACION de la manera siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITE en todas sus partes el escrito de recusación de fecha Dieciocho 18 de abril del año Dos Mil Diez (2017), promovido por Manuel Jiménez, a través de sus abogados Dres. Rigoberto Rosario, Daniel Izquierdo y Manuel Sierra, por los motivos precedentemente expuestos.

SEGUNDO: ORDENA vía la coordinación de los juzgados de la Instrucción de este distrito judicial, la remisión del escrito referido de recusación, conjuntamente con nuestro parecer recogido en el presente informe, y las actuaciones intervenidas al efecto, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para su conocimiento y fines de ley correspondientes.

TERCERO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas.

Ante tan terca, extraña y sospechosa decisión del Juez de la Instrucción de que se trata, claro en abierto desconocimiento y desafió del precedente constitucional vuestro sobre la CALIDAD DE LA VICTIMA, y sobre todo, sin esperar dicho Juez de la Instrucción, el resultado del envió de la RECUSACION que por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el mismo el persona envió mediante escrito conjuntamente con su parecer, el informe y las actuaciones intervenidas al efecto por la recusación en su contra, en cambio este, atropellando el derecho, raudo y veloz se despachó, –desconociendo la recusación en su contra-, y HOMOLOGANDO el acuerdo promovido por la Procuraduría General de la Republica con la empresa mafiosa Odebrecht, (sin imputado y la declaración de complejidad del caso), sin esperar la decisión de la Corte, que, como bien sabido es, la recusación o excusa no admitida y enviadas las glosas a la Corte para su examen, sobresee hasta que la Corte determine.

Atención sus señorías:

El criterio de oportunidad -[¿o de IMPUNIDAD?]- no era posible, ya que ese criterio solo es posible en asuntos de bagatela y cuando los hechos no afecten significativamente el bien jurídicamente protegidos o no comprometa gravemente el interés público. El caso Odebrecht, es todo lo contrario, no es de bagatela y compromete seriamente el interés público y la pena a imponer sobre pasa los diez años de cárcel ni esa empresa ni su gerente en el país cooperaron activamente con la investigación, por lo tanto, no era legalmente posible, sin incurrir en prevaricación, arribar a dicho pírrico, humillante e infeliz “acuerdo”, con la empresa corruptora en desmedro del erario público y en donde los hechos “MAS DE 92 MILLONES DE DOLARES”, afectaron y comprometieron el bien jurídicamente protegido;

    En efecto, el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción regenteado por el Lic. DANILO QUEVEDO, evacuo en fecha 19 de abril 2017, la Resolución No.  059-2017-SRES-00098/RP, donde de manera irregular, injusta y contra la norma procesal HOMOLOGÓ el acuerdo planteado por la Procuraduría General de la Republica, en Francia violación de todo el estándar legal, siempre en favor de la empresa foráneo. Este es la parte dispositiva de la resolución aludida, Veamos:

“F  A L  L A” :

PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la solicitud de autorización para la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado a este tribunal por la Procuraduría General de la República, representada por el DR. JEAN ALAIN RODRÍGUEZ, asistido por la LIC. LAURA MARIA GUERRERO PELLETIER, Procuradora General de la Corte de Apelación y Directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como el LIC. ROBERT VALDEZ, representante legal de la empresa ODEBRECHT, S.A.

SEGUNDO: En cuanto al fondo, AUTORIZA al Ministerio Público en la persona del DR. JEAN ALAIN RODRIGUEZ, Procurador General de la República, la aplicación de un Criterio de Oportunidad a favor de la empresa ODEBRECHT,S.A., por la comisión del ilícito penal de soborno en el comercio y la inversión, previsto y sancionado por los artículos 3,5,y 6 de la Ley Núm. 448-06, de conformidad con las disposiciones del articulo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal, en consecuencia, HOMOLOGA en todas sus partes el acuerdo suscrito en fecha dieciséis (16) del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), entre el Ministerio Público y la empresa ODEBRECHT,  cuyas firmas fueron notarizadas por el LIC. CARLOS MARTÍN VALDEZ, Notario Público para los del número del Distrito Nacional, con Matrícula 4899, en los términos acordados por las partes.

TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas.

    Por esto No es ocioso reiterar que el Juez Lic. DANILO QUEVEDO a pesar de estar recusado, (se convirtió en juez de su propia recusación), sin la respuesta de la Corte de Apelación sobre la recusación, y todas las advertencias hechas por MANUEL JIMENEZ, y puesta en mora y conocimiento mediante actos del alguacil sobre que, “el exponente se había constituido en fecha 13 de febrero 2017 en querellante con anterioridad a su apoderamiento en contra de ODEBRECHT”, este hizo caso omiso y obvio de manera caprichosa sus contenidos, en franca violación del debido proceso en cuanto decidió a contra corriente el pedido de homologación solicitado por el Procurador General de la República, sin guardar ni siquiera las formalidades;

    En esta misma vía y a mayor abundamiento está muy claro que cuando el Juez procedió abocarse a fallar el pedido de homologación, obviando la recusación en virtud del Art. 82, del C. P. P., y que el mismo envió a la Corte, obvió la vinculación y desprecio el aludido precedente de este TC, por ello no hay dudas que lastimó la legalidad y los derechos procesales y constitucionales del querellante debidamente reconocidos por la sentencia evacuada y genero el gravamen, –este punto es de trascendental y de relevancia constitucional-, en lo atinente al  derecho de querellar, que según este Tribunal Constitucional dispuso en la sentencia marcada con el No. 0259-14, tiene todo ciudadano.

    Esto generó con su comportamiento inadecuado un irreparable gravamen al recurrente con su resolución de maras, -[No. 059-2017-SRES-00098/RP, de fecha 19 de abril del 2017]-, la cual fue formalmente recurrida en apelación y para conocer el recurso devino apoderada la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual penosamente evacuo en fecha 31 de mayo 2017, la resolución NO. 0264-TS-2017, NCI NUM: 502-01-2017-00261, que ahora se impugna, y cuya parte dispositiva fue la que sigue:

FALLA:

PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación, incoado en fecha 10/05/2017, por el ciudadano MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORTEG, recurrente a través de sus representantes legales Licdos Manuel Sierra, Rigoberto Antonio Rosario Guerrero y Daniel Izquierdo, en contra de la decisión contenida en la Resolución No. 059-2017-SRES-00098/RP, de fecha 19 de abril del 2017, dictada por el tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  por no ser la decisión impugnada susceptible de recurso de apelación.

SEGUNDO: Exime del pago de las costas causadas en grado de apelación.

TERCERO: Ordena a la secretaria de esta Tercera Sala, realizar las notificación de las partes: a) Manuel de Jesús Jiménez Ortega, recurrente; B) Lcdos. Manuel Sierra, Rigoberto Antonio Rosario Guerrero y Daniel Izquierdo, abogados del recurrente; c)Lcdo. ROBERT Valdez, en representación de la empresa ODEBRECHT, S. A; y d) Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.  Nuestra sentencia así se pronuncia, ordena y firma.

