La Propiedad Intelectual en Jaque: Desafíos y Estrategias frente a las Violaciones en la era Digital
Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
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La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que protegen las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, los diseños industriales y las marcas comerciales, entre otros. En la era digital, la creación y distribución de obras han adquirido un carácter transnacional. No obstante, los autores y dueños de la propiedad intelectual son muchas veces incapaces de controlar el uso de las mismas y hacer respetar sus derechos morales y patrimoniales. La razón es obvia: por un lado, la mayoría de las obras ahora circula por internet; por otro lado, ya las posibilidades tecnologías les permiten ser utilizadas de modo irrestricto.
En este artículo se examinan los grandes problemas que los autores, empresas y autoridades enfrentan para poder cumplir sus obras protegidas, así como las estrategias legales, educativas y tecnológicas que permiten fomentar una cultura de respeto y asegurar la protección efectiva en la situación de digitalización de obras.
A modo de introducción hoy en día la creación intelectual no está protegida en comparación con el pasado. Solo hay que hacer clic en una canción, unas obras literarias o una imagen para que una persona pueda copiarlas, distribuirlas y reelaborarlas sin permiso del autor. Por lo tanto, las infracciones digitales a la propiedad intelectual se han vuelto tan normales que dejan de ser una excepción para convertirse en una regla. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) las infracciones digitales han aumentado exponencialmente en la última década debido a que el acceso a los contenidos digitales ha crecido, y también los ciudadanos no tienen conocimiento al respeto de esta ley.
Igualmente, los principales desafíos en la protección de la propiedad intelectual están constituidos las diferencias más obvias de la era digital es la diseminación simple y rápida de las obras. YouTube, TikTok y otros sitios de descarga ilegales que permiten la circulación ilimitada de las obras sin otorgar la compensación al autor. Así, han destruido los modelos tradicionales de ganar dinero por concepto de regalías de las industrias de la música, la cinematografía y muchas otras creaciones sujetas a la protección.
Asimismo, la principal amenaza para la propiedad intelectual en la era digital surge del hecho de que cualquier usuario puede copiar y distribuir productos protegidos sin restricciones de ninguna manera. La distribución ilegal de software, música, películas y otros contenidos es común gracias a plataformas de redes sociales y sitios de intercambio de archivos. “El anonimato en las redes sociales y en las plataformas de intercambio en línea dificulta en gran medida la persecución de infractores”. Las direcciones IP pueden ser falsificadas y ocultadas, lo que hace difícil para las empresas reconocer a las personas detrás de las violaciones.
Además, la dificultad para perseguir a los infractores radica también en el anonimato y la jurisdicción internacional. Por ejemplo, “un usuario puede subir contenido protegido a la red desde un país con problemas de legislación de Propiedad Intelectual, lo que hace inaplicables las medidas legales de protección. Por lo tanto, gran parte de los delitos quedan impunes debido a la falta de cooperación internacional y la imposibilidad técnica de rastreo que mencionan”. El otro obstáculo es la falta de cultura de respeto y de educación de los propios derechos de los autores. Las prácticas del plagio y la incorporación de materiales no referenciados se utilizan comúnmente en escuelas y universidades; además, existe la opinión errónea acerca de lo libre contenido en la red, por lo que no es necesario mencionar la propiedad de los derechos copyright.
Por ello, entre las estrategias propuestas y aplicadas para hacer frente a la violación de propiedad intelectual se pueden mencionar las legales, tecnológicas y educativas, la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, promulgada en el año 2000, supuso un hito para la legislación dominicana al establecer el régimen de protección de invenciones, signos distintivos, marcas de fábrica, modelos de utilidad y diseños industriales. Si bien, bajo un contexto no digital, su eficacia a la luz de la reforma legislativa apegada a las bondades de nuevas tecnologías recae bajo cuestionamiento, solo ante el escenario ya presenté de la digitalización, con su adecuación a los tratados internacionales conocidos como el Acuerdo sobre los ADPIC), y armonización con otras leyes del sistema jurídico dominicano, como la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Asimismo, la normativa nacional se repite en forma de los pactos internacionales a los que adhiere el país. Por ejemplo, desde 1-01-01, el país es miembro del tratado ADPIC (Acuerdo sobre los ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativo al Comercio) asume que es necesario brindar mecanismos efectivos de protección. A nivel internacional, se implementan iniciativas para la cooperación técnica y la investigación penal en casos transnacionales como INTERPOL y la OMPI trabajan juntos y capacitan a los cuerpos policiales en el campo de la ciberpiratería.
En este contexto, es importante mencionar las tecnologías para la detección y protección del contenido, toda vez que ha sido una aliada de la propiedad intelectual en su versión digital. Por ejemplo, “herramientas de fingerprinting digital permiten identificar tanto la obra protegida original como cualquier archivo modificado en menos de milisegundos”. YouTube patenta sin derechos y bloquea o monetiza automáticamente los videos que infringen derechos con algoritmos de reconocimiento de contenido. También el uso de “blockchain”, una tecnología que permite el registro de obras con sellos de tiempo inalterables, consolidando la prueba de autoría y el rastreo del mal uso. Aunque poseen altos costes, estas herramientas se presentan como las únicas soluciones eficaces para mantener la propiedad intelectual sobre las cosas intelectuales en sus versiones digitales.
Igualmente, el fomento de los hábitos de respeto con la educación y la cultura: en el mediano y largo plazo, sin duda, la estrategia más sostenible es la educación. La acción comienza en edades tempranas a fomentar las conductas respetuosas. De hecho, se pueden implementar programas educativos abarcando desde primaria a universitarios sobre plagio, uso legal de fuentes y licencias de uso, entre otros. Acciones similares pueden impulsarse desde el Estado a través de campañas públicas como suceden en varias naciones.
También, la colaboración entre el gobierno, las empresas tecnológicas y las organizaciones de Propiedad Intelectual será fundamental para implementar políticas efectivas. Esto significa que las redes sociales y las plataformas de internet necesitan colaborar más estrechamente con los titulares de derechos para eliminar el contenido infractor, y más gobiernos deben reformar los sistemas judiciales para aumentar la eficacia y la justicia en las persecuciones. En múltiples triángulos entre una startup, la administración y el gobierno, “el trabajo conjunto puede ser aún más efectivo”.
Asimismo, una de las estrategias a largo plazo más efectivas para abordar los delitos de PI es la concientización del público sobre los impactos negativos de la piratería digital y los efectos legales de la infracción. Reducir la cantidad de personas que cometen violaciones requerirá educación y concientización: los creadores de contenido y las organizaciones deben financiar y participar en campañas específicas para informar a los consumidores sobre los derechos de PI y las desventajas de consumir contenido ilegal. En otras palabras, como se señala en Henkel, “más inversión en la educación del consumidor compensaría, tanto para el consumidor como para los creadores”.
Finalmente, en cuanto a las soluciones, habría que promover el acceso legal a las obras de arte y a la eclosión científica y tecnológica. Las formas para ello existen como el caso de Spotify, Netflix o las plataformas digitales de las bibliotecas. Dichas potestades deben ser acompañadas de incentivos fiscales, convenios con editoriales y un marco inclusivo para que todos nuestros ciudadanos accedan sin violar la propiedad intelectual.