¿Es legal que el ASDE y otros ayuntamientos cobren tasas anuales por derecho al uso de rampas?

Por Robert Vargas
Una gran parte de los ayuntamientos de la República Dominicana, entre estos el del municipio Santo Domingo Este, cobran tasas anuales a ciudadanos y empresas por el uso de rampas para ingresar a sus propiedades.

¿Estos arbitrios o tasas son legales? o, en sentido contrario, ¿Son ilegales e inconstitucionales? Las respuestas a estas preguntas las ha dado de manera explícita y denitiva  el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0456/15.

De entrada, antes de continuar, vamos decirles que el TC ha fallado que el cobro de esos arbitrios son del todo ilegales y considera que los ayuntamientos se exceden en sus funciones al respecto.

De esto se deriva que las personas físicas y jurídicas que reciban presiones por los ayuntamientos para obligarles a pagar los arbitrios por concepto del derecho de uso de rampas para entrar a sus propiedades, pueden acudir a los tribunales e invocar la Sentencia TC/0456/15 , que tiene carácter vinculante. 

Así se quitan de encima de una vez y por todas las presiones que hacen ciertas agencias de cobros compulsivos y, si insisten en su quehacer ilegal, entonces pueden entablar demandas judiciales con todas las implicaciones que esto podría tener.

Incluso, hasta podrían exigir en los tribunales que les devuelvan todo el dinero que ilegalmente les han cobrado y pasar al contraataque en los tribunales.

Vamos a lo de la Sentencia TC/0456/15

El TC abordó el asunto al atender un recurso relativo a una acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS), INC,  la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (SECENSA), Asociación de Importadores del Cibao, INC, quienes decidieron buscar el auxilio del alto tribunal para defenderse de una resolución del Ayuntamiento de Santiago que pretendió imponerle el pago de las tasas por el derecho al uso de rampas.

Se trata de la Resolución núm. 2859-08 de ese Ayuntamiento emitida el día siete de octubre del año 2008.

En ella, el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros estableció  las tasas por la utilización o aprovechamiento especial de entrada de vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento y modificación, lo que hizo tras interpretar las atribuciones que les han sido conferida a los ayuntamientos a través de lo dispuesto en el literal a) y el apartado cuarto del párrafo del artículo 282 de la Ley núm. 176-07.

En este se establece literalmente que:

  • Artículo 282.- Sujetos Pasivos de las Tasas. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas: a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal en beneficio particular.
  • Párrafo. Tendrán la condición de contribuyente: (…) En las tasas establecidas por la utilización exclusiva o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios, administradores, usufructuarios o arrendatarios de dichos inmuebles

Sin embargo, el TC pone en entredicho esa parte de la Ley 176-07 por considerarla violatoria del derecho de propiedad y, por tanto, violenta la Constitución de la República.

El TC lo dice de la siguiente manera:

-“Al respecto de esa atribución, si bien es cierto que esta descansa en el hecho de que el uso de rampa de acceso involucra la utilización y aprovechamiento de un espacio perteneciente a los ayuntamientos, no menos cierto es que la imposición de la referida tasa debe observar cierta razonabilidad, y no representar un obstáculo al ejercicio del derecho de propiedad de los munícipes“.

Agrega que “el establecimiento de una tasa anual (…), pudiere representar para los ciudadanos una limitante para poder acceder con su vehículo a su propiedad inmobiliaria; de ahí que tal situación representaría una trasgresión a la facultad de goce y acceso que encierra el derecho de propiedad dispuesto en el artículo 51 de la Constitución“.

Puntualiza, además, que “este tribunal sostiene que para que la referida facultad no transgreda irrazonablemente el derecho de propiedad de los ciudadanos, debe considerarse que la imposición de la tasa referida a la utilización exclusiva o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción, dispuesta en el artículo 282 de la Ley núm. 176-07, debe producirse al momento en que se realicen los trámites para la obtención de los permisos de construcción, reconstrucción, alteración o remodelación de un bien inmueble, o para la construcción, reconstrucción o alteración de una rampa de acceso que esté ubicada en un inmueble ya edificado, acorde con la atribución conferida en el artículo 8 de la Ley núm. 6232, de Planificación Urbana”.

Esto significa, de manera clara y precisa, que los cobros de las tasas anuales por concepto del derecho de uso de rampas para ingresar a la propiedad privada de un munícipe es violatorio a la constitución de la República.

Para dejarlo todo más claro, el TC lo dijo de esta manera: “este tribunal constitucional determina que el conjunto de disposiciones contenidas en la impugnada Resolución núm. 2859-08, (del Ayuntamiento de Santiago) son inconstitucionales, por cuanto su ejecución tiene por efecto restringir irrazonablemente, el derecho de propiedad de los ciudadanos residentes la ciudad de Santiago de los Caballeros“.

Más claro de ahí, imposible.

De todo esto se desprende que los cobros de tasas anuales que hacen el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y otros a personas físicas y jurídicas  son totalmente ilegales e inconstitucionales, por lo que los afectados pueden recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

En todo caso, las tasas deben ser cobradas solo una vez, cuando son aprobados los planos para su construcción o modificación.

¿Cuántos empresarios de Santo Domingo Este han sido obligados a pagar tasas ilegales por concepto del uso de rampas para entrar a sus propiedades?

Cierto funcionario del ASDE alega que esa setencia solo afecta a al Ayuntamiento de Santiago de Los Caballeros, pretendiendo desconocer que las setencias del TC son vinculantes.

Y, que conste, el funcionario que así se expresa es catedrático de Derecho en una universidad privada y fue un prominente dirigente de un gremio de los abogados.

¿Pueden esas actuaciones ilegales tener eventuales consecuencias jurídicas y patrimoniales graves para los funcionarios que pisoteen el fallo del TC?

Sería interesante que algún abogado experto en la materia nos de su opinión.

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