    La anterior resolución fue igualmente recurrida en Casación, pero, igual y aún más penosamente todavía, esta última fue desestimada sin explicación ni motivación ninguna, por la SEGUNDA SALA PENAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, notificada el 21 de febrero 2018, lo que a todas luces choca frontalmente con el artículo 24 del texto procesal, el 8.1 de la Convención inter-americana de los derechos humanos y el articulo 69.1.2 10, de la carta política dominicana y el 14 del PIDCP;

    En este sentido Honorables Magistrados, no tenemos la menor duda de que la decisión emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resulta atentatoria directamente contra los derechos del recurrente a una tutela judicial efectiva respecto del debido proceso y el principio de legalidad instituido en la ley procesal penal, en especial la garantía de ser oído sin demoras indebidas y el derecho de los ciudadanos a presentar denuncias y querellas contra los funcionarios públicos por la comisión de irregularidades en el manejo de los recursos del erario público, con lo que las referidas instancias jurisdiccionales desconocieron lo dispuesto en el precedente constitucional del TC. No. 0259-14 y lo que propiamente establece la constitución de la república en su artículo 22.5, sobre la participación ciudadana y el papel de esta en el control social, como lo establecen una serie de leyes.

    Esta decisión también vulnera el derecho fundamental a la igualdad y la seguridad jurídica en la aplicación judicial del derecho.

    Es así, Honorables Magistrados, donde resulta claro que la decisión emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, atenta directamente contra el derecho del recurrente, MANUEL JIMENEZ, a una tutela judicial efectiva respecto del debido proceso instituido en la ley procesal penal y el bloque de constitucionalidad ya acreditado en la resolución de esa misma Suprema Corte de Justicia No. 1920, del 3 de Nov del año 2003.

    Las violaciones se iniciaron desde el primer grado, por ante la Procuraduría General de la Republica, que dice “representa a la sociedad y luego, por ante el Juez de la Instrucción, quien supuestamente es el órgano de las garantías ciudadanas”, el impetrante ha venido reclamando de forma insistente y permanente en todas las instancias el reconocimiento de su calidad de querellante, sin suerte a la fecha, lo que a todas luces constituye una vulgar violación de los postulados legales que aspiramos sean remediados dichos entuertos en esta instancia constitucional;  

    Una muestra patética de lo ante argumentado se desprende del comportamiento de los órganos jurisdiccionales, entre los que vale iniciar mencionando al Juez de la instrucción quien desde el primer momento, aun RECUSADO, obvió las solicitudes formuladas por el querellante de participar en el proceso de homologación, lo propio sucedió ante la Corte de Apelación [Tercera Sala] y, finalmente, ante la Suprema Corte de Justicia [Segunda Sala], con lo cual, estas generaron al desesperado recurrente serios e irreparable gravamen en sus derechos constitucionales y legales, en cuanto sin explicación y mal interpretando la norma de forma grosera desconocieron el derecho a querellarse y a participar en los juicios, especialmente en el proceso de HOMOLOGACION ante el Juez de la Instrucción que PUSO FIN AL PROCESO, de hecho con esta RESOLUCION en curso este ligeramente le puso fin al proceso como lo demostraremos relevantemente en lo adelante y se advierte en el artículo 36 del rubro procesal;

Código Procesal Penal.

Criterios de oportunidad. Art. 34. Oportunidad de la acción pública. El ministerio público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, cuando:

  1. Se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste; (…),  y 3. La pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la acción penal puede ser dispuesta en cualquier momento previo a que se ordene la apertura de juicio.

El ministerio público debe aplicar los criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales en base a razones objetivas, generales y sin discriminación. En los casos que se verifique un daño, el ministerio público debe velar porque sea razonablemente reparado.

Art. 35. Objeción. Dentro de los tres (3) días de haber sido dictada, la víctima y el imputado puede objetar ante el juez la decisión del ministerio público que aplique o niegue un criterio de oportunidad, cuando no se ajuste a los requisitos legales o constituya una discriminación. Presentada la objeción, el juez convoca a las partes a una audiencia.

Art. 36. Efectos. La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga. No obstante, si el criterio se fundamenta en la aplicación del numeral 1 del artículo 34 sus efectos se extienden a todos los imputados. (…);

    El acuerdo de HOMOLOGACION, fue conocido a puerta cerrada, sin permitirle al exponente participar, en un atropello sin límites a la dignidad de ciudadano querellante y sus letrados, de parte de un “JUEZ”, lo cual se infiere se trató de un proceso clandestino y de espalda a la ciudadanía de parte del juzgador instructivo, cosa que no se estila en la norma, no obstante, a que se trataba acerca de un caso sobre un acto de corrupción de fondos del erario público, para lo que por sentencia VINCULANTE dispuso el Tribunal Constitucional tienen derecho todos los ciudadano a querellarse, de ahí es que no caben dudas sobre que los derechos del ciudadano querellante MANUEL JINENEZ (art. 22.5 de la Constitución y 85 del Código Procesal), fueron groseramente violentados y pisoteados por el sistema judicial y especialmente, por el Juez de la Instrucción DANILO QUEVEDO, igualmente los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación y finalmente los de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y cuya última resolución, le puso fin el proceso, es la que permite la presentación del presente recurso de revisión constitucional;

LA COMISION INTERAMERICA SOBRE LA CORRUPCCION:

       Actuación que es contraria a la RESOLUCION 1/18, sobre CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS emitida por COMISION INTER-AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, que establece entre otras cosas lo siguiente:           

Enfatizando que la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas y empresas y por ello se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla con el fin de garantizar los derechos humanos.

Conscientes que la falta de transparencia de la gestión pública facilita la corrupción e impide el control ciudadano y el escrutinio de la prensa sobre asuntos críticos como la contratación pública y la gestión del presupuesto, en particular sobre gastos en infraestructura y programas sociales; las  actividades de lobby; el conflicto de interés y sistemas de empleo público, así como el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas.

Que bajo el marco jurídico interamericano, los Estados tienen el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción.

Recordando que en 2017, la Comisión Interamericana publicó la Resolución 1/17 sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, en la que afirmó que: “La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos.

La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.

Considerando que la Carta Democrática Interamericana reafirma que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y que establece como principios fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Enfatizando que es fundamental crear un ambiente libre de amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión de quienes investigan, informan y denuncian actos de corrupción y que la seguridad de las personas que se involucran en denuncias contra la corrupción, tales como funcionarios públicos, operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, jóvenes y líderes de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes, es esencial para garantizar la erradicación de la corrupción.

Resaltando que el fortalecimiento de la independencia, imparcialidad y capacidad de los sistemas de justicia en la lucha contra la corrupción es un elemento crucial para enfrentar este fenómeno y que la labor de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el monitoreo e implementación de un enfoque de derechos humanos frente a la corrupción debe ser reforzada.

Conscientes que en la lucha contra la corrupción, es indispensable que los Estados garanticen los derechos humanos de los posibles imputados, de tal manera de garantizar que dichos procesos aseguren el objetivo de combatir la corrupción, y evitar su utilización con otros fines.

