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Urge a la sociedad civil actuar para obligar aprobación Ley de Partidos

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Actualizado el: 28 febrero, 2021 - 11:34 AM (-04:00)

La meta de la sociedad civil, en lo inmediato, debe ser la aprobación de una Ley de Partidos que obligue a las entidades políticas a funcionar de forma democrática y transparente, así como de una reforma a la Ley Orgánica Electoral que convierta a la Junta Central Electoral en una efectiva garante de la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones, tal y como lo consagra el artículo 211 de la Constitución Política.

Por Eddy Olivares Ortega / SUFRAGIO
Como parte de las oligarquías partidarias, las cuales se caracterizan por actuar de forma improvisada y coyuntural, las tendencias que tienen el control de los organismos de los partidos, con el propósito de administrar las elecciones internas sin la intervención de un tercero imparcial, tienden a obstaculizar la aprobación de normas que, como la Ley de Partidos políticos, están llamadas a contribuir con su democratización.

Ha sido una tradición en nuestro país, la aprobación de las reformas políticas en medio de crisis post-electorales extremadamente graves, por lo que es poco probable que las élites partidarias aprueben la Ley de Partidos y modifiquen la Ley Electoral por su propia voluntad.

Sobre lo anterior, el sociólogo alemán Robert Michels, a propósito de la ley de hierro de la oligarquía, advirtió a principios del siglo XX lo siguiente: “…siempre el líder buscará incrementar o mantener su poder, a cualquier precio, incluso olvidando sus viejos ideales”.

La sociedad civil activa

Cuando las oligarquías políticas se resisten a aprobar las leyes necesarias para la democratización de los partidos políticos, le corresponde a la sociedad civil convertirse en la tenaz reclamante de las nuevas normas.

Los partidos políticos son los intermediarios indispensables entre el Estado y la sociedad para la canalización de las demandas de los ciudadanos, por lo que a las organizaciones de la sociedad civil les asiste, legítimamente, el derecho de propugnar, tal y como lo dispone el artículo 216 de la Constitución, por el funcionamiento democrático y transparente de los mismos.

En ese sentido, el reconocido filósofo italiano, Norberto Bobbio, sostiene lo siguiente: “…s. civil y estado no son dos entes sin relaciones entre si sino que entre uno y otro existe una interrelación permanente. Uno de los modos más frecuentes de definir a los partidos políticos es el de mostrar la función de articulación, de agregación y de transmisión de las demandas que provienen de la s. civil y están destinadas a resultar objeto de decisión política”.

Si la sociedad civil se hubiese movilizado, como todo parece indicar que ocurrirá a partir del próximo día 16 de agosto, cuando haciendo uso de su amplia mayoría el partido dominante conformó, de una manera avasallante, las distintas cortes, es muy probable que la conformación de esos órganos hubiese sido más equilibrada.

Nunca como ahora, que el Sistema de partidos y los órganos electorales se encuentran sensiblemente afectados en su credibilidad, como producto, principalmente, de la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular mediante métodos antidemocráticos, de la inequidad que caracterizó la campaña electoral y del fracaso de la automatización del escrutinio, fue tan conveniente el seguimiento de la sociedad civil al debate sobre las reformas políticas y la integración de los órganos constitucionales.

La meta de la sociedad civil, en lo inmediato, debe ser la aprobación de una Ley de Partidos que obligue a las entidades políticas a funcionar de forma democrática y transparente, así como de una reforma a la Ley Orgánica Electoral que convierta a la Junta Central Electoral en una efectiva garante de la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones, tal y como lo consagra el artículo 211 de la Constitución Política.

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