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Son nulos los contratos con oficinas de abogados para representar en justicia al Estado dominicano

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Por Manuel Soto Lara
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha anunciado la contratación, a través de Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de Oficinas de Abogados, para representar al Estado en procesos penales contra ex funcionarios públicos.

Para una oficina de abogado poder intervenir en un contrato como parte, debe estar constituida en empresa, de lo contrario carecería de la imprescindible personería jurídica.

Entre nosotros no es válido, desde el punto de vista del derecho, la contratación de personas jurídicas para representar y postular por ante los tribunales de la República.

Para que esos contratos sean válidos el gobierno debe, necesariamente, contractar abogados. No personas jurídica. Todos los abogados son personas físicas.

Otorgar mandato ad litem a personas jurídicas para que estas, a su vez, se hagan representar por abogados, es una forma de “litigación por procuración” que la ley prohíbe.

Todos los contratos que suscriba el Estado con oficinas de abogados constituidas como empresas se contraen a nulidad.

La representación del Estado en justicia está reglamentada por la Ley No. 1486 del año 1938. Esta establece que el tribunal, a pedimento de parte, declarará nulos todos los contratos que no cumplan con la ley. Esta normativa solo reconoce a abogados para representar al Estado. En ningún caso a personas jurídicas.

La Ley 821 del año 1927, sobre Organización Judicial, consagra el ministerio de abogado; en ningún caso el ministerio de empresa. De ahí que las empresas no pueden representar en justicia.

Lo mismo ocurre con nuestra ley de colegiatura del abogado, la número 03-19, en su artículo 92 prohíbe las denominaciones comerciales de las oficinas de abogados. Exige, además, artículos 94 y siguientes, para el ejercicio del derecho, ser persona física, ser doctor o licenciado en derecho, estar juramentado, estar inscrito en el Colegio de Abogados y portar carnet de colegiatura;

El Código Procesal Penal dominicano, en su Libro Segundo sobre Jurisdicción Penal y Sujetos Procesales, tampoco reconoce a las oficinas de abogados como sujetos procesales.

De hecho, el artículo 86 de ese cuerpo normativo dice que el querellante puede hacerse representar hasta por tres abogados. Nunca por oficinas de abogados.

Mientras que el citado texto procesal penal en sus artículos 118 sobre las victimas y 267 sobre la querella, permite hacerse representar por mandatarios con poder especial.

Pero este poder no debe confundirse con el mandato ad litem del abogado, como erróneamente interpretan algunos jueces penales, ya que este representante especial suple la obligatoriedad de victimas y querellantes de estar presentes en audiencia, so-pena de ser declarado su desistimiento tácito.

Este mandatario con poder especial es imprescindible para las personas jurídicas.

La honorable Suprema Corte de Justicia se refirió a la litigación por procuración. Lo hizo a propósito del mandato a una persona jurídica y demandó una persona física que había firmado el contrato, en sentencia 202 del 2009: “…la Corte a-qua, al confirmar la sentencia del juzgado de paz, que admitió al recurrido y demandante en desalojo, a reclamar a título personal el cumplimiento de una obligación que no ha concertado, actuó en desconocimiento de la regla según la cual nadie pude litigar por procuración…”.

De lo anterior, nuestro humilde criterio, en el sentido de que cualquier contrato suscrito por el gobierno con oficinas de abogados, para representar al Estado en justicia, se contraerá a nulidad por vicios de litigación por procuración.

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