Que bajo el marco jurídico interamericano, los Estados tienen el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción.

Recordando que en 2017, la Comisión Interamericana publicó la Resolución 1/17 sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, en la que afirmó que: “La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos.

La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.

Considerando que la Carta Democrática Interamericana reafirma que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y que establece como principios fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Enfatizando que es fundamental crear un ambiente libre de amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión de quienes investigan, informan y denuncian actos de corrupción y que la seguridad de las personas que se involucran en denuncias contra la corrupción, tales como funcionarios públicos, operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, jóvenes y líderes de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes, es esencial para garantizar la erradicación de la corrupción.

Resaltando que el fortalecimiento de la independencia, imparcialidad y capacidad de los sistemas de justicia en la lucha contra la corrupción es un elemento crucial para enfrentar este fenómeno y que la labor de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el monitoreo e implementación de un enfoque de derechos humanos frente a la corrupción debe ser reforzada.

Conscientes que en la lucha contra la corrupción, es indispensable que los Estados garanticen los derechos humanos de los posibles imputados, de tal manera de garantizar que dichos procesos aseguren el objetivo de combatir la corrupción, y evitar su utilización con otros fines.

Reafirmando que las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra este fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de mecanismos, practicas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción considerando los principios de no discriminación e igualdad, rendición de cuentas, acceso a la justicia, transparencia y participación.

Recordando que el objetivo de toda política pública para combatir la corrupción debe estar enfocado y ser implementado a la luz de los siguientes principios: el papel central de la víctima, la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia y la interrelación entre los derechos humanos; la no discriminación y la igualdad; la perspectiva de género e interseccionalidad; la participación e inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados. Que en consecuencia, el enfoque  de derechos humanos se debe aplicar de manera transversal en todas las estrategias y entidades anticorrupción en la Región.

Destacando que esta resolución es una primera aproximación integral de la CIDH sobre el tema, y aunque muchos de los aspectos que aborda han sido ya desarrollados por la Comisión; en esta ocasión, la CIDH destacará algunos ejes fundamentales y formulará recomendaciones para abordar el fenómeno desde el enfoque de derechos humanos. En vista que la Cumbre de las Américas, a celebrarse en abril de 2018, tendrá como eje central el efecto de la corrupción en las Américas, y que ésta coincide con los 20 años de la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y también con la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

        En amparo de lo anterior, No debemos dejar de aclarar que el Juez de la Instrucción mal interpretó la norma procesal y los estatutos internacionales sobre derechos humanos, al extremo de prevaricar, para favorecer la empresa corruptora, en detrimento de las finanzas públicas en cuanto estableció de forma insólita sobre AL CRITERIO DE OPORTUNIDAD en su resolución de HOMOLOGACION;

    Que, si bien es verdad, en la fase preparatoria el juez de la instrucción puede resolver todas las cuestiones que requieran autorización para la realización de la investigación, en este caso, al magistrado DANILO QUEVEDO del Tercero de la instrucción le estaba formalmente vedado intervenir en el contenido de cualquier acuerdo, para homologar el mismo entre la entidad ODEBRECHT y la Procuraduría General de la República;

    Aquí estamos hablando de una organización criminal en perjuicio del Estado Dominicano, y donde el artículo 370.6 del Código Procesal Penal, expresa la facultad de otorgar un criterio de oportunidad, es una especie de negociación que puede realizar el Ministerio Público para llegar al fondo de la investigación. El juez a-quo, en el caso que ahora conocéis, no estaba facultado para conocer de dicho acuerdo, pues el artículo 34, en sus numerales 1, 2 y 3, establece cuando se puede prescindir de la acción penal y cuando no es posible. NO se trataba de un caso de bagatela;

    En la fase donde fue conocida la homologación, el juez a-quo, no estaba facultado en virtud de que no se había realizado una investigación ni mucho menos había imputados y  otro Juez, ALEJANDRO VARGAS, había declarado la complejidad del caso, por lo tanto, el acuerdo entre la entidad ODEBRECHT y la Procuraduría General de la República, es nulo de pleno derecho, lo cual debe verificar este tribunal como garante de los derechos fundamentales del recurrente, y ser un punto de trascendencia constitucional en el fondo del recurso;

EN CUANTO A LA PREVARICACIÓN

Tanto la Procuraduría General de la República, como el Juez a-quo, cometieron el crimen de prevaricación. ¿Qué es prevaricación en el caso ocurrente? No es más que dictar una decisión contraria a la ley. Eso fue lo que hizo el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, DANILO AMADOR QUEVEDO, estatuir contrario a la ley, que por demás puede ser procesado por este crimen.  La prevaricación aquí es mucho más grave, pues se trata de favorecer a la empresa ODEBRECHT en el perjuicio del Estado Dominicano, sobornando y sobrevaluando las obras construidas.

El acuerdo entre la entidad ODEBRECHT y la Procuraduría General de la República procede mediante un juicio penal abreviado, es decir, se debe presentar la acusación y ese acuerdo se presenta ante el juez, para que decida sobre el acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, pero en el caso que ahora conocéis ni hay imputado ni hay acusación. Se trató de un acuerdo al amparo del artículo 376.6, para no presentar acusación en contra de la entidad ODEBRECHT y de esta manera proteger a la entidad que ha permeado todos los estamentos del Estado con sus sobornos y sobrevaluaciones y la mejor muestra de todo ello es que contradictoriamente la Procuraduría actualmente tiene un expediente abierto y por otro lado, el estado dominicano está demando por la empresa ODEBRECHT en tribunales internacionales en perjuicio de todos los dominicanos.

    No olvidemos que se trata de unos hechos gravísimos que no resuelve con un simple acuerdo, pues este acuerdo oportunidad, más bien lo que hace es garantizar la impunidad y la corrupción en perjuicio del Estado. El artículo 34 del Código Procesal Penal, antes transcrito, establece muy bien que ese acuerdo no procede por el perjuicio que se evidencia al Estado Dominicano, por lo que la resolución impugnada debe ser anulada. POR TANTO, he aquí;

PRIMERA INFRACCION en contra de la CONSTITUCIONAL COMETIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. –

 

  • VIOLACION AL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

 

En efecto, sobre el principio de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, sostiene el TC constitucional español que la indefensión y la tutela judicial efectiva deben entenderse de la manera que sigue:

“Este tribunal ha reiterado, en relación con el derecho fundamental a no padecer  indefensión (Art. 24.1.CE), por un lado, que la indefensión es una nación material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales, y por otro, que para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.1 CE, se quiere que los órganos judiciales hayan impedido obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercer su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano judicial”.

