“Cuando las faltas no tienen consecuencias, las normas pierden fuerza; cuando las consecuencias son claras, justas y proporcionales, se fortalece la responsabilidad.”
Por Carlo Lara
a Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fue fundada el 13 de abril de 1970, en el Teatro Agua y Luz del Centro de los Héroes, en Santo Domingo. Este importante gremio, que agrupa a decenas de miles de docentes del sector público, surgió en un contexto histórico particularmente complejo, marcado por la crisis política y social que amenazaba el desarrollo del año escolar 1969-1970.
Una de sus primeras grandes luchas se produjo en 1972, cuando el magisterio organizado reclamó el establecimiento del Estatuto y Escalafón de los trabajadores de la enseñanza, una reivindicación fundamental para la dignificación y profesionalización de la carrera docente.
La historia de la ADP está estrechamente vinculada a importantes conquistas educativas. Su capacidad de movilización y articulación con distintos sectores de la sociedad contribuyó, entre otros procesos, a las conquistas y defensa de las libertades públicas, como la apertura de la escuela pública, a la construcción del Plan Decenal de Educación y posteriormente a la aprobación de la Ley General de Educación No. 66-97.
Ha sido una lucha tenaz y constante. Sin embargo, a lo largo de su historia, la ADP también ha enfrentado amenazas internas y externas, entre ellas uno de los peligros más dañinos para cualquier organización: la división.
En los últimos años hemos observado cómo determinados actores ajenos a la estructura gremial han intentado influir en su dinámica interna, utilizando incluso a docentes como instrumentos para promover corrientes y posiciones que, lejos de fortalecer la organización, terminan debilitando su unidad.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo debe tolerarse la violación de las normas internas sin que existan consecuencias?
Durante la más reciente manifestación de la organización, el presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, envió un mensaje directo a quienes, según sostuvo, apuestan por fragmentar el sindicato:
“Hay sectores que apuestan a dividirnos. ¡Y eso no lo vamos a permitir! Si estamos unidos, avanzamos. Si estamos cohesionados, conquistamos”, expresó Hidalgo en sus palabras.
El planteamiento es contundente: la ADP no puede permitir que intereses particulares terminen colocando en riesgo una organización construida durante décadas de luchas y sacrificios.
Pero la defensa de la unidad no puede quedarse únicamente en discursos. Una institución democrática necesita normas, mecanismos de control y, sobre todo, la voluntad de hacer cumplir sus propias disposiciones.
Los estatutos de la ADP contemplan mecanismos disciplinarios precisamente para enfrentar aquellas conductas que puedan afectar su funcionamiento y cohesión interna.
El artículo 19 establece distintas situaciones que pueden dar lugar a sanciones. Entre ellas se encuentran, el incumplimiento de los deberes establecidos en los estatutos; la participación en actividades que, de acuerdo con la valoración de las pruebas, tiendan a dividir, fraccionar orgánicamente o socavar la unidad interna de la organización; así como la creación de intrigas o la difusión de mentiras entre compañeros.
También contempla conductas relacionadas con el autonomismo y el individualismo en el ejercicio de las funciones gremiales.
Estas disposiciones no son decorativas. Una norma que no se aplica termina convirtiéndose en una simple declaración de principios.
El artículo 13, por su parte, establece circunstancias en las cuales puede perderse la condición de miembro del sindicato. Entre ellas figuran la realización de actos contrarios a los fines, objetivos, métodos y principios de la organización; el incumplimiento de sus estatutos, reglamentos y resoluciones; así como incentivar o participar en prácticas divisionistas y desestabilizadoras dentro del sindicato.
Este último aspecto adquiere especial relevancia en una época en la que algunos docentes utilizan las redes sociales para cuestionar, atacar o desacreditar públicamente a dirigentes y organismos de la ADP.
La libertad de expresión y la crítica son elementos esenciales de toda organización democrática. Pero democracia no significa ausencia de reglas, y libertad de expresión tampoco equivale a licencia para desconocer los estatutos de una institución a la que se pertenece.
Los propios estatutos contemplan además otras situaciones que pueden afectar la condición de miembro, entre ellas asumir determinadas funciones dentro del Ministerio de Educación que resulten incompatibles con la pertenencia gremial.
Asimismo, se contemplan conductas relacionadas con el irrespeto a dirigentes y miembros que desempeñan funciones de dirección; la usurpación de funciones de dirigentes u organismos; la divulgación pública de asuntos internos de los organismos; y determinadas críticas realizadas fuera de los espacios institucionales correspondientes.
Todo esto conduce a una conclusión sencilla: la ADP tiene reglas. Tiene estatutos. Tiene procedimientos. Y también tiene órganos disciplinarios.
El Tribunal Disciplinario, contemplado en el artículo 20, tiene atribuciones para valorar las violaciones y determinar las sanciones correspondientes conforme a las disposiciones estatutarias.
El artículo 21 establece, entre otras, sanciones que pueden ir desde la amonestación comunicada al organismo correspondiente o a toda la base de la organización, hasta la crítica pública, la suspensión de funciones y derechos, e incluso la expulsión pública, según corresponda al caso y al procedimiento establecido.
Entonces, si existen normas y mecanismos para actuar, ¿por qué determinadas conductas parecen repetirse sin que se produzcan consecuencias visibles?
Esta es una discusión que la ADP no debería seguir postergando.
Porque una cosa es la tolerancia democrática y otra muy diferente es permitir que la tolerancia termine convirtiéndose en una violación de los estatutos.
La democracia gremial necesita pluralidad, pero también necesita límites. La crítica fortalece; la división deliberada destruye. El debate interno es saludable; la desestabilización sistemática es otra cosa que pone en juego la permanencia institucional de la organización.
Una organización que exige respeto a sus derechos frente al Estado también debe demostrar capacidad para hacer respetar sus propias normas.
No puede ser sostenible que cualquier miembro viole disposiciones estatutarias, desconozca organismos, irrespete autoridades, divulgue asuntos internos o promueva prácticas divisionistas y todo quede reducido a declaraciones públicas.
Sin consecuencias, las normas pierden autoridad. Sin autoridad normativa, la unidad se debilita. Y cuando la unidad se debilita, también se pone en riesgo la capacidad de lucha.
La ADP ha sobrevivido durante más de cinco décadas porque ha sabido resistir presiones, enfrentar adversidades y mantener una estructura nacional. Pero ningún legado está garantizado para siempre.
Por eso, si realmente se quiere preservar la unidad de la organización, ha llegado el momento de pasar de las advertencias a los hechos.
No se trata de perseguir a quien piensa diferente. Tampoco de silenciar la crítica ni de eliminar el disenso. Se trata de aplicar las mismas reglas para todos, con debido proceso, proporcionalidad y transparencia.
Quien tenga una posición distinta debe poder expresarla. Quien cuestione una decisión debe poder hacerlo. Pero quien deliberadamente viole las normas y atente contra la institucionalidad también debe asumir las consecuencias previstas por los propios estatutos.
La ADP no necesita menos democracia.” Necesita más institucionalidad”, No necesita perseguir voces. “Necesita hacer valer sus reglas”.
Porque como bien advierte una frase atribuida a José Pastor Ramírez: “La falta de consecuencias alimenta una mentalidad de impunidad.”
Y una organización que permite que la impunidad sustituya a la norma termina debilitando aquello que precisamente está llamada a defender. La ADP tiene derecho a la unidad, pero la unidad también exige responsabilidad.
Carlo Lara M.A
Periodista | Máster en Marketing Digital y Redes Sociales
829-574-2009 | IG: @ el_periodista_
