Justicia

Ministerio Público presenta acusación contra red de Miky López por drogas

La Vega. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, depositó acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, sus dos hijos y otras dos personas por supuestamente pertenecer a una red dedicada al narcotráfico internacional.

En un expediente de más de 400 páginas, Junto a López, esposo de la diputada Rosa Amalia Pilarte, fueron acusados sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román.

También, las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, según un comunicado del Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación, «todas estas empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico».

En la red también está involucrado el supuesto socio de López, Pablo Antonio Martínez Javier, extraditado desde Estados Unidos, donde fue condenado en 2009 por narcotráfico.

“La red criminal se encargaba de traficar con  sustancias  controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, como cabecilla Miguel Arturo López Florencio (a) Micky Lópezy  los demás  miembros, blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como  lícitos  los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas”, señala el Ministerio Público en su acusación.

El órgano persecutor del crimen indicó que durante las pesquisas se ha podido determinar que Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban de testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas del grupo económico encabezada por el Miky Lopez por más de RD$ 3,168,764,813.00,  de igual forma este utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes dentro de los cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.

De igual manera al señor Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento  de este tipo en nuestro país y quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial.

Con relación a la imputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Miguel López, se ha establecido durante las pesquisas que realizó transacciones financieras que ascienden a la exagerada suma de $2,593,377,316.00, evidenciándose que también  forma parte esencial de la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico.

En la investigación, indicó el Ministerio Público, se pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector financiero nacional además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII) así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.

De acuerdo con el órgano de la persecución penal, esta organización movió entre 2007 y 2019 más de 2,000 millones de pesos, «información corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas».

En su  Acusación y Solicitud de Apertura a Juicio, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorga al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.

La Fiscalía solicita además que sean validadas todas las pruebas aportadas y   sean variadas las medidas de coerción que pesan sobre los acusados.

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