Conozca cómo el ASDE y otros ayuntamientos estafarían a comerciantes y empresarios + Sentencia del TC

Por Robert Vargas
Existen al menos dos formas en las que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, (ASDE), podría estar estafando a comerciantes y empresarios de este municipio, sin que estos se den cuenta de lo que sucede. En esta entrega, vamos a mencionar solo una. La otra viene después.

Es posible que, sin inmutarse, las autoridades municipales le hayan arrebatado cientos de millones de pesos a los inversionistas y emprendedores que confían en este municipio para aportar, invertir y, ¿Por qué no? obtener beneficios económicos.

¿Cómo se estarían produciendo estas estafas?

Un prominente abogado, experto en temas municipales, le ha comentado a Ciudad Oriental que “los alcaldes no están interesados en que la población conozca la Sentencia TC/0456/15, del Tribunal Constitucional”.

En otras palabras, los ayuntamientos se estarían aprovechando de que la población desconoce la esencia de esa sentencia para continuar adelante con la aplicación de prácticas que han sido calificadas de inconstitucionales por el TC, por lo que son, además, ilegales.

Según denuncias recibidas en Ciudad Oriental, el ASDE cobra elevados arbitrios a comercios y cualquier tipo de empresas por carteles publicitarios que están adosados a las paredes.

Por ejemplo, aquel anuncio en que “María” (nombre ficticio), pinta en la pared de su local un letrero que puede ser “Salón de Belleza María la más bonita”; o, “Taller de Herrería el Herrero de Goma” (ficticio); etcetera.

Los funcionarios llegan, miden o estiman las dimensiones de esos anuncios y le comunican al propietario del establecimiento que debe pagar determinada cantidad de dinero cada año por concepto de “arbitrios publicitarios”.

La mayoría de los afectados por los reclamos económicos por ese concepto van y hacen el pago, creyendo que las autoridades están cumpliendo con la ley y ellos, (los comerciantes y empresarios), quieren ser buenos ciudadanos y pagan lo que le dicen que deben pagar.

Quienes no prestan atención a esas reclamaciones económicas, se exponer a ser “enviados a legal”, donde una agencia de cobros compulsivos inicia su trabajo para presionar y obtener dinero constante y sonante.

Conozco un caso del dueño de un taller de mecánica que prefirió quitar todo tipo de letreros que tenía pintados en la pared de su local para acabar con las presiones de una agencia de cobros que le exigía fuertes suma de dinero por “publicidad”. Finalmente, el taller se fue a la quiebra.

¿Es legal o no que los Ayuntamientos cobren por publicidad adosadas a las paredes de las viviendas o los locales?

La respuesta la da el Tribunal Constitucional en su SENTENCIA TC/0456/15. Fijó su postura al atender una  acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS), INC, Asociación de Empresas del Centro de Santiago (SECENSA), Asociación de Importadores del Cibao, INC, contra un par de resoluciones del Ayuntamiento de Santiago.

Para emitir su sentencia, el TC reiteró “lo establecido en el precedente fijado en la Sentencia TC/0067/13, del 18 de abril de 2013, donde se estableció la definición de lo que es un arbitrio municipal, y se delimitaron las facultades que tienen los ayuntamientos para establecer arbitrios municipales dentro de una demarcación municipal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución”.

Agrega que:

