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Este perremeísta experto en derecho afirma que los arrestos y multas por violar el toque de queda están “al margen de la ley”

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Actualizado el: 1 marzo, 2021 - 1:49 AM (-04:00)

Por Robert Vargas
Este alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), no se ha andado con medias tintas y le ha dicho al Gobierno y a la Procuraduría General de la República que están “al margen de la ley” los arrestos y multas que son impuestas a los violadores del toque de queda.

No se trata de una de esas opiniones de gente fanática que abunda por ahí y opina sin conocimiento de causa. Nada de eso. Este sabe lo que dice puesto que bastante conoce de derecho y, además, fue el primer Procurador Fiscal que tuvo la provincia Santo Domingo.

Me refiero a Eddy Olivares, quien en su más reciente artículo publicado en Ciudad Oriental puso las cosas en su justo lugar y, de paso, sugirió la forma en que el gobierno y la PGR podrían dejar de estar “al margen de la ley”.

-“La administración, de la cual forma parte la Procuraduría General de la República, no puede establecer infracciones, ya que esta es una facultad exclusiva del legislador, ni tampoco aplicar sanciones administrativas que no estén contempladas en la ley”, precisa Olivares.

¿Se trata de un “deseo”, una forma de “gadejo” porque Paliza no quería que él fuera readmitido en el PRM o tiene base de sustentación jurídica para emitir esa “sentencia”?

Veamos, Olivares, antes de opinar en ese sentido dice: “en su artículo 262, la Constitución Política, describe los estados de excepción, que están conformados por el Estado de Defensa, el Estado de Conmoción Interior y el Estado de Emergencia, como “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”.

Una vez establecido ese antecedente, Olivares presenta la siguiente argumentación: “tomando en consideración que Ley No. 21-18 sobre regulación de los Estados de Excepción, en lugar de contemplar sanciones expresas contra los violadores de sus disposiciones, dispone en su artículo 32 lo siguiente: “el incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en los estados de excepción será sancionado de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes”.

En ese contexto, Olivares aprovecha para dejar en evidencia el vacío legislativo que existe en relación a las sanciones a los violadores del toque de queda y lo hace de forma sencilla y magistral “sin embargo, debido a la ausencia de leyes que dispongan sanciones contra quienes violan los estados de excepción, incluida la Ley General de Salud No. 42-01, todas las multas y privaciones de libertad que se les han impuesto a los ciudadanos por haber violado el Estado de Emergencia, han sido hechas al margen de la ley.

Olivares, conocedor profundo de las leyes, agrega un poco de gasolina al fuego cuando dice que:

-“Lo anterior se puede comprobar con la formulación de las interrogantes siguientes: ¿De qué se ha acusado a los violadores del Estado de Emergencia? ¿Han sido acusados de cometer una infracción administrativa o una infracción penal? Como es bien sabido, un ciudadano no puede ser privado de su libertad por la comisión de una infracción administrativa, pero en caso de ser acusado por una infracción penal la sanción solo puede serle impuesta por el juez”.

En pocas palabras, el Gobierno del presidente Luis Abinader y la Procuradora General de la República, Miriam Germán, de quienes se supone son garantes del orden jurídico, simplemente se colocan de espaldas a las leyes y están actuando bajo sus criterios personales, como si se tratara de una dictadura, donde no son tomadas en cuenta las normas legales.

No se presume que el Poder Ejecutivo y la PGR actúen de esa forma, sobre todo, porque, según admite el propio Eddy Olivares:  -“El comportamiento del pueblo dominicano durante el presente Estado de Emergencia, que se inició el 20 de marzo del año 2020, puede ser considerado como ejemplar, tomando en consideración que a pesar de su prolongación sin precedentes, la ciudanía no ha realizado ningún acto de protesta y, por el contrario, ha soportando con estoicismo las medidas restrictivas tomadas por el gobierno, entre las cuales se destaca la suspensión de la libertad de tránsito a través del toque de queda”.

De ahí su “sentencia”: “la administración, de la cual forma parte la Procuraduría General de la República, no puede establecer infracciones, ya que esta es una facultad exclusiva del legislador, ni tampoco aplicar sanciones administrativas que no estén contempladas en la ley”

Así las cosas, queda demostrado que quienes no están actuando de manera ejemplar, son el Poder Ejecutivo y la PGR, que se saltan el ordenamiento jurídico “a lo foque”.

Para resolver la situación y ante la evidente “metida de patas” del Poder Ejecutivo y de la PGR, Olivares le tiende una tabla salvadora al recomendar que: “es necesario y conveniente que el Congreso Nacional aproveche la experiencia dejada por el actual Estado de Emergencia y apruebe, con carácter de urgencia, una ley que disponga las sanciones pertinentes para ser aplicadas a quienes violen las normativas que rigen los estados de excepción”.

Ahora pasemos de la teoría a la práctica: ¿Qué le sucedería a cualquier ciudadano que se resista a ser arrestado por ser ilegal esa acción coercitiva? y, en caso de ser arrestado ¿Qué le pasaría a ese mismo ciudadano si se negara a pagar la “multa” impuesta ilegalmente?

Las experiencias están ahí: el Poder Ejecutivo y la PGR actúan al margen de la ley e imponen su voluntad solo porque cuentan con la soberanía sobre el poder de las armas, de todos los aparatos represivos y, evidentemente, de una gran parte de los aparatos ideológicos del Estado que prefieren mirar para otro lado.

Y, finalmente, siguiendo la narrativa sugerida por Olivares. ¿Cuáles sanciones le corresponden al presidente Luis Abinader y a la Procuradora Miriam Germán por ordenar arrestos y el cobro de multas ilegales a miles de personas?

Así las cosas, no sería bueno olvidar este “Considerando” de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

-“(Es) esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”,

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