Una de las garantías fundamentales del debido proceso es el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita, así como el derecho de ser OIDO por el juez según los artículos 22.5 y 69.1.2, de la Constitución, el 8.1 de la Convención Interamericana de los derechos humanos y los artículos 82, (recusación) y el 85 del Código Procesal Penal. Sin embargo, todo esto estándar legal fue groseramente violado por los jueces que conocieron las instancias y los distintos recursos incoados por el ciudadano MANUEL JIMENEZ, a pesar de que se trata de unas disposiciones normativas que en conjunto forman parte fundamental del bloque de constitucionalidad de conformidad con el artículo 74.3 de nuestra Constitución y el PIDCP en su art.14;

    Estas garantías constitucionales y procesales están concretizadas fuertemente en los artículos antes comentados y muy especialmente en la sentencia evacuada por este Tribunal Constitucional sobre el particular, que por igual reconoce que todo tribunal al fallar debe motivar adecuadamente sus decisiones lo que tampoco se advierte en ninguno de las resoluciones recurridas.

    En efecto es importante señalar que el legislador dominicano al momento de concretizar el derecho fundamental a motivar los fallos estableció en el artículo 24 del C. P. P., y que los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, lo que no se desprende de ninguno de los fallos recurridos.  

    Toda decisión judicial que conculque derechos fundamentales, como lo es el  derecho constitucional a ser oído de conformidad con la constitución y las leyes y no observe y cumpla estrictamente con el debido proceso de ley y los principios básicos y fundamentales que rigen el proceso y juicio penal, como lo son la ORALIDAD, la CONTRADICCIÓN y la PUBLICIDAD es recurrible puesto que genera apreciables gravámenes de derechos fundamentales.

    En los casos y procesos que una persona física o jurídica se haya constituido en parte como sucede en el caso de la especie, tiene abierto la acción recursiva, aunque la misma no esté prevista como mal lo entendieron los jueces y las jurisdicciones que trataron el recurso del exponente, de manera expresa en la norma procesal, esto, así como remedio procesal ante la conculcación de los derechos sustantivos que pueden ser invocados en cualquier estado de causa.

    En el caso que nos ocupa, el recurso de revisión constitucional procede puesto que ya se cerraron las vías ordinarias violadoras de los derechos a querellarse, por ello con esta acción MANUEL JIMENEZ, procura remediar o revocar las decisiones, sobre todo, la de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dada que está en abierta transgresión a esos derechos fundamentales del querellante y la violación premeditada por un juez temerario, sin conciencia funcional, apartado de la ética judicial y desprovisto de objetividad  se llevaron de paro el principio de LEGALIDAD y los principios precedentemente constitucional antes citados.

    Estos conceptos de interpretación  y fundamentación jurídica encuentra su arraigo en la lógica jurídica  y en el concepto de que el derecho no ha sido concebido para agenciarse impunidad ni es un instrumento para cometer injusticias apartado de los supuestos y presupuestos consagrados en las leyes y normas que rigen la materia de que se trate, en el caso del Derecho  Penal que es el que invocamos en el presente recurso, el código procesal penal es el instrumento legal al que jueces y tribunales están supeditados a sus disposiciones, las cuales han sido inobservadas de manera afrentosa e ilegal por el juez cuya decisión se recurre.

    De ahí que toda decisión es susceptible del recurso que corresponda, aún no esté éste consignado de manera expresa en las disposiciones de carácter procesal, de conformidad con el principio de Progresividad, toda vez que los derechos fundamentales no son limitativos, sino progresivos y así lo han establecido diversas sentencias de las cortes de apelación, como de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, algunas de las cuales citamos en el cuerpo de la presente instancia.  

    Por tanto, es procesalmente viable el recurso de revisión en el presente caso por tratarse de la violaciones de PRECEDENTES y de derecho fundamental, protegido constitucionalmente como lo es el derecho acceso a la justicia y de ser OÍDO y ejercer todas las acciones que la constitución y las leyes prevén, a fin de hacer efectivos esos derechos de los cuales ha sido privado ilegal y arbitrariamente el querellante MANANUEL JIMENEZ, que por disposición de la decisión que se recurre han cercenado los jueces a-quo y a-quem del Distrito Nacional.

 

  • FALSA Y MALA INTERPRETACIÓN DE LA LEY. VIOLACION GROSERA AL ART. 425 del C. P. P.

 

    Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en la página 5 de la resolución No. 5515-2017, mal interpretando la norma procesal y de manera totalmente errada desestimaron el recurso de casación del exponente ciudadano MANUEL JIMENEZ, entre fondo y forma, alegando de manera lacónica, como lo han hecho permanentemente y se lo ha reprochado con la misma contundencia en diversos fallos esta instancia constitucional, lo que sigue. Cito:

…“que la resolución que nos ocupa no se encuentra estipulada dentro de los términos establecidos por el artículo 425 del Código Procesal Penal, así las cosas no es susceptible de ser recurrida por ante esta jurisdicción de alzada, por lo que procedieron a declarar inaudible el indicado recurso de casación ejercido por el ahora recurrente”.

    No es ocioso recordar que es jurisprudencia constante sobre que: “el auto de apertura a juicio no es susceptible de recurso de ningún recurso, salvo cuando se violen aspectos de índole constitucional, lo que bien puede pudo inferir la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia, y obvio (…)”

    Que esta valoración simplista y apartada de toda lógica jurídica y desprovista de objetividad no cabe en el razonamiento tutelar, ni siquiera de un grumete del derecho, esto así, porque todo el que ejerce derecho penal sabe que no son solo susceptible del recurso de apelación las contenidas estrictamente en la norma procesal, porque el auto de apertura a juicio esta taxativamente prohibido el recurso de apelación, pero ha sido jurisprudencia constante de que siempre y cuando viole derechos fundamentales es recurrible en apelación. De ahí y otros fundamentos esgrimidos por nosotros en el propio recurso de apelación de que toda decisión violatoria de derechos fundamentales es recurrible debe cosechar su anulación puro y simple.

    En este caso se le puso fin al proceso desde que el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción HOMOLOGO el proceso para beneficiar a Odebrecht, misma que ahora acusa al estado dominicano en tribunales internacionales;

    En el caso de la especie las decisiones atacadas mediante los distintos recursos, de apelación y más luego casación, se trató de dos decisiones que distinto a lo que alegan y aducen dichas jurisdicciones superiores, entiéndase los jueces de la Corte de Apelación como los de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, (o de injusticia), sobre que las mismas no podían ser atacadas o recurridas debido a que no se subsumían en los términos de los artículos 410, 416 y 425 del Código Procesal, a contrario sensu de lo entendido por ellos, ambas resoluciones si podían ser recurridas mediante recursos, habida cuenta de que las mismas le PUSIERON TERMINO AL PROCESO, pues basta conjugar combinadamente los artículos 34, 46 y 425 de dicha norma procesal y se podrá arribar a la conclusión siguiente que de hecho es el punto novedoso y de interés;

.-CRITERIO DE OPORTUNIDAD. CONCEPTO y EFECTOS.

