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Por Carlos M. Heredia / Presidente del Frente de Abogados del PRM-SDE
Distinguido director: A proposito de un articulo publicado por usted, a principio de este mes de abril, en su prestigioso medio digital “CIUDAD ORIENTAL” en el cual señala que el PRM se encuentra en una disyuntiva: La renuncia de sus principales dirigentes o la celebracion de un gran acuerdo para pisotear sus estatutos. Para hacer esta afirmacion se fundamento en el art 116 del estatuto organico de dicha organizacion politica, que obliga a las principales autoridades institucionales locales territoriales y del exterior (Presidente, Sec. General, Organizacion y Electoral ), a “renunciar” del cargo 6 meses antes del proceso (primarias), como requisito sine qua non, para aspirar a un cargo de eleccion popular.

Ante todo quiero aclarar que el art 105 párrafo único, del mismo estatuto partidario, establece que el plazo de duracion de los cargos de eleccion interno es de 4 años y que las actuales autoridades fueron electas a mediados del año 2018.

En ese orden, también es oportuno señalar que el art 25.1 de la ley 33-18 sobre partidos y agrupaciones políticas, prohíbe la supresión y vulneración de derechos adquiridos por su militancia. Mientras que el art 26.2 de la citada ley, ordena a los partidos politicos, adaptar sus estatutos a los postulados de la ley;

Por otro lado, es sumamente importante tomar en cuenta que el art 41 de la misma norma, fija en 3 meses el plazo de la precampaña.

Por tanto, carece de sentido que el ordenamiento juridico interno, no solo pretenda limitar o restringuir, sino despojar o castrar, los derechos de una autoridad legitimamente constituida, antes del inicio de la precampaña.

Si bien el estatuto partidario obliga a todos sus miembros a acatarlos sin distinción, no menos cierto es que la ley tiene un rango institucional superior y esta por encima de un reglamento, pues su cumplimiento es de carácter obligatorio, es decir, erga omnes.

Por tales motivos, entiendo que el pedido de renuncia deviene en inadmisible e inaceptable, pues de permitir esta aberración jurídica, se estaría violando un derecho legítimamente adquirido, protegido ademas por los art. 39.5, 68, 74.1, 74.4 y 216.1 de la constitución de la República.

Prefiero pensar que dicha expresion “renuncia” es fruto de un error involuntario que se deslizo en la redacción del referido texto, pues no le veo otra explicacion a una medida tan escesiva y draconiana.

Entiendo que lugar de renunciar a sus cargos, lo que procede es que dichas autoridades tomen una licencia, para evitar perturbaciones en las funciones institucionales e inequidad en la competencia interna. En todo caso, pienso que la licencia o cesación temporal de los aspirantes a un cargo de elección popular en este proceso, debe iniciar un día después que formalicen la inscripción de su precandidatura.

Mas adelante me referire al art 117 del pacto politico y social perremeista, tambien abordado por su prestigios medio en el articulo de marras.

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