Condenados a 40 años tres imputados asesinar escolta de Jean Alain y locutor Manny Méndez
Luego de demostrada la responsabilidad penal de manos de los fiscales Ignacio Rojas y Zayra Soto, de Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este, tres hombres fueron condenados a 40 años de prisión cada uno, al ser encontrados culpables en los asesinatos durante un atraco, de un mayor del Ejército, escolta del ex procurador Jean Alain Rodríguez y un locutor, en un suceso ocurrido en Haras Nacionales, municipio Santo Domingo Norte.
Los condenados a las penas de 40 años de prisión son Amaury Bron Heredia y/o Manaury José Bran (a) Amaury Guevon, José Miguel Peralta Rodríguez (a) Chichi y/o Bryan y Kelvin Lara Brazoban (a) Prin, de 25, 26 y 30 años de edad, respectivamente.
Los tres justiciables fueron encontrados culpable en los asesinatos durante un atraco, del mayor del Ejercito de República Dominicana (ERD), José Antonio Santana de la Cruz y del locutor Juan Francisco Pérez Méndez (Manny Méndez), en la comunidad Haras Nacionales de Santo Domingo Norte.
La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo a la acusación, el suceso ocurrió próximo a la medianoche del domingo 22 de agosto del 2021.
El mayor Santana de la Cruz y el locutor Manny Méndez, luego de haber tocado una fiesta en un hotel, regresaban a sus residencias ubicadas en la calle Orquidea número 12 y 13, en el sector Jardines de Haras Nacionales, en el referido municipio.
Ambos fueron sorprendidos por los ahora condenados y otros malhechores, portando armas de fuego, manifestándole que era un atraco, acto al cual se resistieron, siendo severamente golpeados y posteriormente acribillados a tiros por los delincuentes.
En medio del asalto falleció Amaury Báez de la Rosa, de 26 años, quién era parte de los atracadores, quien presuntamente fue impactado de balas, por sus compañeros de fechorías, según el informe policial.
El mayor Santana de la Cruz, sirvió de chofer y seguridad del exprocurador Jean Alain Rodríguez desde el año 2009.
Los abogados del Consejo de Defensa del exprocurador, calificaron de “extremadamente sospechoso” que la muerte de Santana se produjera solo días después de que este lo visitara al en la cárcel de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
De acuerdo a los abogados, personas supuestamente identificadas como miembros de la Policía Nacional, penetraron en la vivienda del occiso, sustrayendo sin autorización alguna de los dispositivos de grabación de las cámaras de seguridad.
Luego de indagaciones, las autoridades arrestaron a los ahora condenados, a los que le ocuparon dos pistolas, una de ellas sustraída al oficial militar Santana de la Cruz, al momento de sufrir una herida mortal por arma de fuego junto a su compañero de trabajo, el locutor Pérez Méndez.
A los tres justiciables un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso medida de coerción de prisión preventiva, mediante la Resolución Penal número 530-2021-SMEC-01822, de fecha 27 de agosto del 2021.
En el juicio de fondo, realizado el 05 de julio del 2023, el tribunal compuesto por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros), encontró a los tres imputados culpables en la violación de los Artículos 265, 266, 295, 304, 379, 381 y 383 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la Asociación de Malhechores, el robo agravado y el asesinato.
También la violación de los Artículos 66, 67 y 70 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los cuales establecen el régimen sancionador de 30 a 40 años de prisión para el tipo penal de cometer asesinato, durante un robo y con uso de arma ilegal.
El párrafo II del Artículo 66 de la referida Ley establece lo siguiente:
“Cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigada con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de privación de libertad”.
El tribunal impuso a los condenados el pago de una indemnización de un millón de pesos a cada uno, a favor de los familiares de las víctimas.
Además, el pago de 50 salarios mínimos de multas a cada uno.
El fallo del tribunal dispones que las penas impuestas sean cumplidas en la penitenciaría nacional de La Victoria, y el fallo sea comunicado al juez de Ejecución de la Pena, para su fiel cumplimiento.
La fiscal Dahiana Castillo Antigua, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra Las Personas de la Procuraduría Fiscal en Santo Domingo Este, estuvo a su cargo la investigación y formulación de acusación.
La lectura integra de la sentencia número 00374/2023 fue fijada para el 26 de julio del año en curso, a las 9:00 de la mañana, fecha que abrirá los plazos para las partes no conteste con la decisión, puedan recurrirla en la apelación.