Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
a criminalidad organizada representa uno de los principales desafíos para los Estados modernos debido a su complejidad, su capacidad de infiltración en estructuras legales y políticas, así como su inaudita adaptabilidad. Ante este fenómeno, los sistemas de justicia penal han desarrollado una variedad de herramientas legales que facilitan la investigación, persecución y sanción de este tipo de delitos.
Un mecanismo que se ha destacado por su uso es el criterio de oportunidad judicializado, que se presenta como un recurso excepcional por medio del cual el Ministerio Público puede desistir de iniciar la acción penal o poner fin a la ya iniciada, total o parcialmente, si el imputado colabora de manera eficaz con las autoridades de conformidad con las disposiciones contendidas en el artículo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal, mediante el cual “permite al ministerio público solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, (…) En este caso, la aplicación del criterio de oportunidad debe ser autorizada por sentencia del juez o tribunal competente”.
Por ello, en el presente escrito se analiza la repercusión del criterio de oportunidad en la lucha contra la criminalidad organizada, haciendo énfasis en la utilidad de la información que brindan los imputados colaboradores, sean civiles o funcionarios, y la relación del criterio con la recuperación de activos, así como la desarticulación de redes criminales. También se reflexionará sobre el equilibrio entre eficiencia procesal y garantismo, subrayando la necesidad de un marco regulatorio que asegure la legitimidad y proporcionalidad de su aplicación, sin dejar de lado otras figuras como el agente cooperador necesario y el agente bajo reserva que puede corroborar las declaraciones de los imputados con las informaciones sobre la organización criminal que ofrezca el imputado.
La justificación de la aplicación del criterio de oportunidad radica en el hecho de que estas organizaciones trabajan en redes y poseen altos niveles de secretismo, lo que hace que sea extremadamente difícil acceder a cualquier información fundamental y relevante. Por lo tanto, la cooperación de un acusado es una forma efectiva de penetrar estas estructuras y proporcionar evidencias contra sus líderes, mientras se inician procedimientos legales para recuperar los activos malversados (Cordero, 2020).
Además, el agente cooperador necesario es una figura clave para sustentar el criterio de oportunidad. Dicho acusado a menudo también debe definir rutas de lavado de activos, bienes incautados o estructuras financieras utilizadas por su organización. Para garantizar que el mecanismo sea efectivo, el sistema debe proporcionar incentivos adecuados, incluidos beneficios procesales, como reducciones de condena, aplicación del criterio de oportunidad o completa discreción por razones humanitarias.
Asimismo, el agente bajo reserva es otra figura relacionada con el criterio de oportunidad. Su papel se asocia con una identidad enmascarada por razones de seguridad. En términos de delincuencia organizada, tal protección es fundamental, ya que siempre existe el riesgo de represalias contra los informantes por parte de las organizaciones criminales. El uso del agente bajo reservas resuelve el problema de permitir al Estado obtener testimonios clave sin comprometer la integridad física del declarante. Sin embargo, plantea problemas en términos de garantías procesales; los defensores de los acusados tienen derecho a contradecir la prueba introducida en su contra. En ese sentido, los sistemas judiciales deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger al delator y los derechos fundamentales de los procesados, utilizando audiencias a puerta cerrada o testimonios bajo un cierto grado de anonimato (Martínez, 2021).
En el contexto, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, proporciona un marco para posibles acciones para fomentar niveles más altos de cooperación internacional en materia de delitos complejos. En el contexto de la Convención, el criterio de oportunidad se concibe como mecanismo que facilita los intercambios de pruebas y testimonios, permitiendo a los Estados avanzar de manera coordinada en la desarticulación de redes criminales globales (UNODC, 2022).
Igualmente, la recuperación de activos en la lucha contra el lavado de activos constituye un incentivo para la aplicación del criterio de oportunidad, toda vez que el órgano persecutor público busca la recuperación potencial de activos ilícitos como medio de desincentivar la criminalidad y atacar el motivo principal que tienen las organizaciones criminales. Así, a través de los delatores, los Estados pueden descubrir cuentas bancarias, bienes raíces y estructuras de propiedad que usan para ocultar orígenes criminales de los activos.
