Condenan a cinco años de prisión y al pago de ocho millones hombre estafó ingenieros en venta de un solar
Por Julio Benzant
Santo Domingo Este. El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, condenó a cinco años de prisión y al pago de ocho millones de pesos de indemnización a un hombre que estafó a dos ingenieros constructores con la venta de un solar para un proyecto inmobiliario.
La condena le fue impuesta a Alfredo Antonio Castillo Pichardo, de 48 años, un residente en la calle 9 número 53, en el sector Alma Rosa, en este municipio.
El condenado fue encontrado culpable en la estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de los ingenieros civiles Alfredo Aybar Mora y Edwin Rafael Pérez Moquete, ambos con domicilios en el residencial Daniel Amaury IV, en Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.
De acuerdo a la acusación, los dos ingenieros, victima en el proceso, tenían la intensión de desarrollar un proyecto inmobiliario, por lo que buscaban un terreno para comprarlo y construir un edificio de apartamentos para su venta.
En esas circunstancias, el ahora condenado Castillo Pichardo, le manifiesta que tiene una propiedad en venta, consistente en un solar con una superficie de 635 punto 37 metros cuadrados, ubicados en la parcela 186-ref 206 del Distrito Catastral número seis, en Santo Domingo Este.
El encartado le manifestó a los compradores que el inmueble estaba afectado por una hipoteca interpuesta en una entidad bancaria, desde el 15 de abril del año 2014.
Así, los dos ingenieros estafados se interesan por la propiedad y en fecha siete de mayo del 2014, realizan un pago en la entidad bancaria por un monto de dos millones 918 mil pesos, con la finalidad de honrar el pago y otros 58 mil 800 pesos, para cancelar la presunta hipoteca que existía del inmueble.
El acuerdo que habían realizado los dos ingenieros para la venta del inmueble con el ahora condenado, era de tres millones 301 mil pesos dominicanos.
Detallan, que luego que los dos ingenieros solicitaron los permisos, pagaron a las entidades correspondientes para iniciar la construcción y se presentan al solar para limpiar el mismo, reciben la información que el inmueble pertenece a la señora Julia Filomena Zaiter Medrano de García, la cual nunca ha vendido el mismo.
Al iniciar la investigación del caso, se comprobó mediante experticia caligráfica que la señora Medrano de García, no había firmado un alegado contrato donde ella le vende al señor Martin Encarnación Montero y al ahora condenado Castillo Pichardo.
También, se pudo comprobar, mediante certificación de la Dirección General de Migración, que la señora Medrano de García, en fecha 10 de septiembre del 2013 (donde presuntamente se realizó el contrato), no se encontraba en el país, y que se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica.
Con la comprobación de los documentos falsos y la estafa realizada contra los dos ingenieros, estos formalizan querella contra el ahora condenado.
Mediante el Auto número 1475-2016, de fecha 29 de abril del 2016, un juez de la Oficina de Atención de Servicios Permanente, le impuso a Castillo Pichardo, prisión preventiva como medida de coerción, establecida en el numeral siete del Artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano.
El Tribunal compuesto por las juezas Elizabeth Rodríguez Espinal (presidente), Carol Modesto y Diana Moreno (miembros), encontró culpable al encartado en violentar los Artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación de documentos y la estafa.
También, impuso al condenado el pago de una indemnización de ochos millones de pesos a favor de los dos ingenieros victimas y querellantes en el proceso, como justa reparación por el daño causado con el hecho punible.
El fiscal Nelson de Jesús Rodríguez, de la Unidad de Litigación Definitiva, estuvo a su cargo desmontar la presunción de inocencia que estaba revestido el imputado, logrando la imposición de la condena.
El tribunal colegiado fijó la lectura integra de la sentencia para el día 23 de octubre del año en curso, fecha a partir de la cual, podrá cualquiera de las partes recurrirla en apelación.
El fallo del tribunal establece que el condenado cumpla la pena impuesta en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde lleva algo más de dos años recluido.