miércoles, 22 de abril de 2026
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Enviada a Najayo «La Demente» Imputada explotación sexual de menores a favor Rochy RD

[author title=»Por Julio Benzant» image=»https://ciudadoriental.com/wp-content/uploads/2021/07/juliobenzant.jpg»]Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected][/author]

 

 

uego de una prolongada audiencia, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Esteisi Peña Santana (a) La Demente, imputada de explotación sexual de menores y presunto proxenetismo a favor del cantante urbano Aderly Ramírez Oviedo (a) Rochy RD.

La decisión del juez Cruz Quezada, fue luego de acoger la solicitud formulada por el Ministerio Público y rechazar los argumentos de defensa de la justiciable.

El fallo del juez, establece que la encartada (a) La Demente, sea recluida en el centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, en la provincia de San Cristóbal.

La Fiscalía ha formulado a la imputada (a) La Demente, la acusación inicial de violentar los Artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, modificado por la 24-97, que tipifican y castigan el proxenetismo en perjuicio de menores de edad.

La medida de coerción impuesta, está establecida en el numeral siete del Artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano.

Alías “La Demente”, quien fue arrestada en un apartamento de la avenida Ecológica, en San Isidro, mediante la Orden Judicial de Arresto número 520-2022-EMES-00940, enfrenta también la acusación de explotación sexual de menores, y usarlo con fines comerciales.

El domingo, 1 de mayo, el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó prisión preventiva por tres meses, como medida de coerción, contra (a) Rochy RD, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El 24 de abril, durante la primera audiencia el tribunal también le impuso medida de coerción a la madre de la víctima, consistente en presentación de una garantía económica por cinco mil pesos e impedimento de salida del país.

Al mismo tiempo, emitió orden de protección que obliga a la mujer a mantenerse alejada de la víctima.

En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que la presunta agresión sexual contra la menor de edad se registró en una villa en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este.