Coordinadora de Mujeres Transportistas decididas enfrentar pretensiones del CONEP
Las integrantes de la Coordinadora de Mujeres Transportistas anunciamos al país que tenemos la firme decisión de enfrenar las intenciones del Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP), de desplazarnos del servicio de transporte de pasajeros, al que estamos integradas desde hace décadas, en perjuicio de nuestras inversiones y nuestros lugares de trabajos.
Hacemos constar que esta organización agrupa a cientos de miles de mujeres que tienen inversiones y sacrificios en el sector transporte de pasajeros, en su condición de propietarias, así como a conductoras de carros y guaguas, cajeras, cobradoras, secretarias, conserjes, esposas, hijas, madres y otras parientes de los choferes, y otras que han encontrado en este sector una fórmula para ganarse el sustento de su familia.
Es por ello que hemos decidido salirle al frente a las intenciones del CONEP de incoar un recurso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo con el propósito de que todas nuestras unidades sean retiradas de las rutas que con tanto sacrificio hemos construido, junto a cientos de miles de hombres que se dedican a igual labor, sin importar las pérdidas materiales y emocionales que esto provocaría.
Miles de niños, adolescentes y jóvenes tendrían que dejar de asistir a las escuelas, a las universidades, a centros de formación de diversas categorías, porque nosotras y los hombres que también se dedican al transporte de pasajeros, dejaríamos de recibir los recursos que nos permiten costear los estudios de nuestros hijos y poner en juego así el futuro de ellos.
De producirse el desplazamiento, igual que aconteció con los obreros del sector cañero, nosotras y los demás transportistas, dejaríamos a nuestros hijos desamparados a merced del hambre y la miseria y sin posibilidad de asistencia de salud y medicina, ya que ese sistema público colapsó en perjuicio de las grandes mayorías.
Nos resistimos a ser empleadas de un grupo de empresarios que pagan salarios de miseria, mientras han recibido el beneficio de hacerse aprobar 32 leyes especiales para subsidios y exenciones de toda naturaleza, además de los 69 mil millones de pesos anuales que les otorga el Estado por concepto de combustible sin el pago de impuestos y los 200 mil millones de pesos en distintos tipos de exoneraciones cada año.
Tampoco queremos ser empleadas de un grupo de chupa sangres, que a pesar del sueldo de miseria que pagan, no pagan el dinero del seguro social que descuentan a sus empleados, porque lo utilizan para aumentar su capital de trabajo, y luego les aprueban en el Congreso Nacional una ley de amnistía para que sólo paguen una parte de los fondos retenidos.
Ni de aquellos que nos estafan cuando dejan de pagar al Estado el 50% del Impuesto Sobre la Renta y el 40% del ITEBIS, como asegura la Dirección General de Impuestos Internos, a pesar de que éste último nos los cobran en todos los bienes, servicios y productos que compramos o adquirimos.
Tampoco queremos ser empleadas de los empresarios mafiosos, como los de las EDES, que reciben mil 800 millones de dólares anuales y mantienen el país apagado; o como los de la autovía del nordeste (autovía de la muerte) que reciben de nuestros impuestos 2 mil 300 millones de pesos por compensación por los vehículos que dejan de transitar por esa vía.
Y mucho menos queremos ser empleadas de los dueños de las EDES, que reciben del Estado mil 800 millones de pesos para dar el peor de los servicios que pueda brindar una empresa, ya que mantiene el país apagado en los barrios y sectores cuyo consumo es subsidiado por el Gobierno y hasta muchos de los que supuestamente están sujetos a recibir 24 horas de energía.
No es nuestro propósito ser empleadas, con sueldos de mala muerte, de los que se dedican a quebrar bancos para con esos recursos crear otras empresas, mientras dejan en estado de indefección a miles y miles de personas que pierden sus ahorros en manos de esos delincuentes en los que han depositado su confianza, incluyendo a cientos de envejecientes, que pierden en esas acciones criminales sus ahorros de toda una vida.
Ni tampoco de las empresas de zonas francas, que son miembros del CONEP, que deben al Estado 32 millones de dólares desde hace varios años y además no cumplen con ninguna de las leyes en materia laboral que beneficia a los empleados a los que les niegan todos los derechos, sin que ninguna autoridad salga en defensa de las dominicanas y dominicanos que allí son estafados y maltratados.
Mañana martes 15 de noviembre estaremos en pie de lucha en el Tribunal Superior Administrativo a partir de las 9:00 de la mañana defendiendo nuestro derecho, ganado por todo el tiempo y sacrificio que hemos dedicado para la construcción de esas rutas y para realizar las inversiones que tenemos en ese sector del transporte de pasajeros.
Nos mantendremos firmes en nuestra posición y a partir de este momento nos mantendremos realizando todo tipo de acciones y denuncias a los fines de defender nuestro derecho de ser los dueños de nuestras inversiones y no ser lanzadas a las calles por el gran capital, que en muchos de los casos están vinculados con la mafia, el robo, el tráfico de influencias y con la estafa a todas y a todos a través de los grupos que crean en componenda con funcionarios del Gobierno.
Firmantes:
Eridania de los Santos Benilda B. González V. Maria del Pilar Uribe
Presidenta de la R-59 Esposa de chofer Secretaria General R-77
Propietaria de unidades Propietaria de unidades
Lila de la Rosa Rudanne Pinales Nancy Contreras
Conductora de Guagua R-8 Sec. Finanzas de R-2E Conductora de carro R-8
Esmeralda de los Santos Dayanari González Dania Domínguez
Conductora de carros Conductora de carro R-8 Secretaria de R-96C
ASOPROCAVEFE de El Tamarindo
Claudia Yajaira Cayetano Alexandra Mesa
Sec. De Finanzas R-36 Guaricano Secretaria de la R-36