Reforma laboral y Fondo General de Cesantía: un imperativo nacional
Por Manuel Soto Lara
Una cuestión muy controvertida en la reforma de nuestro Código de Trabajo es lo relativo al pago de auxilio de cesantía.
Los argumentos de los trabajadores y los plateados por los empleadores son igualmente entendibles. Los trabajadores no deben perder ese derecho; pero tenemos que proteger la inversión y el desarrollo empresarial.
Para solucionar, armonizando los intereses de ambos sectores, es necesaria la creación de un Fondo General de Cesantía, de financiación tripartita.
La cesantía, para los que no saben a qué nos referimos, es que el empleador debe pagar, en determinados casos de desvinculación de un trabajador, 21 y hasta 23 días de salario por cada año de duración del contrato de trabajo.
Para muchas empresas esto es traumático. Y otros no emprenden porque temen contratar trabajadores.
El auxilio de cesantía surge con el noble propósito de proveerle al trabajador cesanteado y a su familia una forma de subsistencia hasta tanto consiga otro trabajo.
Ese dinerito, en muchos casos permite a los trabajadores emprender en actividades de negocios, atender asuntos de salud, hacer reparaciones a sus casitas y hasta adquirir un solarcito, etc.
El auxilio de cesantía también garantiza una cierta inamovibilidad en beneficio del trabajador.
Pero, por otra parte, es muy cuesta arriba para pequeñas y micro empresas, incluso para medianas y grandes empresas, a algunas de las cuales se les hace difícil hacer estos desembolsos.
Se les hace difícil, entre otras cosas , porque no incluyen el pago del auxilio de cesantía en sus costos de producción. Si lo hicieran fueran menos competitivos, entre otros, con productos importados.
Lo cierto es que este rubro no estimula la inversión extranjera en nuestro país, con lo cual perdemos muchas plazas de trabajo, pago de impuestos y otros accesorios que dinamizan la economía.
Es decir, que no somos competitivos en comparación con otros países de la región, donde finalmente se va la inversión extranjera. Además, constituye un Talón de Aquiles para los inversionistas locales.
Estamos proponiendo, a los fines de conciliar los intereses, la creación de un Fondo General de Cesantía, a cuya formación concurran los empleadores, el Estado y los mismos trabajadores. Como ocurre, por ejemplo, con la Seguridad Social.
Así se cumpliría el noble propósito que ha dado origen a este derecho; ya que en la actualidad, en muchos casos, los trabajadores pasan años en los tribunales litigando ese derecho.
Desde la aprobación del actual Código de Trabajo en el 1992, los trabajadores pierden el derecho a cesantía si son despedidos con justa causa, también cuando ellos desahucian, o cuando pierden las demandas judiciales.
Con la creación del Fondo General de Cesantía, se convertiría en un derecho adquirido de los trabajadores; por lo que en todo los casos habría que pagarla con solo un requerimiento del trabajador provisto de una constancia de desvinculación.
Ello generaría, además, la posibilidad de que el Estado subsidie este rubro a segmentos empresariales estratégicos y a la micro y pequeña empresa.
Ahí está la propuesta; habría que trabajarla. Creo que vale la pena discutirla para ser incluida en la reforma laboral que cursa en el congreso.