Por Eddy Olivares Ortega
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a segunda vuelta presidencial peruana vuelve a colocar ese país en una situación de máxima incertidumbre política. No se ha podido declarar en un tiempo razonable, ni siquiera provisionalmente, un ganador, debido a la reducidísima diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
Sin duda, cuando ocurre este tipo de fenómeno electoral la competencia política se traslada desde las urnas hacia los organismos encargados de administrar y calificar el proceso, por lo que, además de una disputa entre dos aspirantes, Perú enfrenta una prueba de resistencia para sus instituciones democráticas.
En ese sentido, la Enciclopedia ACE Project sostiene que cuando la diferencia entre los candidatos es mínima, la administración del proceso se encuentra sometida a una presión excepcional, debido a que cada decisión técnica que tome adquiere una dimensión política y cualquier retraso o error puede afectar la percepción pública de imparcialidad.
Asimismo, la experiencia comparada demuestra que las elecciones cerradas incrementan la tensión también en los tribunales que deben resolver las impugnaciones, ya que lejos de ser un problema exclusivamente jurídico, se trata de un fenómeno político que pone a prueba la credibilidad del sistema democrático, no obstante las misiones de observación internacional de la OEA y de la Unión Europea haber señalado que la jornada electoral se desarrolló adecuadamente y que se deben respetar los procedimientos legales para garantizar la legitimidad del resultado final.
El proceso oficial confirmó la extraordinaria estrechez de los resultados cuando con más del 97 % de las actas contabilizadas la diferencia entre ambos candidatos se reducía a apenas unas décimas porcentuales, mientras cientos de miles de votos observados o impugnados debían ser revisados por las autoridades competentes, un procedimiento que podría extenderse durante semanas.
La situación adquiere una dimensión aún más delicada, debido a que Perú cuenta con uno de los sistemas presidenciales más débiles del mundo, motivo por el cual en la última década ha experimentado una sucesión de presidentes, vacancias, renuncias, destituciones y gobiernos transitorios.
Desde la perspectiva de la ciencia política, un presidente elegido por un margen ínfimo inicia su mandato con una legitimidad electoral formalmente incuestionable, pero políticamente frágil. Si además enfrenta un Congreso fragmentado y altamente confrontacional, la posibilidad de construir mayorías estables disminuye considerablemente.
Por su lado, la destacada politóloga Pippa Norris ha señalado que la confianza en la integridad electoral constituye un activo democrático indispensable, especialmente cuando los resultados son estrechos y el perdedor dispone de incentivos para cuestionar el proceso.
La principal lección que ofrece hoy Perú es que la legitimidad democrática no depende únicamente del número de votos obtenidos por un candidato, sino de la credibilidad de las instituciones encargadas de contarlos. En una elección donde unos pocos miles de sufragios pueden decidir el futuro de un país de millones de habitantes, la independencia, la transparencia y la profesionalidad de la administración electoral representan el verdadero fundamento de la estabilidad política.
Más allá de quién resulte finalmente vencedor, el mayor desafío será reconstruir la confianza ciudadana y garantizar la gobernabilidad de un sistema presidencial que, una vez más, enfrenta la difícil tarea de demostrar que la democracia puede administrar pacíficamente la incertidumbre y transformar un resultado ajustado en una decisión legítima y aceptada por toda la nación.
