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Las Veedurías Públicas y quienes pescan en mar revuelto

COVID-19 República Dominicana

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Por  Katy Báez/  Empresaria dominicana
El Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, acaba de emitir el decreto no. 145-20, el cual establece la creación de la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, que servirá de mecanismo para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se lleven a cabo bajo el esquema de compras de emergencia con miras al estricto cumplimiento de Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su reglamento de aplicación.

Dicha comisión estará integrada por un representante del CONEP, uno de CODOPYME, uno de la Iglesia Católica y otro de la Iglesia Evangélica, así como uno de la Asociación Dominicana de Diarios.

Cualquiera diría que estar en contra de ese decreto es politizar un asunto delicado en medio de esta crisis que estamos enfrentando en los últimos meses, pero en mi opinión, ése decreto es un esperpento utilizado para disimular malas acciones del gobierno y crear una cortina de humo que cubra la inmensa metida de pata que cometieron con la adjudicación de los contratos para la adquisición de materiales e insumos para el tratamiento del coronavirus (mascarillas, uniformes y demás), otorgados a una empresa que hace poco tiempo había sido señalada en otros casos que hicieron ruido en la opinión pública, vinculada procesos poco éticos.

Nos parece que queda muy mal parada la Dirección General de Contrataciones Públicas, a quien por mandato de la mencionada Ley 340-06 le corresponde “establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse”, y sin embargo esta comisión nace justamente dos días después de que la Directora de Contrataciones Públicas, Lic. Yokasta Guzmán, dijo que investigará empresas con contratos para equipos médicos. En ese mismo orden de ideas, la ley 10-07 de la Contraloría General de la República, establece que a esta le corresponde “regular el control interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión pública institucional y su interrelación con la responsabilidad por la función pública, el control externo, el control político y el control social; y, señalar las atribuciones y deberes institucionales en la materia”. Sin embargo, les están creando una Comisión de Veeduría ¿Ciudadana? para que haga lo que ambas instituciones gubernamentales deberían estar haciendo.

Es por lo anterior, que entendemos que el decreto 145-20 que establece la creación de la Comisión Veeduría Ciudadana COVID-19 no tiene razón de ser, a sabiendas que las dos instituciones públicas ya mencionadas, tienen el deber de cumplir con las funciones atribuidas a la recién creada comisión. Pero no obstante a esto, es importante reflexionar en torno a lo que disponen los siguientes decretos:

Decreto No. 188-14 que establece los principios y las normas generales que servirán de pautas a las Comisiones de Veeduría Ciudadana para observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que realicen las instituciones donde fueron integradas. En su artículo 6, establece el régimen de incompatibilidades de los veedores, disponiendo de forma específica que “No podrán formar parte de las Comisiones de Veeduría Ciudadana las personas físicas que tengan relación comercial o conflicto de interés con la entidad donde funjan como veedor, ni las personas físicas ligadas o vinculadas a personas jurídicas que tengan relación comercial o conflicto de interés con la entidad donde funjan como veedor”.

Decreto No. 183-15 que regula el funcionamiento de las comisiones de veeduría ciudadana, y que tiene por objeto regular el alcance, la conformación, las atribuciones, las competencias y el funcionamiento de las Comisiones de Veeduría Ciudadana, encargadas de observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones de las instituciones a las cuales fueron asignadas, de conformidad con las leyes de la República Dominicana. En el artículo 13 sobre las prohibiciones de los miembros de las comisiones de veedurías, establece que estos “no pueden vincular la veeduría a intereses partidarios o movimientos políticos o fines electorales”.

Visto lo anterior, podemos hacer las siguientes reflexiones:

Las comisiones de veeduría tienen un espíritu de vigilancia social, donde se les da participación a los ciudadanos para velar por que las instituciones públicas cumplan con los procesos de compras y contrataciones, entre otras funciones. Sin embargo, a nuestro entender, al conformar una comisión de veeduría, debería justificarse la razón por la cual la Dirección General de Contrataciones Públicas no ha sido responsable al cumplir con su deber, inspeccionando como corresponde todos los contratos que amplios sectores de la sociedad han reclamado como corruptos, y nunca se les ha dado una respuesta oficial sustentada.

¿Son realmente los organismos identificados en el decreto 145-20 emitido en fecha 5 de abril de 2020, independientes, toda vez, que quienes terminen siendo seleccionados para integrar la comisión no tengan ningún vínculo directo con el Estado, con los procesos de contrataciones o compras que han causado ruidos en la sociedad últimamente, o con alguna otra vía Estatal o Política por la cual podrían estar recibiendo algún tipo de beneficios que los comprometa con ser indulgentes en sus conclusiones?

Sin ánimo de exagerar, podríamos hasta asegurar que antes de emitirse ése decreto, ya el gobierno había seleccionado los supuestos representantes de los organismos de la sociedad civil que integrarán dicha comisión de veeduría. Es de rumor público los vínculos del Danilismo en el CONEP, en CODOPYME; sus relaciones con supuestos representantes de las Iglesias Evangélicas y Católicas, y de periodistas y/o directores de diarios ni hablemos, pues la gran mayoría depende de ingresos provenientes del gobierno.

Vemos cómo se han seleccionado empresas cuya naturaleza es para suplir determinados tipos de servicios o venta de bienes específicos, y sin embargo, son agraciados con contratos multimillonarios para vender o suplir bienes y servicios muy diferentes a lo que es su naturaleza comercial. Nosotros entendemos que en momentos de una crisis tan delicada como la producida por la pandemia del COVID-19, ni siquiera debería otorgarse un contrato para esos fines a ninguna empresa, sin importar su naturaleza, por demás sobre valorado, sino que le debería corresponder al propio gobierno realizar las compras de forma directa (recordando que los insumos en cuestión se deberán adquirir en el exterior), procurando agilizar los procesos, disminuyendo tiempos de respuesta, aminorando los costos y garantizando la calidad de los productos requeridos para enfrentar tan delicada crisis que nos está golpeando.

Por lo que está a la vista, siento mucha tristeza por nuestra querida República Dominicana, porque estamos en medio de un mar revuelto, y hay quienes quieren pescamos, a toda costa.

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