Ingrid Hidalgo es junto a Manuela Ramírez Orosco, Ivanna Rodríguez, Dianiris Perdereaux, Emely Rodríguez, Laurita Rodríguez (Santiago), entre otras distinguidas juristas, las adalides del ejercicio del derecho penal femenino, quienes están a la par o superan a cualquiera de los buenos litigantes varones de la actualidad.
En el caso de Ingrid Hidalgo posee una inquebrantable afición por el debido proceso que le ha llevado a montar y desmontar constantemente santos de altares y sítiales de adoración.
Con dolor me dijo hace unos días que ejercía el sufrimiento del derecho. Una mujer de tantos éxitos debía regodearse en sus triunfos y estar satisfecha, empero prefiere el ostracismo a cambio de un debido proceso que aterrice en la aplicación de la justicia. Justicia es su aspiración.
Ella ha decidido responder al Ministerio Público que a fuer de afectar la dignidad de las personas sometidas a procesos notorios nombrando los mismos con nombres despectivos. Ingrid a su vez renombra con diferente denominaciones a los procesos así nombrados y a sus involucrados. Es así que para la muy destacada abogada la denominada ‘Operación Pulpo’ es en realidad Operación Delfín, uno de los cucos del Pulpo, en tanto que los abogados querellantes para la “recuperación” de “lo robado” y sus querellas son para ella los casarecompensas ó los vendesueños. Hay más denominaciones pero corresponde a esta hacerlas públicas.
Un tema transversal a todos esos procesos con nombres animales es la constante del pedido de declaración de complejidad y a pesar de que esta condición aumenta los plazos para la investigación, un poco antes de finalizar los plazos, el Ministerio Público solicita en adición una prórroga del ya largo plazo para culminar la investigación. Y en todos los casos los jueces, dominicanos jueces, otorgan dicha ampliación.
La excusa general es que se requiere de documentos o diligencias de entidades del Estado. Del Estado mismo que investiga y acusa. Y estos documentos no han podido estar listos a tiempo. Es decir que el Estado ha estado entorpeciendo al Estado en su pretendida lucha contra la corrupción que reditúa tantos gananciales.
Aquí hay que tomar en cuenta dos posibles razones de ese proceder, a saber, una es, que al Ministerio Público no le interesa la respuesta oportuna de esas entidades para con ello justificar sus prórrogas, pues por menos que eso, o por similar actitud, la Procuraduría allanó un órgano constitucionalmente independiente, la Cámara de Cuentas, y vociferó a los cuatro vientos que su decidía o lentitud representaba una obstrucción a la justicia (Art. 12 ley 133-11). Lo otro es que la administración pública tampoco tiene interés en la titulada lucha contra la corrupción o se instituye en cómplice de las presuntas acciones criminosas ó en contubernio con el Ministerio Público para provocar las condiciones para las solicitadas prórrogas.
En sede del derecho administrativo las solicitudes hechas a la administración se presumen admitidas o negadas por medio al silencio administrativo negativo o positivo, según sea el caso, cuando ha transcurrido un mes sin que la administración dé respuesta en un término de un mes luego de la solitud.
De igual forma varios principios desaprueban la tardanza de la administración pública en entregar al Ministerio Público que tiene prioridad en relación a cualquier ciudadano que recibe en un solo mes la respuesta de la admiración por influjo del principio de Eficacia (Art. 3 numeral 6 de la ley 107-13), y del principio de Celeridad, que establecen vías rápidas de despacho de las informaciones requeridas y que proscribe las dilaciones injustificadas (Art. 3 numeral 19 de la ley 107-13).
Las cuentas no están claras desde el punto de vista procesal, y en legalidad los tiempos transcurridos en un proceso penden, es lo que la muerta letra de la ley y la Constitución ordenan, en beneficio de los imputados, salvo en la práctica judicial. Ojalá que los juzgadores no sean juzgados como juzgan, para que se haga una justicia verdadera de los nuevos tiempos.