Resulta evidente que la información recabada a través de esta figura tiene una línea directa para tratar de impulsar procesos en torno a la extinción de dominio, el congelamiento de cuentas y la extinción de bienes de procedencia ilícita. De esta manera, la sanción penal no recae únicamente sobre los responsables, sino que también se golpea la base económica de las organizaciones, reduciendo su poder de acción. Según la experiencia comparada, el desmantelamiento financiero es una de las estrategias más exitosas con las que se cuenta para combatir a la delincuencia organizada. “Estar al lado de los bienes y del dinero de las organizaciones criminales es una de las herramientas más efectivas que se han conseguido a nivel del mundo”.
Del mismo modo, persigue anteponer la protección de la colectividad frente a amenazas estructurales.
McCafferty reitera lo siguiente: Hay muchas posibilidades reales y recurrentes de delatar a las jerarquías superiores de una organización, lo cual posibilitaría la desarticulación de la totalidad de la red criminal en lugar de suceder únicamente correr a castigar a los eslabones más pequeños. Tal tipo de abordaje responde al principio de proporcionalidad en la persecución penal.
Cabe destacar que el testimonio del colaborador imputado, ciertamente, el testimonio del imputado que coopera, es una de las pruebas que más juego tuvo durante todos los procesos realizados contra organizaciones criminales. No obstante, es también uno de los elementos que más controversias genera en cuanto a previa, ya que justamente el colaborador imputado podría tener razones para mentir y manipular ciertas situaciones a su beneficio.
Por lo tanto, su testimonio debe contrastarse a partir de otras evidencias objetivas concretas, como interceptaciones telefónicas, documentos financieros, declaraciones de otros integrantes o testigos o evidencia material. Lo expuesto con antelación ha sido destacado por la jurisprudencia internacional, asegurando que la colaboración premiada solo es efectiva si tiene complementos probatorios que confirman que es válido el aporte de la mencionada Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018.
En ese contexto, por más útil que sea, el criterio de oportunidad en el combate a la criminalidad organizada es altamente criticado. En primer lugar, no puede eludirse el hecho de que varios imputados en distintos cargos por crímenes graves puedan beneficiarse mucho con la aplicación de criterio de oportunidad, cuyo uso excesivo podría manifestarse como un signo de impunidad a los ojos de una gran parte de la sociedad. Segundo, hay peligros de abuso por parte de aquellos a quienes se les confía su uso: la falta de proporcionalidad y necesidad en el criterio de oportunidad hace que los operadores de justicia apliquen la figura en todos los casos por la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, es esencial establecer una legislación más amplia con un control judicial y un mecanismo de responsabilización en el comportamiento.
Asimismo, es un hecho no controvertido que el criterio de oportunidad se ha consolidado como una herramienta de suma importancia para el combate a la criminalidad organizada, ya que posibilita el acceso a información valiosa que, de otro modo, resulta imposible obtener. Su correcta utilización permite incrementar los niveles de cooperación internacional, al igual que agilizar los procesos de recuperación de activos y contribuir decisivamente al desmantelamiento de redes criminales complejas.
En definitiva, la implementación del criterio de oportunidad debe encontrarse sujeta a estrictos controles de legalidad y proporcionalidad, a efectos de que los beneficios concedidos a los colaboradores no excedan lo que proporcionalmente corresponde a partir del valor de su contribución. De esta forma, un aspecto central en los Estados que emplean esta herramienta radica en lograr un equilibrio entre la eficacia de la persecución penal y la protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados. En el balance, el criterio de oportunidad, de encontrarse debidamente regulado y fiscalizado, puede ser un aliado estratégico para el combate a la criminalidad, siempre que sea implementado en el marco de políticas de seguridad y justicia coherentes con lineamientos de cooperación internacional, protección de testigos y recuperación de activos ilícitos.
