Por Juan Antonio Mateo Ciprian
l sistema procesal penal dominicano ha experimentado avances significativos en la era digital, en particular con el uso del expediente electrónico. En este sentido, en el presente trabajo, se discutirán los logros obtenidos en términos de digitalización, en particular, en materia de fichas, antecedentes judiciales y el acceso a la información. Además, se analizarán limitaciones persistentes, principalmente la actualización tecnológica, protección de datos y acceso igualitario para los grupos vulnerables. Este artículo plantea que, la continuación de la actualización, la formación y la introducción de políticas inclusivas será esencial para aprovechar todos los beneficios y lograr un sistema procesal penal más justo y efectivo en la República Dominicana.
Por ello, en la época contemporánea, la digitalización es el elemento del progreso para todos los sistemas judiciales modernos. Por lo tanto, el dirigir el expediente electrónico ayudará en la eficiencia, la transparencia y el fácil acceso a la información. La República Dominicana sigue esta tendencia entre otras naciones que buscan digitalizar sus procesos judiciales penales. Sin embargo, en muchos aspectos, los avances conseguidos enfrentan desafíos que frenan el desarrollo completo de la capacidad técnica para este fin. “Al 2022, se han estadísticamente creado el 70% de los fichajes nuevos digitalmente, mientras los antiguos aún representan solo el 40%, creando así una brecha en la información. (Poder Judicial Dominicano, 2022)”.
Asimismo, el progreso en la digitalización del sistema procesal penal dominicano, como la utilización del expediente electrónico en el sistema procesal penal dominicano, ha hecho una contribución significativa.
Eficiencia y rapidez: La digitalización redujo los plazos de administración de casos, lo que elimina la necesidad de transferir registros físicamente de un sitio a otro y facilita el acceso instantáneo a la información. Los actores del sistema judicial: jueces, fiscales, abogados públicos y privados pueden acceder a los registros en línea desde cualquier sitio con acceso a internet, lo que implica que la mayoría de las decisiones y la colaboración entre las partes se puedan ejecutar de forma más oportuna.
En la actualidad, los expedientes judiciales han aumentado hasta en un 25% desde la implementación total del sistema en algunos tribunales pilotos. Esto implica transparencia e información: el Ministerio Público también está avanzando de forma significativa en la transparencia de los expedientes en línea. Las partes interesadas y las víctimas tienen la oportunidad de acceder a la información necesaria de forma más rápida y fácil, lo que reduce la posibilidad de cometer errores o distorsionar los hechos.
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Igualmente, la digitalización ha llevado a la creación y mantenimiento de bases de datos centralizadas basadas en la identidad de los imputados, los cuales contienen su perfil de fichas y su historia judicial. Estos son importantes para los jueces y fiscales, ya que permiten a los jueces tener una vista de panorama de los imputados, lo que puede ser útil en sus decisiones sobre medidas cautelares, sentencias y otros aspectos del caso. “La base de datos centralizada de fichajes o antecedentes judiciales ha llevado a una identificación reducida de los reincidentes en un 15%, según la Procuraduría General de la República”. Además, la digitalización ha eliminado el papel en la mayoría de los tribunales.
Ciertamente, eso es positivo para el medioambiente y se asocia con la inactividad y la imposibilidad de recuperar archivos físicos. Poder Judicial Dominicano estima una reducción del 40% en las compras de papel. Sin embargo, existen limitaciones y desafíos, como se describe a continuación: no se han logrado avances significativos en el sistema procesal penal en cuanto a las brechas digitales y acceso desigual a la tecnología; Los defensores públicos, defensores privados que trabajan con el sistema de derivados y los miembros vulnerables de la sociedad no acceden a la digitalización, incluidas las víctimas; los testigos y los imputados, que tienen atención priorizada con base en acuerdos internacionales, no ha sido aún tratado en todo el mundo, toda vez que aproximadamente solo el 30% de los defensores públicos tienen conexión Wi-Fi.
