martes, 17 de noviembre de 2026
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Los activos virtuales, lavado de activos y riesgos para la economía

Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
l mundo está experimentando un cambio de paradigma sobre lo que el dinero, la propiedad y las transacciones financieras significan para la humanidad. Esto se ha convertido en una realidad y, hace apenas dos décadas, solo parecía posible que se llegara a algo así: millones de personas utilizaban plataformas digitales para enviar valor sin necesidad de transaccionar directamente mediante intermediarios bancarios tradicionales. Sin embargo, una ventaja que se observa en los activos virtuales no puede borrar su temor mortal a su utilización para el lavado de activos y otras manifestaciones del crimen organizado.

Por ello, a partir de la introducción de Bitcoin en 2008, propuesto por Satoshi Nakamoto, hemos estado viviendo una nueva era de innovación en la actividad financiera. Desde entonces, la tecnología blockchain ha creado métodos sin fronteras para transferir y registrar valores. Esta evolución nos plantea hacia la pregunta central: ¿Los Estados están listos para asegurar las ventajas de los activos virtuales sin abandonar sus sistemas financieros?

En este contexto, los activos virtuales y su situación económica merecen la atención de los países y sectores. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por activos virtuales entendemos representaciones digitales de valor que pueden negociarse o transferirse digitalmente y utilizarse para fines de pago o inversión. La forma en que se desarrollan supone una gran oportunidad para modernizar algunos servicios financieros, impulsar la innovación tecnológica y las transacciones económicas internacionales.

Es oportuno mencionar, que sus principales beneficios incluyen la capacidad de transferencias transfronterizas más rápidas, la reducción de algunos costos de intermediación y formas adicionales de acceder a servicios financieros, en particular para quienes les resulta difícil integrarse en el sistema bancario tradicional. Estas oportunidades son reconocidas por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), pero este organismo también ha destacado los riegos asociados con el uso indebido de estos instrumentos de pago internacionales.

Sin embargo, sería una necedad pensar que todo progreso técnico es únicamente positivo a nivel económico. Es posible sufrir grandes pérdidas financieras debido a cierta volatilidad de los precios de los criptoactivos, la exposición a estafas de inversión, los desafíos operativos asociados con la custodia digital y la ineficacia de los mecanismos existentes de protección al consumidor. Cuando estas vulnerabilidades se combinan con deficiencias regulatorias, sus impactos pueden afectar no solo a las inversiones, sino también la confianza en el sistema financiero que por demás en materia de criptodivisas n existe una autoridad central.

Asimismo, el lavado de activos es una de las mayores amenazas para la integridad sostenida en el sistema económico internacional. Durante décadas, las organizaciones criminales han integrado sociedades pantallas, operaciones ficticias preponderantes y establecimientos financieros para idear un modo de canalizar de forma ilícita gastos prescindibles hacia el sistema monetario formal mediante los llamados entramados societarios.

Pero ahora, la introducción de activos virtuales ofrece mecanismos distintos para transmitir y ocultar los beneficios del delito. Sin embargo, también hay que señalar aspectos de estos instrumentos que pueden facilitar su uso en relación con el tráfico de drogas, el fraude, la corrupción, la extorsión y la ciberdelincuencia: por ejemplo, debido a algunas características de estos medios especialmente la rapidez con la que pueden realizarse grandes transferencias internacionales y, a veces, lo difícil que puede resultar identificar a ciertos participantes (FATF, 2020).

Igualmente, esta técnica sofisticada puede conocer muchos monederos digitales, frutos una y otra vez que se interconectan en cables, y luego proveedores de servicios ubicados en diferentes jurisdicciones para camuflar el origen de los fondos. Tales transacciones podrían replicar las etapas del lavado de activos convencional: colocación, estratificación e integración realizado mediante procesos tecnológicos que incrementan las dificultades de investigación.

Aun así, es necesario recalcar que los activos virtuales en sí mismos no son ilegales y que su uso no convierte, por sí solo, una transacción en sospechosa y mucho menos en trasferencias ilícitas. El problema surge cuando se utilizan de manera intencional para encubrir, modificar o transferir los activos obtenidos cometiendo un delito o infracción penal. Por ello, el GAFI realizó una contribución notable al identificar indicadores que permiten identificar posibles transacciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre ellas, se encuentran transferencias regulares sin justificación económica, transacciones por un monto incompatible con el perfil del usuario, el uso de mecanismos diseñados para incrementar la anonimidad y el desplazamiento hacia jurisdicciones con controles de prevención deficientes (GAFI, 2020).