  • En la referida sentencia se señaló que:
    (…) 9.2.1. Los arbitrios municipales son tributos que las alcaldías aplican dentro del ámbito del territorio de su distrito municipal, como una contraprestación por los servicios dados a sus munícipes o por el uso que estos le den a uno de sus bienes.
  • 9.2.2. En vista de que los Arbitrios Municipales son tributos cuyo hecho generador está supeditado a la prestación de un servicio o al uso que se le dé a uno de los bienes del ayuntamiento, estos tienen características de las tasas, al someter a los munícipes al pago de un tributo por el hecho de haber recibido un servicio por parte del ayuntamiento de su municipio; y una contribución, por someter al munícipe al pago de un tributo por haber recibido la ventaja de utilizar un bien municipal perteneciente al ayuntamiento.(…)2
  • (…) 9.3.7. Por ser los ayuntamientos el órgano que rige tanto la administración y el gobierno local de los municipios y los distritos municipales que los conforman, en el contexto del artículo 200 de la Constitución y el artículo 255 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, se les ha otorgado la facultad para establecer arbitrios municipales que de manera expresa establezca la ley, los cuales serán aplicables en el ámbito de su demarcación territorial3. (…)
  • 9.3.13. Tal atribución para fijar arbitrios implica la obligación de respetar el principio establecido en el Artículo 200 de la Constitución, y el literal a) del artículo 274 de la Ley No. 176-07, el cual dispone que sólo podrán ser establecidos siempre y cuando los mismos no colindan con los impuestos nacionales (…) ni con la Constitución o las leyes de la República.
  • 9.3.14. De esto se desprende que los arbitrios municipales fijados por los ayuntamientos, a través de sus concejos de regidores, no pueden entrar en controversia con la disposición establecida en el Artículo 200 de nuestra Carta Magna para transformarse, de forma implícita, en un impuesto4. (…)”.

Así las cosas, queda claro que un arbitrio municipal solo puede ser aplicado a condición de que los ayuntamientos presten un servicio a los munícipes (recogida de basura, por ejemplo, o colocación de un cartel publicitario en un bien del municipio, etcetera).

¿Prestan los ayuntamientos algún servicio a los munícipes que colocan en las paredes de sus negocios sus anuncios publicitarios? Es evidente que no.

¿Cuándo pueden los ayuntamientos fijar arbirtrios?

En el punto 9.3.14. queda claramente establecido. Los ayuntamientos no pueden establecer impuestos, que es lo que pretenden y ejecutan cuando cobran, “disfrazados” de arbitrios montos por la colocación de publicidad en paredes de propiedad privada, y por la cual no existe ninguna contrraprestación de servicios por parte del Ayuntamiento.

Esto implica que todo cobro de impuestos disfrazados de arbitrios es totalmente ilegal y va contra la constitución, puesto que las alcaldías y los concejos de regidores no pueden crear impuestos, lo que solo le está dado al Congreso Nacional. No pueden cobrar arbitrios si no existe una contraprestación de servicios por parte del Ayuntamiento.

¿Cómo responden a esta sentencia algunos funcionarios de las alcaldías?

Aprovechándose de la ignoracia de la Sentencia TC/0456/15 y de sus alcances vinculantes, algunos funcionarios de las direcciones jurídicas de los ayuntamientos alegan que esa decisión del TC solo es aplicable al caso de Santiago, con lo que de manera consciente incurren en violaciones a la Ley y los derechos de los ciudadanos, puesto que esos funcionarios conocen perfectamente que las sentencias del TC son vinculantes.

En pocas palabras, cualquier ciudadano que se sienta afectado por esos cobros ilegales e inconstitucionales, puede recurrirlos ante la instancia judicial correspondiente citando la Sentencia TC/0456/15, y negarse a pagar esos impuestos disfradosde arbitrios.

Si los funcionarios insisten en los cobros ilegales, entonces pueden entablar demandas judiciales persiguiendo directamente el patrimonio de esos individuos como compensación por los daños presuntamente ocasionados.

Para el TC, esas tasas “son inconstitucionales”, en razón de que son establecidas extralimitando las atribuciones establecidas por los artículos 279 y 283 de la Ley núm. 176-07, y por demás, colindan con el impuesto de carácter general a la publicidad que ha sido dispuesto en el artículo 5 de la Ley núm. 12-01, que modificó el artículo 341 de la Ley núm. 11-92, inobservándose con ello el principio de legalidad tributaria dispuesto en el artículo 200 de la Constitución.

Si quiere ver completa la Sentencia TC/0456/15, le invitamos a hacer clic aquí.

Se sorprenderá al encontrar en esa misma sentencia que algunos ayuntamientos usan otra forma para estafar a los munícipes. De eso, hablaremos en otra entrega.

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