  1. Se define el criterio de oportunidad o Principio de oportunidad como “…un instituto conciliatorio del Derecho Procesal Penal que permite a los sujetos activos y pasivos de determinados delitos arribar a un acuerdo sobre la reparación civil a efectos que el Fiscal se abstenga del ejercicio de la acción penal o el Juez dicte auto de sobreseimiento”.
  2. Es por esta razón que nuestra normativa (Art. 34) establece “El ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública…”. Un criterio de oportunidad es un supuesto en el cual la Procuraduría decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. Es decir, la Procuraduría ya determinó que sí existe un delito y además que existe la responsabilidad de un individuo, y aún así no presenta el caso ante la autoridad judicial.
  3. Si bien es cierto que, lo ese instituto se justifica por la necesidad de aplicar una política criminal racional que contemple una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Esto es, las Procuradurías están imposibilitadas para perseguir de forma eficiente la totalidad de los delitos cometidos debido a la escasez de recursos (tanto de capital humano como de financiamiento), por lo que, el legislador tolera y permite que ante lo ínfimo, se ocupe de lo más importante.
  4. Siendo así, necesario es determinar que, por imperio de la ley procesal ese instituto es una de las decisiones que pone fin al proceso. Esto queda establecido en el Art 35 “La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública…” y aún más el párrafo literal segundo agrega “La extinción de la acción pública…”, es por ésta razón de peso legal que, La Corte Suprema prevaricó en su absurda interpretación deliberada de rechazar el recurso de casación, en contra de una decisión de la Corte a quem que puso fín al proceso, tal cual establece el Art. 425 Decisiones recurribles. (…) cuando pongan fin al procedimiento…”
  5. No es verdad que, éste hecho cometido de manera principal por una persona jurídica que ha CORROMPIDO a toda América Latina y, muy especialmente, a los gobiernos y la justicia, es un hecho de nimiedad o ínfimo que, una vez establecida la existencia –porque es una condición sine qua non y, por demás, es un crimen de lesa humanidad se escuda en ese instituto para casos de vaga telas.   
  6. Erró la Suprema Corte y es imperdonable que, con jueces que ocupan la cátedra procesal penal en diversas universidades, a esta altura de la existencia de la ley procesal, a unanimidad digan que una decisión proferida por la Corte ad quem que a su vez rechaza una impugnación sobre el instituto del principio de oportunidad no está abarcada dentro del rango de admisibilidad del Art. 425, eso sólo pueden hacerlo mentes comprometidas con la proliferación de la corrupción gubernamental.
  7. Aquí queda planteado un gran interés a favor de la administración de la justicia procesal, porque de una simple lectura y comparación integral, al usar el método de interpretación de Carl Von Savigny, cualquier ciudadano entiende que una decisión que acoge un criterio de oportunidad pone fin al  proceso y es impugnable por la víctima y víctima en un hecho de corrupción confeso y admitido como el de la especie y, sobre todo, a la escala que fue, es “cualquier ciudadano” a excepción de los cómplices de la corrupción.
  8. Este punto adquiere relevancia constitucional porque tiene un fin también propedéutico, en tanto, busca mediante una comparación de los textos legales-procesales enseñar los efectos del instituto del criterio de oportunidad y rescatar el valor que la ley tiene dentro del rango de la constitucionalidad. Donde la ley no es ambigua ni oscura, a ningún juez se le faculta realizar maniobras de interpretación profusa, confusa y difusa…sencillamente: El criterio de oportunidad pone fin al proceso y toda decisión que pone fin al proceso está contemplado dentro del rango del Art. 425 y esta decisión proviene de la Corte a quem,  por tanto, es criticable la salida vulgar, manifiestamente contrario al derecho vigente por la que se avalanzó La Suprema Corte.
  9.   Es por eso que de aceptar como valido el argumento errado y sin motivación en una clara violación del principio de tutela judicial efectiva y sobre la ausencia de motivación de los jueces que dictaron sendas decisiones oportunamente recurridas finalmente en casación y en consecuencia mantener como buena y válida una decisión ilegal sería un grave agravio a los derechos adquiridos por la ciudadanía, no es el propósito para el cual ha sido concebido el derecho y la justicia en lo tocante al derecho en caso de corrupción que tiene cualquier ciudadano a querellarse, lo cual sería de hecho contrario a los precedentes de este mismo tribunal constitucional y la resolución 1-18 de CIDH, antes citadas, para tan deportivamente beneficiar a la empresa corruptora ODEBRECHT, que al parecer es lo ha  querido por acción u omisión concretar en su teórica resolución de formularios la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia.
  10. Que en ese tenor la decisión recurrida tiene que ser ANULADA por ser contraria al principio de legalidad y este Honorable Tribunal Constitucional como máximo interprete de la Constitución y garante de los derechos fundamentales, por ello como encargado final debe examinar los agravios generados al recurrente por dichos órganos jurisdiccionales, más aún tiene la obligación de anular la decisión de marras, porque de no ser así bastaría con que el interesado de un proceso consiga un juez que abiertamente viole la ley en una decisión y la misma no esté incluida en los supuestos que permitan ningún recurso, lo cual sería fuente de múltiples injusticias.
  11. Con independencia de la tutela subjetiva del derecho del recurrente querellarse en cuanto se trate de asuntos vinculados a fondos públicos y el de “ser oído ”, el presente caso permitiría al Tribunal Constitucional analizar si dicho juez tenia facultad legal y sin acusación en contra de nadie para realizar un acuerdo sobre acto de corrupción de fondos públicos, sin imputados, previamente recusado y obviando la presencia del querellante, y en efecto establecer un precedente vinculante en este sentido que defina criterios constitucionalmente relevantes que orienten a los jueces del orden judicial-penal sobre el particular asunto, y sobre todo, en la aplicación de la garantía constitucional de si una HOMOLOGACION de un CRITERIO DE OPORTUNIDAD no le pone termino al proceso, como sucedió en el caso de especie.
  12. En ese sentido, queda a cargo del Máximo Intérprete de la Constitución este punto, y podrá no solo evaluar la omisión en que ha incurrido el órgano judicial en el caso concreto (función de control o negativa), sino establecer un criterio jurídico propio que direccione la aplicación de esta garantía procesal (función pedagógica o positiva). Véase en página 90, sobre este particular punto la monografía “LA ACCION PENAL”, del profesor JOSE DE LA MATA AMAYA, citado ya en parte anterior de esta misma instancia de recurso.
  13. De manera que al conocer la decisión impugnada por ante el órgano casacional sepa con claridad cuáles son los criterios sustantivos a que debe atenerse para tutelar el derecho a ser oído y sobre todo, a saber realizar un juez de la instrucción una HOMOLOGACION, sin imputados y un proceso decretado por otro Juez como complejo, con discrimen de un querellante y sobre todo, con un juez al momento de conocer el acuerdo entre Procuraduría  de la Republica y ODEBRECHT recusado y en espera de que la Corte de Apelación decidiera la misma, todo esto sin observar esos órganos superiores en el ámbito jurisdiccional que las decisiones recurridas, por ante la Corte de Apelación y luego por ante la Suprema Corte de Justicia, si se subsumían en los términos de los artículos consignados en los recursos al ser combinados con el 34, 36 y 425 de la norma, que –SI- ponía termino al proceso de la HOLOGACION.
  14. Al hilo de lo anterior creemos que es labor en el marco de interpretación del Tribunal Constitucional de ese gravamen a los derechos a querellarse del ciudadano no puede ser ajena a la concretización ya realizada por el legislador en los artículos 83, 84 y 85 del rubro procesal y los arriba referidos, el propio artículo 8.1 de la Convención de derechos humanos, (CIDH), el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el 22.5, 68, 69.1.2 y 74 de la Constitución; pues como bien ha planteado  el constitucionalista alemán Peter Häberle, en sede legislativa tienen lugar movimientos, innovaciones, cambios, pero también ‘confirmaciones’, que constituyen más que mero ‘material objetivo’ para la (posterior) interpretación constitucional; son una parte de la interpretación de la Constitución, porque en su marco la realidad pública se crea y se transforma a menudo imperceptiblemente. Aunque la libertad de configuración que posee el legislador ‘como’ intérprete de la Constitución, se diferencia cualitativamente de la libertad de movimiento que en la interpretación dispone el juez constitucional, porque su amplitud se delimita en cada caso de forma técnicamente muy distinta, esto no significa, sin embargo, que tenga que existir una diferencia notable también cuantitativamente. […] El legislador crea un fragmento de publicidad y realidad sobre la Constitución, pone acentos para el ‘desarrollo’ posterior de los principios constitucionales. Opera como precursor de la interpretación constitucional y de la ‘transformación constitucional’.
  15. Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado a ese respecto en múltiples sentencias, con las cuales ha creado la norma jurídica de que toda decisión carente de motivación y violatoria de derechos fundamentales tiene abierto el recurso que corresponda ante el tribunal inmediatamente superior al que emitió la decisión que se recurra, como sucede en el caso de la especie donde sendas instancias se fueron por las fácil desestimando el recurso, sin analizar a profundidad, sobre que trataba de una resolución la del Juez del TERCER JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN, que si ponía termino al proceso toda vez que dicha HOMOLOGACION al ser confrontada con el artículo 36 del Código Procesal Penal, deja meridianamente claro que ese tipo de acuerdo, CRITERIO DE OPORTUNIDAD, el que acogió el Juez DANILO QUEVEDO en ocasión del pedimento formulado por el Ministerio Publico tiene por EFECTOS taxativamente la norma en comentario, la extinción del proceso en favor del imputado en cuyo favor se disponga.
  16. Empero, es mejor otra vez, aunque resulte un poco sobre abundante, ver íntegramente el texto y verán lo antes dicho.

