¿Ha sentado las bases El Cañero para su eventual condena a pena de prisión por violación de la Ley 176-07? + Vídeo

Por Robert Vargas
Durante la entrevista que el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, concedió a Ciudad Oriental parece que el funcionario sentó las bases para un futuro enjuiciamiento suyo, que podría derivar en una condena de entre dos y cinco años de prisión y en una probable inhabilitación para ocupar cargos públicos de acuerdo con el procedimiento penal dominicano.

Así se lo hice saber al alcalde cuando le dije que, con los argumentos que aporta para responder una de nuestras preguntas podría ser condenado por un tribunal, si es con ellos que pretende elaborar su argumento de defensa.

¿Cómo llegamos a esta deducción?

Es bastante simple, le explicamos al alcalde que varios regidores han denunciado que la nómina en el ASDE se ha disparado muy por encima de lo admitido por la Ley 176-07 y que el alcalde lo estaría haciendo para obtener un presunto respaldo a sus aspiraciones reeleccionistas.

En consulta hecha por Ciudad Oriental en fuentes de la Contraloria Municipal ha sido confirmado que la cuenta de nómina está alrededor del 35% del presupuesto municipal, algo considerado “inaudito”.

La Ley 176-07, en su artículo 21 establece con claridad meridiana que la Administración podrá usar “hasta el veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, Sean estos relativos al personal fijo o bajo contrato temporal”

Al decir “hasta el veinticinco por ciento…” deja claramente establecido que no puede superar ese porcentaje en gasto de personal a menos que el municipio esté en medio de “casos de emergencia y de desastres”, que no es lo que ocurre en Santo Domingo Este.

Textualmente, el Párrafo IV del artículo 21 de la Ley 176-07 establece que:

-“La violación de este articulo sera sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnizacion de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos. En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”.

Es claro que el alcalde Martínez conoce este artículo, pero aún así lo viola y no  lo niega. Al contrario, lo justifica. 

La ley es dura, pero es la ley, me explicó un abogado que consulté antes de escribir esta nota.

Lo que dice El Cañero para justificar la violación del artículo 21.

El alcalde argumentó que necesita más personal para trabajar en las funerarias, los parques, limpiar las calles, dar servicio en Ciudad Juan Bosch, aportar servicio de seguridad con más policías municipales, etcetera.

Para justificar la sobre contratación de personal, argumentó que la Ley 176-07 “tiene problemas” al establecer el límite del 25 por ciento para la contratación de personal y refiere una presunta contradicción de esa legislación, la cual fue aprobada con su voto cuando él era diputado en el año 2007.

También argumenta que todos los ayuntamientos del país están en la misma situación que el ASDE, con lo que parece justificar la violación al artículo 21.

Varios juristas consultados por Ciudad Oriental este lunes han usado la expresión “a confesión de parte, relevo de pruebas” y han dicho que el síndico se incriminó voluntariamente.

Regidores que adversan a Martínez en el ASDE aseguran que este es “un preso de confianza”, que está libre “solo porque el PLD está en el poder”.

Martínez descarta que vaya a ir a prisión y sostiene que su administración es pulcra sin ninguna infracción que le pueda ser lanzada a la cara y ha retado a sus adversarios para que lo imputen en los tribunales.

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