[author title=»Por Julio Benzant» image=»https://ciudadoriental.com/wp-content/uploads/2021/07/juliobenzant.jpg»]Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected][/author]
uego de acogida la solicitud de la fiscal Ivette Mateo, del Departamento de Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este-Norte, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre, que mató a un teniente y a un sargento del Ejército de República Dominicana (ERD), en un suceso ocurrido en Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.
El condenado es Francisco Javier Sepulveda Reyes (a) Francisquito, de 49 años de edad, domiciliado en la calle Los Rieles # 08, barrio Proyecto Duquesa, sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.
Fue encontrado culpable de los homicidios del segundo teniente José Ángel Román Disla, y el sargento mayor Danilo Antonio Aquino Gómez, de 46 y 53 años de edad, respectivamente, ambos del ERD; el primero domiciliado en el residencial Gálver Girl, y el segundo, en el sector La Isabela, ambas en el Distrito Nacional.
La condena fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
Según el expediente, el suceso ocurrió el tres de marzo del 2023, aproximadamente a la 9:40 p.m, cuando el ahora condenado (a) Francisquito y los dos militares se encontraban compartiendo en el colmado Chepe Súper Frías, ubicado en la calle Principal s/n, en el barrio Jamaica, en el sector El Higüero, en Los Guaricanos.
Allí se originó un desacuerdo, entre el ahora condenado y los dos militares, porque (a) Francisquito estaba exhibiendo y relajando con un arma de fuego.
El segundo teniente Román Disla, le manifestó que guardara esa pistola, que con eso no se juega, lo que generó una discusión entre el sargento mayor Aquino Gómez y el encartado (a) Francisquito, sin embargo, cambiaron los ánimos y continuaron compartiendo.
El tribunal acogió la querella de constitución en actor civil, interpuesta por el abogado Nethalie Amstrong, de la Oficina de Defensoría de la Victimas, e impuso al condenado el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos a favor de los familiares de los occisos.
Momentos después, el imputado (a) Francisquito fue al baño y llamó a su amigo el sargento mayor Aquino Gómez, lo abrazó y lo sorprendió con un disparo a quema ropa, cayendo el suboficial militar al pavimento, con su arma de reglamento en el cinto.
En ese instante, el segundo teniente Román Disla, al ver lo sucedido se acercó a su compañero de arma, y al agacharse, el ahora condenado (a) Francisquito, les comienza a disparar, ocasionándoles a ambos militares la heridas que les causaron la muerte y marchándose del lugar, tan pronto cometió el hecho.
Los dos miembros del ERD muriero0216n por heridas de proyectil de arma de fuego con entrada en el hemitórax y salida en la región escapular derecha y herida a distancia con entrada en el costado izquierdo, línea auxiliar posterior y salida en el costado derecho, de acuerdo a los Informes Judiciales de Autopsias números SD-A-0216-2023 y SD-A-0217-2023.
El arresto del ahora condenado se produjo cuatro horas después del suceso, tras optar por entregarse a través de una persona que interfirió como mediadora.
Al momento del apresamiento se le ocupó la pistola marca FEG, calibre 9mm, serie No. B76044, con su cargador y dos cápsulas, la cual portaba legalmente y con la cual habría disparado a los dos militares.
El 10 de marzo del 2023, bajo la Resolución Penal número 530-2023-EMES-00559, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso al justiciable medida de coerción de prisión preventiva, para ser cumplida en la penitenciaría nacional de La Victoria.
En el juicio, realizado el 27 de junio del 2024, el tribunal compuesto por los jueces por Julio A. Aybar Ortiz (presidente), Laisa Matos Duran y Carol Serenela Modesto Sánchez (miembros), encontró al justiciable culpable en la violación de los Artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el Homicidio Voluntario.
El tribunal acogió la querella de constitución en actor civil, interpuesta por el abogado Nethalie Amstrong, de la Oficina de Defensoría de la Victimas, e impuso al condenado el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos a favor de los familiares de los occisos.
Las costas penales fueron declaradas de oficio, por el justiciable ser asistido por una abogada de la Oficina Judicial de la Defensoría Pública.
La fiscal Dahiana Castillo, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, estuvo a su cargo la formulación de acusación y solicitud de Auto de Apertura a Juicio al imputado.
El fallo establece que la condena sea cumplida en la penitenciaría nacional de La Victoria, y el fallo comunicado al juez de la Ejecución de la Pena, para su cumplimiento.
La lectura integra de la sentencia fue fijada para el 18 de julio del año en curso.
