El comunicador y político Chiqui Aguilera publicó en Hoy Digital, el día 19 de agosto, una columna oportuna titulada «Santo Domingo Este sin identidad», en la que reconstruye medio siglo de intentos por dotar de nombre propio al municipio más poblado del país. Su recorrido —desde la propuesta autonomista de 1975, pasando por la gestión de Peña Gómez, hasta la creación formal de la provincia mediante la Ley 163-01 en 2001— es un recordatorio útil de algo que muchos parecen olvidar en el fragor de las campañas municipales: la identidad de un municipio no se decreta desde una alcaldía; se legisla desde el Congreso.
La ley, no el eslogan
Santo Domingo Este, como los demás municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, nació por virtud de la Ley 163-01. De ahí se desprende un principio elemental de técnica jurídica: lo que la ley crea, solo la ley puede modificar. Un síndico o alcalde puede —dentro de sus atribuciones y con la aprobación del consejo de regidores— nombrar una calle, una avenida, un parque o un monumento. Pero el nombre del municipio mismo es una cuestión de rango legislativo, no administrativo. Cambiarlo exige un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo.
Esto no es un tecnicismo caprichoso: es la garantía de que la identidad de una comunidad no quede sujeta al capricho o al marketing de quien ocupe el sillón municipal por cuatro años.
Una historia de nombres que no cuajaron
La columna de Aguilera documenta que el debate sobre el nombre de Santo Domingo Este no es nuevo ni exclusivo de la actual administración. El diputado José Santana («Bertico») propuso honrar a Salomé Ureña de Henríquez. El exalcalde Manuel Jiménez impulsó jurídicamente el nombre «Ciudad Trinitaria» —depositando, vale destacar, un proyecto de ley real en el Congreso— y, paralelamente, promovió el eslogan «Ciudad Justa y Creativa» como marca de su gestión. El desaparecido Juan de los Santos («Juancito Sport») propuso «Nueva Isabela» o «Santo Domingo Oriental», con la originalidad de someter la decisión a referéndum popular.
Ninguna de estas iniciativas prosperó. El nombre «La Trinitaria» ha sido reintroducido en el Congreso más de una vez —la más reciente por el diputado Yancarlos Simanca— sin que la ley llegue a puerto.
Y ahora, el alcalde Dío Astacio ha optado por una tercera vía, distinta a la de sus antecesores: ni ley, ni referéndum, sino una marca ciudad, «Costa del Faro», sostenida en estudios, encuestas y una millonaria inversión en posicionamiento. El propio alcalde ha sido explícito en que no se trata de un cambio de nombre formal, sino de una narrativa de identidad. El problema es que, en la práctica cotidiana y en la memoria colectiva que se busca imprimir, la línea entre «narrativa» y «nombre» se disuelve — y ahí es donde el dinero público empieza a jugarse sobre una base jurídicamente inestable.
El precedente que debería preocuparnos
La pregunta que cabe hacerse no es si «Costa del Faro» es un nombre atractivo —lo es—, sino qué ocurrirá cuando Dío Astacio deje de ser alcalde. Ya lo vimos con «Ciudad Justa y Creativa», el eslogan de la gestión de Manuel Jiménez, que se diluyó sin dejar rastro institucional una vez concluido su período. No hay razón para pensar que «Costa del Faro» correrá una suerte distinta si su único sustento es la voluntad de una administración y no una ley de la República. El próximo alcalde, con sus propios asesores de imagen y su propio presupuesto de posicionamiento, tendrá plena libertad para sepultar «Costa del Faro» bajo un nombre nuevo — y el ciclo, y el gasto, comenzarán de nuevo.
Sobre el argumento geográfico
Se ha argumentado, desde la alcaldía, que «Santo Domingo Este» no constituye un nombre propio por tratarse de una referencia geográfica dentro de la provincia. El argumento no resiste el contraste con la toponimia internacional. Carolina del Norte y Carolina del Sur, Dakota del Norte y Dakota del Sur son nombres oficiales y plenos de estados norteamericanos. Sudáfrica y Sudán del Sur son nombres de países soberanos reconocidos por la ONU. Ciudad del Este, en Paraguay, es una de las urbes más pujantes de ese país. West Palm Beach, en Florida, y Northampton, en Inglaterra, llevan sin conflicto alguno su orientación cardinal en el nombre. La República Centroafricana y Timor Oriental completan la lista. La posición geográfica, lejos de despojar a un lugar de identidad, ha sido históricamente una de las formas más comunes y legítimas de nombrar territorios.
Si ese fuera el criterio para descartar «Santo Domingo Este», tendría que aplicarse con la misma lógica a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Jamao al Norte y tantos otros municipios dominicanos que llevan su ubicación en el nombre sin que nadie cuestione su legitimidad.
Una postura, no una negativa
No me opongo a que Santo Domingo Este adquiera un nombre propio que honre su historia — todo lo contrario: lo apoyo, siempre que el camino sea el correcto. Si el alcalde Dío Astacio cree, como parece creer, que «Costa del Faro» merece ser el nombre definitivo del municipio, el paso lógico y responsable es depositar el proyecto de ley correspondiente ante el Congreso Nacional, tal como en su momento lo intentó Manuel Jiménez con «La Trinitaria». Solo así la inversión —el dinero, el tiempo, la campaña de posicionamiento— tendrá un fundamento que sobreviva a los cuatro años de un mandato y no quede, como sus antecesores, reducida a un eslogan de gestión.
Los pueblos, decía Aguilera cerrando su columna, se fortalecen cuando conocen, reconocen y honran su historia. A eso habría que añadir: y cuando esa historia se consagra en ley, no solo en publicidad.
*Andrés M. Tejada A. es escritor y aprendiz de historiador, presidente de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM). Este artículo toma como referencia la columna «Santo Domingo Este sin identidad», de Chiqui Aguilera (Hoy Digital, 19 de agosto de 2026).
