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Principio de legalidad en las actuaciones de los Ayuntamientos como entes de la administración pública

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Por Raquel Cruz
Tal y como establece el artículo 199 de la Constitución Dominicana, el Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local.

El ayuntamiento como entidad de la administración pública tiene independencia en el ejercicio de sus funciones y competencias con las restricciones y limitaciones que establecen la Constitución, su ley orgánica y las demás leyes, cuentan con patrimonio propio, personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y en general el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos. (Art. 3, Ley 176-07, Sobre el Distrito Nacional y los Municipios).

La supremacía de la ley es innegable, pues la administración pública dispone de prerrogativas, pero la Constitución es clara cuando establece en su artículo 138 que la administración actúa con “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico”.

Dentro de los principios de actuación administrativa se encuentra el principio de juridicidad, y en virtud de esta toda actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado. (Art. 3.1, Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo).

La administración pública y toda actuación administrativa de los entes y órganos del Estado debe ajustarse al sometimiento pleno de la ley y el derecho (Art. 3.1, Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo), pues hay una subordinación y sometimiento de los actos administrativos a la Constitución y las leyes y todo el estamento jurídico que obliga a la administración pública al cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico.

“Cualquiera que sea la forma que se utilice para expresar esta subordinación, lo que significa en definitiva es que la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento jurídico imponen a la de administración pública requisitos de cuyo cumplimiento depende la validez de lo que decide y con ello la ejecutividad de sus actos y correlativamente, en fin, la presunción de validez y la obligación de los ciudadanos de soportarlos y cumplirlos”. (Santiago Muñoz Machado en su obra Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General IV).

El principio de legalidad hace pender a los poderes públicos de una habilitación legal, hablamos de que las actuaciones administrativas se concretan dentro de los límites que establecen las leyes, lo que es correcto, puesto que la administración no parte de la prerrogativas personales del poder, sino que en el estado de derecho los entes y órganos de la administración se rigen por la ley que emana del congreso, así ya no hay más espacio para el absolutismo y toda actuación u acto administrativo debe justificarse y ampararse en la concepción de una ley previa.

El concepto de principio de legalidad viene a amparar la noción de supremacía de la ley en el ordenamiento jurídico y su función como límite al poder que surge de la administración, como muro de sujeción a las arbitrariedades, como contención al absolutismo.

“El principio de juridicidad se trata de la evolución contemporánea del clásico principio de legalidad, pues ya la vinculación de la administración no es solo con la ley en sentido formal, sino además con el derecho -la totalidad del ordenamiento jurídico- y las distintas normas que lo componen: la Constitución, los convenios internacionales, los principios generales del derecho, los reglamentos entre otros. La Constitución impone que el sometimiento de la administración a la ley y al derecho sea pleno, es decir, completo y sin excepciones. Con ello, he querido subrayar que ninguna decisión pública puede adoptarse al margen del derecho, siendo, la premisa generalmente aceptada en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia con unas a otras fórmulas por lo que se refiere a la sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación” (Franklin E. Concepción Acosta, Ley No. 107-13 Apuntada).

En tiempos no tan antiguos la administración pública guardaba de manera autoritaria prerrogativas basadas esencialmente en la idea de imperio y poder surgida de esquemas unitarios, absolutos y hasta cierto modo arbitrarios, la administración lejos de estar cerca de sus administrados imponía el temor como aquel leviatán, y los ciudadanos permanecían inertes como súbditos tiranizados ante el poder irracional.

El principio de legalidad es rígido, pues las actuaciones de la administración pública han de sustentarse en la habilitación expresa que le otorga la ley, los entes y órganos administrativos no disponen de potestad de actuaciones a iniciativa propia y solamente pueden actuar ceñidas a la instrucción que el ordenamiento jurídico les otorga expresamente.

Tal y como establece el autor Sánchez Morón, “Ninguna actuación administrativa sería lícita sino existe una previa habilitación o apoderamiento legal, esto es, si la ley no ha atribuido a la administración el poder o la potestad de realizarla, fijando los límites y las condiciones para el ejercicio de esa actividad”

En la nueva visión jurídico administrativa los administrados no son tiranizados por el poder estatal avasallante, los ciudadanos son personas que pertenecen a un Estado Social y Democrático de Derecho que se cimenta en el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales y el sometimiento pleno de la administración a lo que establece la ley.

Cada acto administrativo debe concretarse con un poder limitado por la Constitución y las leyes, porque tal y como expresaba aquel conocido aforismo del autor Lord Acton “El poder absoluto corrompe absolutamente”.

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