Bandas delincuenciales legitimadas por sindicatos y autoridades.
n República Dominicana, hay realidades que todos conocemos. Una de ellas es el papel que juegan los sectores del transporte público formal e informal, especialmente guagüeros y motoristas y que muchos llaman Sicarios del volante, que en muchos casos han dejado de ser simples trabajadores para operar como verdaderas estructuras de control territorial.
No se trata de generalizar ni de ignorar que miles de hombres y mujeres dependen dignamente de este oficio. Pero tampoco se puede seguir maquillando una situación que afecta a toda la ciudadanía con el dominio de rutas, paradas y zonas completas por grupos organizados que imponen sus reglas, fijan el precio de los pasajes, cobran cuotas a los afiliados, y actúan con violencia contra cualquiera que intente operar fuera de su sistema.
En muchos puntos del país, trabajar como motorista o guagüero no es cuestión de tener licencia, vehículo o disposición. Es, ante todo, someterse a un “sindicato” que decide quién entra, quién sale y cuánto debe pagar. Estas estructuras, lejos de dedicarse a educar, organizar y formar a sus asociados, funcionan como estructuras locales que controlan el territorio, fijan tarifas arbitrarias y castigan con amenazas, golpes o destrucción de vehículos a quienes desafían su autoridad.
Lo más grave no es solo la existencia de estas prácticas, y la agresividad y atropellos que diariamente vemos en nuestras calles y avenidas con estos sicarios del volante, sino que las autoridades del gobierno con su permisibilidad y falta de autoridad para regular y ordenar el l tránsito, se ha hecho cómplice de su normalización. Es evidente que las autoridades prefieren miran hacia otro lado por conveniencia política, participan de la misma dinámica promoviendo beneficios proveniente del gobierno a través de subsidios directos e indirecto.
Los sindicatos, que deberían ser instrumentos de organización y protección y educación, han sido en muchos casos capturados por intereses que nada tienen que ver con el bienestar colectivo. Bajo el discurso de la defensa del trabajador, se esconden mecanismos de extorsión y chantaje al propio conductor o dueño.
El Estado, por su parte, ha fallado de manera sistemática. La falta de regulación efectiva, la débil aplicación de la ley, la falta de educación desde las escuelas, y la ausencia de alternativas de transporte formal han creado el caldo de cultivo perfecto para que estas estructuras prosperen. Cuando la autoridad no regula, otros lo hacen, y no en beneficio del ciudadano.
El sistema de transporte de la RD, es caótico, inseguro, violento y peligroso, que solo sirve para aportar más muertos al cementerio que la pandemia del COVID-19. Además del dolor y llanto en miles de familias producto de los altos índice de muertes por accidentes de tránsito.
La pregunta no es si el sistema actual funciona. Claramente todos sabemos que NO. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más se permitirá que los guagüeros de Santo Domingo Este, y los de todo el país continúen echando carreras repletos de pasajeros, y haciendo rebases temerarios solo por andar en gigantescas y destartaladas guaguas, hasta cuándo debemos soportar que los motociclistas continúen atropellando a los peatones subiendo por las aceras, agrediendo a choferes que están delante en los semáforos, sin importar las ralladuras que provocan en vehículos nuevos, y rompiendo los espejos retrovisores laterales.
La tolerancia y la paciencia no siempre estarán acompañándonos, ahora vimos una banda delincuencial de motoristas matar a un empleado, pronto veremos choferes públicos y privados atemorizados tomar la iniciativa para no terminar como el empleado municipal de Santiago..
#DVERAS.