Veamos:   

Art. 34.- Oportunidad de la acción pública. El ministerio público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, cuando:

 

  • Se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste;

 

Art. 35.- Objeción. Dentro de los tres (3) días de haber sido dictada, la víctima y el imputado puede objetar ante el juez la decisión del ministerio público que aplique o niegue un criterio de oportunidad, cuando no se ajuste a los requisitos legales o constituya una discriminación. Presentada la objeción, el juez convoca a las partes a una audiencia.

Art. 36.- Efectos. La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga.

  1. No obstante, si el criterio se fundamenta en la aplicación del numeral 1 del artículo 34 sus efectos se extienden a todos los imputados. La extinción de la acción pública no impide la persecución del hecho por medio de la acción privada, siempre que se ejerza dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de la notificación de la medida
  2. En el caso del numeral 3 del artículo 34 la acción pública se suspende hasta el pronunciamiento de una sentencia condenatoria que satisfaga las condiciones por las cuales se prescindió de la acción, momento en que la prescindencia de la acción adquiere todos sus efectos.

“Artículo 40.- Suspensión condicional del procedimiento. En los casos en que se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena inferior a cuatro años de prisión mayor o una sanción no privativa de libertad, el ministerio público, de oficio o a petición de parte, puede solicitar al juez la suspensión condicional del procedimiento en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio.

El juez puede disponer la suspensión condicional del procedimiento cuando el imputado ha declarado su conformidad con la suspensión, ha admitido los hechos que se le atribuyen y ha reparado los daños causados en ocasión de la infracción, firmado un acuerdo con la víctima o prestado garantía suficiente para cumplir con esa obligación. Si no se cumplen las condiciones establecidas en este Artículo, el juez rechaza la solicitud, pero la admisión de los hechos por parte del imputado carece de valor probatorio y no puede hacerse mención de esta circunstancia en ningún momento posterior”

  1. Honorables Jueces del Constitucional, como se evidencia, los Jueces -tanto de la Corte de Apelación, Tercera Sala, como de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia-, al rechazar tan olímpicamente los recursos mediante un teórico y ritual esquema formularial, sin motivaciones serias y contrariando los mandatos de la norma procesal y los propios precedentes de este TC, violaron lo establecido en la ley procesal en su artículo 417 y 425. sin desmedro de que al Juez de la Instrucción no le era dable, sin imputados, conocer y acoger el pedido de HOMOLOGACION en abierta violación la ley. En el caso que nos ocupa hablamos de una organización criminal en perjuicio del Estado Dominicano. El artículo 370.6 del Código Procesal Penal, expresa la facultad de otorgar un criterio de oportunidad, es una especie de negociación que puede realizar el Ministerio Público para llegar al fondo de la investigación y en ese momento de la HOLOGACION no existía aun una investigación abierta contra nadie ni se trataba de un caso de los llamados de BAGATELA.
  2. Pues; jamás podrá ser insignificante un caso donde al estado dominicano le han timado por encima de 92 millones de dólares en principio.
  3. Pero, además, el juez de la Instrucción, DANILO QUEVEDO, no estaba facultado para conocer de dicho acuerdo, pues el artículo 34, en sus numerales 1, 2 y 3, establece cuando se puede prescindir de la acción penal y cuando no es posible. En la fase donde fue conocida la homologación, el juez a-quo, no estaba facultado en virtud de que no se había realizado una investigación ni mucho menos había imputados y, por lo tanto, el acuerdo entre la entidad ODEBRECHT y la Procuraduría General de la República, es nulo de pleno derecho, de toda nulidad absoluta como al efecto lo debe decretar este Tribunal Constitucional a la luz del principio de legalidad.
  4. A mayor abundamiento, igualmente, debemos agregar que tenemos: la TC-0009-13 del 11 de febrero de 2013 sobre la “obligación de motivar las sentencias; contenido necesario para su satisfacción; tutela judicial efectiva”, “El derecho a la motivación de las decisiones; causal de nulidad; Debido proceso”; y, en ese mismo sentido, la TC-0017-13; TC-0187-13; TC-0077; TC-14, TC-0082-14 y TC-0045-13.
  5. Una violación de índole constitucional abre la vía de recurrir, razón por la cual este órgano debe observar la resolución de referencia donde a simple vista se puede constatar violaciones de carácter sustantivo. Al respecto, solo invitamos a la Corte a leer detenidamente la resolución que atacamos al amparo de los artículos 34, 36 y 425 de la norma con la presente instancia y confirmara, que en cuanto el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, aun RECUSADO, pronuncio la HOMOLOGACION del funesto acuerdo, le puso fin a ese proceso y por vía de consecuencia, los recursos en sus contras si eran las vías idóneas para atacar dichas resoluciones de marras, punto donde está el grave error en la aplicación de la norma de las instancias superiores y lo que expresamos ut supra.
  6. Estas razones hacen posible la valoración del presente recurso de revisión constitucional por constituir una causa justificada y novedosa de interés procesal.
  7. El recurrente en su recurso de casación solicitó formalmente a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, respecto a este punto, lo siguiente:

PRIMERO: Previo a fallar, COMPROBAR, DECLARAR Y LIBRAR  acta al concluyente contentiva de que el recurrente se constituyó  como querellante, con anterioridad al conocimiento del malhadado acuerdo entre un alegado abogado de Odebrecht y la Procuraduría General de la República, y que todo esto, le fue comunicado al Juez fallador, sobre que el “PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA”, y LAURA PELLETIER, antes de conocer el dicho acuerdo y homologarlo ya disponía de la querella en sus archivos o carpeta fiscal, lo cual acreditaba la calidad sobrada de querellante.  

