Los dos imputados (de pies) escuchan la sentencia
Los dos imputados (de pies) escuchan la sentencia

Video- Condenan a 10 años ex empleado judicial vendió pistola que era evidencia

Por Julio Benzant
Santo Domingo Este.  Un tribunal de primera instancia de esta jurisdicción condenó a 10 años de prisión a uno de dos empleados del Poder Judicial implicados en las ventas de armas de fuegos que eran evidencias en custodia en casos criminales.

La condena le fue impuesta a Tomas Aneudy Aquino, de 25 años, por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

En  tanto, el tribunal colegiado descargo por insuficiencia de prueba a Jean Carlos de León Almonte, de 27 años, ex empleado del Departamento de Citaciones del Palacio de Justicia en la Charles de Gaulle.

Los dos procesados estaban acusados de vender a delincuentes armas de fuego que formaban parte de las pruebas incriminatorias en distintos casos penales en esta jurisdicción judicial.

El escándalo de la venta de las armas que eran “cuerpo del delito” estalló en enero del 2015, siendo arrestados tres empleados  judiciales laboraban en la Corte de Apelación, Tribunal de Atención Permanente y Departamento de Citaciones.

Cristian Rafael Asencio, un empleado judicial del Tribunal de Atención Permanente, fue sacado del expediente en la fase de instrucción, por su colaboración con la fiscalía.

El condenado Aquino, adscripto a la Corte de Apelación, habría vendido una pistola en custodia judicial a un delincuente, presuntamente en 20 mil pesos.

Esta pistola habría sido utilizada en el asesinato de un agente de la Policía Nacional, según fuentes judiciales.

Los entonces tres acusados, provocaron la inhibición de dos juezas para conocerles medidas de coerción, porque las magistradas conocían personalmente a los acusados.

El 14 de enero del 2015, la jueza Mary Ramírez le impuso al condenado un año de prisión preventiva  como medida de coerción.

También 500 mil y 100 mil pesos a través de una aseguradora, a Jean Carlos de León Almonte y Cristian Rafael Asencio.

Espero, el 26 de febrero siguiente, la Corte de Apelación le varió la medida coercitiva al hoy condenado Aneudy Aquino, por una garantía económica, tras el imputado imponer un recurso de apelación.

En principio los tres jóvenes fueron acusados de los cargos de asociación de malhechores, porte ilegal de armas de fuego y robo asalariado, pero la mayoría de estas imputaciones penales fueron retiradas en el proceso de instrucción.

El grupo fue descubierto luego una de las armas vendida fuera utilizada en un homicidio, y se determinara que esta era una “evidencia en custodia”.

El Tribunal compuesto por las juezas Elizabeth Rodríguez (presidenta), Melania de la Cruz y Mary Ramírez (miembros), encontró al condenado culpable del cargo de robo asalariado, penalizado por los Artículos 379 y 386 párrafo tres del Código Penal Dominicano.

“Aquí lo que se habla es que una arma que fue utilizada para dar muerte a un agente de la Policía Nacional, y que un empleado de la jurisdicción judicial la sustrajo para venderla”, dijo la magistrada Rodríguez.

La fiscal Jacqueline Valencia, Ministerio Público en el proceso, desmontó la presunción de inocencia del condenado y solicitó la imposición de la condena.

El abogado Sandy W. Abreu, de la Defensoria Publica, tuvo a su cargo la defensa del condenado por “robo asalariado”.

A pesar que el tribunal estableció que la pena sea cumplida en la cárcel de La Victoria, el condenado quedo en libertad.

Esto ocurrió debido a que no se dispuso el cambio de la medida de coerción del condenado y la sentencia emitida este martes es de primera instancia, y no es de carácter de “la cosa irrevocablemente juzgada”.

El tribunal anunció que la lectura integra de la sentencia se realizará el seis de febrero a las nueve de la mañana.

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