En ese sentido, el GAFILAT genera estas señales de alerta y destaca su importancia para las unidades de inteligencia financiera, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y los fiscales que realizan investigaciones sobre delitos económicos. El desafío desde el punto de vista de la persecución penal no consiste únicamente en detectar transacciones sospechosas, sino también en poder rastrear los activos virtuales, identificar a sus verdaderos propietarios y establecer vínculos con actividades delictivas.

Como una contradicción conveniente, las cadenas de bloques en sí mismas pueden ser una herramienta útil para los investigadores del delito.

Algunas redes públicas tienen una estructura descentralizada que registra transacciones en el futuro, como ocurre con este caso, y se analizan con protocolos específicos para el análisis forense digital. Esto significa que el mismo entorno tecnológico mediante el cual se obstaculiza una investigación también puede proporcionar pruebas adicionales significativas para ayudar a identificar movimientos de activos de origen ilícito y posibles vínculos entre estructuras criminales.

Por supuesto, para obtener y utilizar este tipo de evidencia en cualquier forma de procedimiento, se basa en protecciones fundamentales que aseguren la integridad de los datos y el cumplimiento de las normas sobre admisibilidad. Los desafíos adicionales que el crecimiento de las transacciones digitales representa para las autoridades financieras, tributarias y de persecución penal en la República Dominicana.

En este sentido, el sistema nacional para la prevención y la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo; la Ley núm. 155-17, es un punto de referencia principal que rige dicha conducta a nivel nacional. Pero en nuevas modalidades tecnológicas, esto debe abordarse con consideración explícita de las cargas impuestas por las obligaciones legales vigentes y de si son apropiadas actualizaciones regulatorias o estatutarias. Asimismo, el GAFILAT añade que las diferencias normativas entre jurisdicciones podrían aportar ventajas para el arbitraje regulatorio, beneficiando a algunos operadores frente a sistemas de supervisión menos exigentes.

En su propia lectura, reconoce que, aunque ha habido avances a nivel mundial en la implementación de la Recomendación 15, el régimen de supervisión para los proveedores de servicios de activos virtuales sigue siendo deficiente. En el caso de la República Dominicana, esto exige: (1) capacitación especializada; (2) cooperación internacional; y (3) capacidades de inteligencia financiera e institucionales para investigar transacciones relacionadas con la propiedad mediante tecnologías emergentes (GAFI, 2026).

Cabe destacar, que la regulación excesiva puede incentivar la innovación; y los controles insuficientes pueden ayudar a desarrollar mercados opacos y erosionar la confianza de los inversionistas. Así que la dificultad entonces radica en establecer un equilibrio viable entre la libertad económica y la certeza jurídica, la innovación tecnológica y la reducción de oportunidades para el crimen financiero.

A modo de conclusión, se puede afirmar que los activos virtuales reflejan un cambio económico que probablemente no se pasará por alto. Son oportunidades auténticas, pero también ponderan balas en el sentido de que su uso, por supuesto, atraviesa intereses invisibles, sin mencionar el lavado de activos y otros. La respuesta del Estado no debe estar motivada por temores ante la innovación, sino por la capacidad de aprehender las tecnologías, la capacidad de regular de manera proporcional con la supervisión y las herramientas de investigación adecuadas.

En definida, hay ocho formas de la nueva sociedad a la que la República Dominicana debe acostumbrarse, cada una con su arduo trabajo para armar instituciones sólidas y una cultura de cumplimiento para aprovechar todos los beneficios de esta economía digital. El verdadero desarrollo tecnológico no es solo una medida de la rapidez con la que circula los activos virtuales, sino también una cuestión de seguridad, transparencia y confianza en lo que respecta a las relaciones económicas. No debemos permitir que la innovación financiera se convierta en un refugio para el delito, ni podemos permitir que la regulación bloquee el progreso. El trabajo consiste en garantizar que todo avance hacia una economía más segura, más competitiva y transparente.

Referencias bibliográficas:
Congreso Nacional de la República Dominicana. (2017). Ley núm. 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Grupo de Acción Financiera Internacional. (2020). Activos virtuales: Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo https://www.fatf-gafi.org/en/publications/methodsandtrends/documents/virtual-assets-red-flag-indicators.html.
Grupo de Acción Financiera Internacional. (2026). Seventh targeted update on implementation of the FATF standards on virtual assets and virtual asset service providers. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-updated-virtualassets-vasps-2026.html