SEGUNDO: Declarar ADMISIBLE el presente recurso de casación en contra de la resolución NO. 0264-TS-2017, NCI NUM: 502-01-2017-00261, DE FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2017, dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por violación a DERECHOS FUNDAMENTALES, por haber sido presentado en tiempo hábil y conforme a la normativa procesal penal.

TERCERO: REVOCAR la decisión recurrida, declarando nulo y sin ningún valor jurídico, la homologación hecha por el Juez de la Instrucción del Distrito Nacional al acuerdo suscrito entre la entidad ODEBRECHT y la Procuraduría General de la República, en virtud de que el criterio de oportunidad no procede en el presente caso por tratarse de un hecho que conlleva pena de más de tres (3) años, pues el acuerdo solo procede cuando se ha presentado acusación y mediante el juicio penal abreviado y en el presente caso no hay imputado, ni acusación.

  1. Este incumplimiento de ser oído y de motivar dicho equivocado fallo, que si le puso término al proceso a tenor de los artículos combinados 34, 36 y 425 de la norma procesal penal, no fue adecuadamente analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia, quien al fallar como lo hizo violentó la norma en los referidos artículos como ya lo hemos demostrado en esta misma instancia recursiva.
  2. En ese sentido, el Máximo Intérprete de la Constitución, podrá no solo evaluar la omisión en que ha incurrido el órgano judicial en el caso concreto (función de control o negativa), sino establecer un criterio jurídico propio que direccione la aplicación de esta garantía constitucional (función pedagógica o positiva). De manera que al anular la decisión impugnada el órgano casacional sepa con claridad cuáles son los criterios sustantivos a que debe atenerse para tutelar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o sin demoras indebidas.
  3. Esta labor de interpretación del Tribunal Constitucional no puede ser ajena a la concretización ya realizada por el legislador en los artículos mencionados; pues como bien ha planteado  el constitucionalista alemán Peter Häberle, en sede legislativa tienen lugar movimientos, innovaciones, cambios, pero también ‘confirmaciones’, que constituyen más que mero ‘material objetivo’ para la (posterior) interpretación constitucional; son una parte de la interpretación de la Constitución, porque en su marco la realidad pública se crea y se transforma a menudo imperceptiblemente. Aunque la libertad de configuración que posee el legislador ‘como’ intérprete de la Constitución, se diferencia cualitativamente de la libertad de movimiento que en la interpretación dispone el juez constitucional, porque su amplitud se delimita en cada caso de forma técnicamente muy distinta, esto no significa, sin embargo, que tenga que existir una diferencia notable también cuantitativamente. […] El legislador crea un fragmento de publicidad y realidad sobre la Constitución, pone acentos para el ‘desarrollo’ posterior de los principios constitucionales. Opera como precursor de la interpretación constitucional y de la ‘transformación constitucional’.
  4. En ese sentido, resultan sabías las consideraciones de la Corte Constitucional de Colombia al expresar que el legislador “tiene la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho”.  Y abundando más: “Este margen de acción o libertad de configuración política, admite una gradación que depende a su vez del grado de precisión con el que el constituyente perfila una institución jurídica, y del propio desarrollo constitucional de la misma. Así, podría decirse que la libertad de configuración del legislador es inversamente proporcional a la precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución jurídica. A mayor precisión de las nociones constitucionales, menor libertad de acción para el legislador. A mayor desarrollo constitucional de la normatividad superior, menor espacio de acción para la ley. A su vez, el grado de la libertad de configuración, determina la intensidad del control constitucional”.
  5. El Tribunal Constitucional ha de ser especialmente deferente con las definiciones o concretizaciones legislativas de los conceptos constitucionales indeterminados que resulten razonables y coadyuven a la expansión del sentido protector de la ley fundamental en su artículo 22.5. El ejercicio legítimo del poder penal no puede quedar supeditado al tiempo prudencial y caprichoso que le quiera fijar el Poder Judicial, pues como bien advirtió en 1888 el jurisconsulto Francesco Carrara: “seria burlarse del pueblo el dictar preceptos de procedimiento dejando su observancia a gusto del juez. Si el legislador dicta un procedimiento que pueda ser violado al arbitrio de los jueces, no hace una ley, sino que se limita a dar un consejo”.
  6. Así que, conscientes de que el Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia jurisdiccional, nos limitamos a pedirle que anule la resolución No. 5515-2917, sin criticar las anteriores a esta, emitida irracionalmente en un formulario y a contra pelo del marco procesal, por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por negar pronunciarse acerca de la vulneración del derecho a ser oído, debido proceso legal, (juez recusado que falla), tutela judicial efectiva y agravios a precedentes Constitucionales y en efecto establezca, por autoridad propia un precedente vinculante acerca de la aplicación de esta  garantía en el ámbito del proceso penal; anule y ordene a la Suprema Corte de Justicia que adopte una nueva decisión conforme el criterio de envío del Tribunal Constitucional.
  7. Finalmente, y para demostrar los graves errores en los que incurrió la Segunda Sala de la Corte Suprema como Corte de Casación, en cuanto al deber de motivación, el Tribunal Constitucional ha fijado el alcance de la obligación que tienen los tribunales de dictar decisiones debidamente motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso, y sobre el particular a establecido esta instancia de garantías en su Sentencia No. TC/0009/13, del 11 de febrero del 2013, lo siguiente:

Al respecto, consideramos que no es discutible la obligación positiva de motivación de sentencia que recae sobre los jueces y tribunales en toda materia y jurisdicción, e incluso sobre las autoridades administrativas en el ejercicio de ciertas atribuciones, el cual por otra parte encarna y representa un derecho que tienen las partes de que se les explique los motivos por los cuales se acoge o rechaza una demanda o un recurso.

La obligación de motivar la decisión por parte de los tribunales, constituye un elemento integral del derecho a una tutela judicial efectiva, y no basta la mera enunciación genérica de principios y normas sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho a aplicar.

 Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación;

Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación;

Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.

  1. Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-214/12 de fecha dieciséis (16) de marzo de 2012, en el ejercicio de una acción de tutela contra providencias judiciales, expuso lo siguiente:

La motivación es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque sólo mediante la motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos, y porque sólo cuando la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa. En el caso de los jueces de última instancia, la motivación es, también, su fuente de legitimación democrática, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jurídicas y sociales.