Por ello, se hace necesaria la actualización tecnológica constante, toda vez que, la tecnología avanza rápido y el sistema procesal penal dominicano necesita invertir una gran cantidad de recursos en la actualización constante de equipos y software para impedir la obsolescencia y asegurar la compatibilidad con otros sistemas de justicia. Sin embargo, la digitalización implica cierto riesgo para la seguridad y la protección de los datos. Por lo que, es preciso implementar las medidas necesarias para resguardar la información confidencial almacenada en los archivos electrónicos de casos de accesos no autorizados, filtraciones y ciberataques.
Asimismo, la implementación del expediente electrónico demanda capacitación para todos los actores del sistema judicial. Es decir, los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados privados y administrativos deben adquirir competencias para manejar las herramientas digitales de manera efectiva y segura. Según una encuesta realizada este año por el Consejo del Poder Judicial, el 60% de los jueces y fiscales considera que necesita capacitación adicional para utilizar las herramientas digitales del expediente electrónico.
Cabe destacar que la falta de interoperabilidad entre los sistemas informáticos de las instituciones que integran el sistema judicial (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, etc.) dificulta el ritmo de la información y la coordinación entre las partes, sin embargo, respecto a este sentido, se ha avanzado significativamente en la actualidad, incluyendo el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Este grupo incluye a personas de bajos ingresos y personas con discapacidades. Además, las barreras de acceso adicionales enfrentadas por las personas en situación de vulnerabilidad para acceder al expediente electrónico y para participar plenamente en el proceso judicial son la falta de acceso a la tecnología, la falta de habilidades digitales, las barreras idiomáticas, la falta de información y el miedo a la discriminación. Las medidas específicas que se deben adoptar para promover el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a la justicia son las siguientes: 1) Proporcionar acceso gratuito a internet y a equipos informáticos en los tribunales y en otras instituciones públicas; 2) Ofrecer capacitación en habilidades digitales a las personas en situación de vulnerabilidad; 3) Traducir la información relevante a diferentes idiomas; 4) Utilizar un lenguaje claro y sencillo en las comunicaciones judiciales; 5) Sensibilizar a los operadores del sistema judicial sobre las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. 6) Establecer mecanismos de apoyo y asistencia para las personas en situación de vulnerabilidad.
Igualmente, la actualización constante del sistema y la gestión eficiente del fichaje son componentes críticos para el éxito de la digitalización en el sistema procesal penal. La actualización tecnológica no se limita a la adquisición de nuevos equipos y software, sino que también implica la revisión y mejora continua de los procesos y procedimientos. Un plan de actualización a largo plazo que define las necesidades y evaluaciones de opciones y asigna recursos es esencial. También, la digitalización y expediente electrónico debe enfocarse sistemáticamente en la gestión de fichajes rápida, precisa y segura. Es fundamental asegurarse de que la información incluida en el fichaje sea completa y adecuada, así como que se proteja de accesos no autorizados. La biometría puede mejorar la precisión y la seguridad en la gestión de fichajes.
En conclusión, la digitalización del sistema procesal penal dominicano y la puesta en marcha del expediente electrónico representan significativos avances en la administración de justicia. No obstante, para asegurar que la digitalización genere todos los beneficios potenciales y consiga un sistema de justicia penal más efectivo, transparente y equitativo, es necesario no solo identificar los desafíos y las limitaciones vigentes, sino también, tomar las medidas necesaria para lograr una digitalización adecuada y constante de la tecnología, la formación global de los actores del sistema de justicia y nuevas políticas que garanticen un acceso equitativo para todos, y especialmente para los miembros más vulnerables de la sociedad, es fundamental. Sin embargo, aunque la inversión de la República Dominicana, en la digitalización del sistema procesal penal hasta la fecha ha tenido éxito, debe seguir invirtiendo en digitalización y asegurarse de que se realice de manera equitativa y adecuada.
