Por Juan López
Hace más de una década que en Haití no se han podido realizar elecciones. Las últimas elecciones presidenciales fueron el 25 de octubre de 2015; por cierto, tanto el proceso como sus resultados fueron muy controversiales y tuvieron una pírrica participación que no llegó al 30 % de los electores.
De esas elecciones resultó electo Jovenel Moise, quien, cinco años después, fue víctima de un cruento magnicidio el 7 de julio de 2021. A partir de ese funesto acontecimiento, la gobernabilidad haitiana se fue al carajo, generando una profunda y compleja crisis sociopolítica y económica que no ha podido superar.
La intolerancia, ambiciones y prejuicios raciales (principalmente, negros versus mulatos) imposibilitan los acuerdos entre haitianos. Son incapaces de resolver sus conflictos sin intervenciones internacionales. Ahí está su historia: ¡seis ocupaciones militares directas a partir del siglo XX!
Hasta la fecha, todas las gestiones realizadas por la comunidad internacional (ONU, OEA, CARICOM, Unión Europea, EE. UU., importantes ONG y personalidades) han fracasado. No existen fórmulas sociopolíticas que, racionalmente, unifiquen a la clase política, los intelectuales haitianos y las élites empresariales.
Comprobada la ineficacia de la intervención militar que, por resolución de la ONU, encabeza Kenia (que ya empezó a retirarse de Haití) sin cumplir con su misión, se suma el desastre que significó el muñeco Consejo Presidencial de Transición (CPT), que, por sus ambiciones personales y luchas internas, tampoco fue capaz de cumplir con ninguna de las funciones y objetivos para los que fue designado. ¡El CPT fue otro fracaso total!
El desastre sociopolítico de los haitianos es de tal magnitud que, inmediatamente, el Consejo Electoral Provisional (CEP) publicó la “intención” de montar un proceso electoral para el 30 de agosto de este año. En menos de dos meses ya han sido reconocidos 280 partidos. Otros 20 partidos están esperando reconocimiento. Posiblemente participarán en dichos comicios 300 diferentes partidos. ¡Qué caricatura de país!
Es imprescindible reflexionar sobre el panorama haitiano previo a sus próximas elecciones. Veamos:
a) Es el país más empobrecido del hemisferio occidental. Más del 75 % vive en la pobreza.
b) Desde 2015, las actividades productivas están semiparalizadas, con una inflación por encima del 25 %.
c) Desde hace más de cinco años en Haití no hay presidente ni tampoco Congreso.
Lo peor:
d) Varias pandillas de delincuentes armados controlan más del 80 % del territorio sobre la base de violencia, secuestros, extorsiones, destrucción, saqueos, narcotráfico y miles de muertos. Un país en total zozobra e inseguridad ciudadana, con carencia total de institucionalidad y gobernabilidad. ¡Verdaderamente, un Estado fallido!
Por la tétrica e impredecible realidad sociopolítica, es temerario y casi imposible realizar elecciones democráticas, libres, equitativas, con resultados transparentes y aceptados por los participantes. Se impone que, previamente, se realice un profundo proceso de pacificación, que requiere desarmar, controlar e inhabilitar las diferentes bandas de delincuentes armados.
Para esos fines, por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el pasado 30 de septiembre, se articuló una fuerza militar internacional antipandillas, con más de 5,500 militares, cuyo principal objetivo es enfrentar y desarmar las pandillas, controlar el territorio y pacificar la sociedad antes de las elecciones programadas para el próximo 30 de agosto. ¿Será posible en cinco meses?
El “despliegue y las acciones de esa fuerza multinacional de militares antipandillas en Haití comenzarán el próximo 1ro. de abril”. ¿Cómo se producirá ese inevitable enfrentamiento? ¿Cuáles serán sus consecuencias políticas y sociales? ¿Se podrán controlar efectivamente las pandillas para pacificar ese desventurado país? ¿Se logrará el ambiente sociopolítico que permita la realización de las elecciones el 30 de agosto?
Las respuestas a esas preguntas las consideramos difíciles; pero es imprescindible que se implementen respuestas firmes mediante la actuación de la fuerza militar internacional. Eso lo demanda el pueblo haitiano y también los países de la región. La paz social y política es previa a la gobernanza e institucionalidad haitianas, lo cual conviene a todos, en particular a la República Dominicana, que se encuentra en ascuas por la permanente y masiva inmigración a nuestro país de desesperados haitianos indocumentados.
Dentro de lo que la diplomacia permita, el gobierno dominicano debe ofrecer todo el apoyo que pudiere necesitar la fuerza militar multinacional que enfrentará las pandillas de delincuentes armados en Haití, para que la paz y la justicia social sirvan de base al bienestar que merece el muy sufrido pueblo haitiano.
Manos a la obra con la única alternativa posible: ¡pacificación, desarme y control de todo el territorio previo a las elecciones haitianas! ¡Ojalá así ocurra!
