Raquel Cruz
Raquel Cruz

Condena a dueños de La Tablita es mensaje a ruidosos en SDE y más allá

Por Julio Benzant y Robert Vargas
Cuando todo parecía indicar que la justicia se había “olvidado” del caso “La Tablita”, el Ministerio Público en la provincia Santo Domingo ha obtenido ante un tribunal una sentencia que, por sus características, tendrá alcance nacional con la condena a tres años de prisión y al pago de una indemnización y una multa multimillonaria contra dos comerciantes por contaminación sónica y ocupación de los espacios públicos.

Ayer, el Ministerio público logró que el Primer Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo condenara en primera instancia a cumplir tres años de prisión en la cárcel de La Victoria a Juan José Chapman, un empresario que le gritó a los jueces en su cara que su negocio es el mejor porque vende la cerveza más fría del país.

Junto a Chapman también fue condenada a tres años de cárcel su esposa María de Jesús Hidalgo Astacio, pero esa parte le fue suspendida a ella y dejada a consideración del juez de ejecución de la pena, por lo que no tendrá que ir a prisión, si es que cumple con el resto de la condena.

A los dos, el tribunal les impuso el pago de una multa en beneficio del Estado de tres mil salarios mínimos; un millón de pesos a favor de la junta de Vecinos Reynas de la Paz y 500 mil pesos a beneficio del querellante-abogado y testigo Otto López.

También prohibió a la pareja negociar con bebidas alcohólicas y colocar música en La Tablita.

VIDEO AUSPICIADO

La defensa técnica de Chapman y su esposa ha anunciado que apelará la sentencia, que deberá ser leída a las partes en forma íntegra el próximo 14 de agosto.

Escenas de una noche cualquiera en La Tablita y su entorno

Un fallo histórico

Por sus características, se trata de un fallo histórico por estar enmarcado en la campaña anti ruidos, que iniciaron el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, (ASDE), durante la gestión del ex líder Juan De los Santos; y los Ministerio Público y de Medioambiente, hace seis años.

La sentencia adquiere la categoría de histórica por ser la primera de esa magnitud que se produce en los tribunales de la República Dominicana por un caso de contaminación sónica.

La dura sentencia le dice a los ruidosos y a otros que contaminan el medio ambiente que es posible condenarles a penas de cárcel y al pago de sumas millonarias, lo que se espera que tengan en cuenta los infractores, incluidos muchos comerciantes, políticos y evangélicos que gustan de escandalizar sin importarles que molesten a los vecinos.

Al fallo contra la pareja de esposos, con edades cercanas a los 70 años, se llegó tras un tortuoso camino que duró cinco años, tiempo durante el cual los propietarios de La Tablita escandalizaron, propiciaron la ocupación de las calles adyacentes y violaron acuerdos suscritos con la fiscalía.

Ellos creyeron que nunca se produciría una sentencia, quizás siguiendo las orientaciones de algún abogado que es posible les dijera que “el Ministerio Público no tiene caso”

No se descarta que, dada la arrogancia exhibida por Chapman cuando hizo su defensa material, este pueda no hacerle caso a la sentencia en primer grado en su contra y se dedique a vender bebidas alcohólicas y a colocar música en el establecimiento, lo que sería un grave error de su parte.

Olga Diná Llaverías
Olga Diná Llaverías

De ahora en adelante, los ruidosos deberán tomar en cuenta el caso”La Tablita”, al menos en Santo Domingo Este donde la Procuradora Fiscal Titular Olga Diná Llaverías ha dado sobradas señales de que está dispuesta a continuar respaldando a la procuradora fiscal Raquel Cruz, tal como lo hicieron el ex procurador Fiscal Perfecto Acosta, el ex líder Juan De los Santos y el actual alcalde Alfredo Martínez.

¿Cuál ha sido el secreto del éxito de la guerra anti ruidos en Santo Domingo Este?

Puede afirmarse con toda propiedad que Santo Domingo Este es el único municipio de la República Dominicana donde todas las discotecas están obligadas a colocar elementos anti ruidos y quienes no lo hacen se hacen pasibles de ser clausurados y sus propietarios perseguidos por la justicia.

El “secreto” de este éxito lo tiene la magistrada Raquel Cruz quien, a principios de la actual década diseñó un protocolo que garantiza el debido proceso a los posibles infractores y busca proteger a todos los munícipes de aquellos que les agreden con ruidos por encima de lo admitido por la legislación medioambiental.

Todas las actuaciones de Cruz contra colmadones, drinks y discotecas han estado respaldadas por ordenes de clausura dadas por jueces de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia Santo Domingo, ante quienes ella ha ido con elementos probatorios que demuestran que los propietarios de esos establecimientos intranquilizan a los vecinos.

Por eso, hasta ahora, ninguno de los procedimientos se han “caído” en los tribunales.

Esto explica que en la avenida Venezuela todas las discotecas tengan cristales anti ruidos y que en una ocasión una gasolinera de esa vía fuera clausurada durante casi tres meses por permitir que sobre miles de galones de gasolina se estableciera una “discoteca” al aire libre.

Cruz y su procedimiento acabaron con el caos que habían impuesto los dueños de drinks en el parque de Villa Carmen, en la avenida San Vicente de Paúl, y otras avenidas y barrios.

Ella y su equipo de trabajo recorren los distintos sectores para atender denuncias de vecinos que se sienten agredidos por ruidosos.

Hacen mediciones de la intensidad del sonido, toman fotografías y hacen vídeos, lo que documentan con denuncias de vecinos.

Tras esos procedimientos, si los infractores no se someten a la ley, entonces se procede a la clausura y secuestro de los equipos.

Ella es la única fiscal en el país que hace ese tipo de procedimientos, hasta ahora exitoso.

El respaldo  en esta tarea de la Procuradora Olga Diná Llaverías; del alcalde de Santo Domingo este y de la Policía Nacional es fundamental.

Cruz es del criterio que desde la municipalidad se puede aportar para combatir de manera efectiva la criminalidad y la delincuencia.

Ella percibe, y lo ha demostrado, que combatiendo a la contaminación sónica se aporta a la tranquilidad de los munícipes.

Ayer, la magistrada Elizabeth Rodríguez, Juez Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo, le dijo a los propietarios de La Tablita que “nadie tiene el derecho de quitarle el sueño a otra persona”, lo que está en concordancia con los postulados de la Ley y de la fiscal Raquel Cruz.

Náutica Auto Detailing, de la Charles de Gaulle, clausurado por ruidosos

 

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