La motivación de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posición jurídica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica aplicable al caso. En el estado constitucional de derecho, la motivación adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho y la obligación de los jueces y operadores jurídicos de aplicar las reglas legales y/o reglamentarias sólo en la medida en que sean conformes con la Carta Política (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiación, interpretación conforme y carácter normativo de la Constitución) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que dé cuenta del ajuste entre su interpretación y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentación que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales.

En tal virtud, el indicado precedente indica que a fin de dar cumplimiento al deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial se requiere:

  1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones;
  2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
  1. Expediente núm. TC-04-2013-0080, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de noviembre de dos mil 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010). Página 29 de 58.
  1. c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
  1. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción…
  1. De manera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y lógica, de suerte tal que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en derecho. En el presente caso, la resolución impugnada no reúne los elementos fundamentales de una decisión motivada, por cuanto se limita a transcribir textos legales y a emplear fórmulas generales y vacías de fundamentación para el caso concreto, por lo que este Tribunal verifica que la misma vulnera la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva y el debido proceso del recurrente, consagrada en el artículo 69 de la Constitución.
  1. En tal sentido, este tribunal constitucional considera que la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 27 de noviembre del 2012, no cumple con los requisitos de una debida motivación, por lo que debe ser anulada, y en consecuencia, por aplicación de lo que establece el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, remitir el expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de reconsiderar los motivos expuestos por el recurrente y fallar el caso apegado a los requisitos establecidos en el precedente sentado en la Sentencia No. TC/0009/13, a fin de que le sea preservada al recurrente la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República.

Y es por todos los motivos, de hecho y derecho, y sobre todo en virtud de los precedentemente expuestos, en los cuales se hace indicación especifica de las violaciones a los derechos fundamentales del recurrente, configuradas en las mencionadas resoluciones 5515-2017, rendida el 13 diciembre  2017 por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y por cualesquiera otras cuestiones de naturaleza constitucional que pudieren ser suplidas de oficio por los Honorables Magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, al revisar la decisión objeto del presente recurso, con su elevado conocimiento jurídico y recto espíritu de justicia, el recurrente, el Señor MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORTEGA, en su innegable condición de ciudadano amparado en el artículo 22.5, 68, 69.1.2, de la cara política dominicana, 8.1 de la Convención de los derechos humanos, 83, 84 y 85 del texto procesal y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y más aún en la RESOLUCION 1/18 sobre la CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS, emitida por la CIDH.

Tienen a bien solicitar respetuosamente lo siguiente:

VII. CONCLUSIONES Y FORMAL PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN PRETENDIDA.

PRIMERO    :    En cuanto a la forma, que sea ADMITIDO el presente Recurso de Revisión Constitucional en contra de la Sentencia No. 277, rendida el 10 de abril de 2017 dictada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de un Recurso de Casación incoado por el Señor MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORTEGA, por haber sido interpuesto acorde con las condiciones exigidas en el artículo 53 de la Ley 137-11 y en plazo establecido en el artículo 54.1 de la misma.

SEGUNDO    :     En cuanto al fondo, en virtud de todo lo antes dicho, ACOGER el presente recurso de revisión constitucional constatando que la resolución impugnada viola el derecho a la tutela judicial al carecer de la no aplicación de la garantía conforme el debido proceso, del derecho a ser oído por un juez imparcial, consecuentemente, el derecho a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley, el principio de legalidad. En consecuencia, amparar el recurrente y por efecto de ello, DECLARAR NULA y REVOCAR en todas sus partes la resolución de que se trata, en ocasión de que la HOMOLOGACION a contra pelo que le puso fin al proceso, emitida por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en fecha 13 de diciembre 2017, notificada el 21 de febrero 2018, fue vulgarmente emitida en desconocimiento por demás de los términos de la ley de contrataciones públicas 340, los precedentes del T.C., citados, la constitución, los pactos, los acuerdos, los tratados y el Código Procesal Penal;

EN TODO CASO Y ANTE EL REMOTO E IMPROBABLE CASO DE QUE LAS ANTERIORES CONCLUSIONES NO SEA FORMALMENTE ACOGIDAS, ENTONCES:

TERCERO    :    DECRETAR Y DISPONER LA ANULACION radical y absoluta de la resolución cuestionada, y por efecto ENVIAR el expediente a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, para que otros jueces fallen el fondo del recurso de que se trata con estricto apego al criterio que tenga a bien establecer este Tribunal Constitucional, en relación con los derechos fundamentales violados; recordándole que al conocer el fondo del recurso debe responder conforme a derecho válido todos y cada una de los agravios planteados en el recurso de casación.

    En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del año Dos mil dieciocho (2018).

Los dignos letrados, abogados del Recurrente MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORTEGA:

___________________

Manuel Sierra Pérez

_____________________

Rigoberto Rosario Guerrero

__________________

Daniel Izquierdo

ANEXOS:

1.- Constancia de Entrega y Notificación de la Resolución Recurrida de fecha 21 de febrero 2018.

2.- Resolución No.  0264-TS-2017, DE FECHA 31 MAYO 2017, dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

3.- Acto de alguacil No. 91, de fecha 21 de febrero 2018, de notificación de la resolución No. 5515.2017, del protocolo del Min. De la suprema corte de justicia VICTOR ANDRES BURGOS.

4.- Copia de la Resolución No. 5515-2017 del 13 de diciembre 2017, emitida por la segunda sala de la suprema corte de justicia;

5.- Copia de la QUERELLA interpuesta por MANUEL JIMENEZ de fecha 21 de febrero 2017;

6.- Copia de la del acto de recusación en contra del Juez DANILO QUEVEDO, de fecha_____________;

7.- Copia de la instancia depositada por ante la secretaria del juzgado tercero de la instrucción dando parte de la existencia de la Querella interpuesta por el recurrente MANUEL JIMENEZ;

PRETENSIONES PROBATORIAS:

Demostrar con todos estos documentos demostramos los impenitentes agravios y los errores en los que han incurrido los órganos jurisdiccionales en detrimento de los derechos fundamentales de ciudadanía del señor MANUEL JIMENEZ, y de los precedentes constitucionales vinculante a todos los órganos públicos, los cuales fueron groseramente violentados y deben ser reparados por este Tribunal Constitucional como garante y guardián de la Constitución, la legalidad y la seguridad jurídica;

Videos de Ciudad Oriental en Youtube
Videos de Ciudad Oriental en Youtube

Vea también

Marcha Verde inicia ruta para sumar un millón de voluntades ciudadanas contra la corrupción

Fuente: Prensa Marcha Verde Cientos de ciudadanos y ciudadanas de diferentes sectores de Santo Domingo …

Eduardo Estrella afirma sin planes concretos no se puede hablar de seguridad ciudadana

Fuente: Prensa DXC Santo Domingo de Guzmán.- El líder del Partido Dominicanos por el cambio …

Comentarios: