Por Wilson Collado
a pandemia de COVID-19 no solo dejó un rastro de dolor y pérdidas humanas. También aceleró un cambio profundo en nuestra forma de comunicarnos y, con ello, expuso las grietas de un sistema de libertades que ya no resiste el mundo actual. Mientras el virus confinaba a las personas, las redes sociales se convirtieron en el principal espacio público. De repente, millones de dominicanos encontraron en plataformas como Facebook, X, Instagram, Tik Tok y YouTube el escenario ideal para informar, opinar, desahogarse y, también, para exagerar, mentir y destruir reputaciones. Lo que empezó como una válvula de escape se transformó en un amplificador de polarización, desinformación y odio. Y en gran medida, la culpa fue de la pandemia.
Durante los meses más duros del confinamiento, las redes sociales pasaron de ser un entretenimiento secundario a ser protagonistas absolutas de la vida social y política. Sin la mediación de editores, sin el filtro de la verificación profesional y sin consecuencias inmediatas, cualquier persona con un teléfono podía convertirse en un “influencer” de la opinión pública. Se viralizaron teorías conspirativas sobre el virus, se lincharon reputaciones por rumores sin fundamento y se alimentaron divisiones políticas que aún hoy persisten. Lo que antes requería un medio de comunicación tradicional con cierta responsabilidad editorial ahora se propagaba a velocidad de clic, muchas veces sin que el autor asumiera ninguna consecuencia real.
Este protagonismo desmedido de las redes sociales puso en evidencia una verdad incómoda: la libertad de expresión no puede confundirse con libertinaje. La libertad de decir lo que se piensa es pilar de toda democracia, pero cuando esa libertad se ejerce sin límites ni responsabilidad, se convierte en arma para atentar contra la honra ajena, la paz social y, en última instancia, contra la propia democracia. En República Dominicana hemos visto cómo perfiles anónimos o cuentas de baja credibilidad difunden calumnias que, de repetirse lo suficiente, terminan siendo aceptadas como verdad por sectores enteros de la población. La pandemia demostró que, sin reglas claras, la libertad se autodestruye.
Por eso es urgente modernizar nuestro marco legal. Los delitos relacionados con la libertad de expresión como difamación e injuria deben ser sacados del Código Penal. Criminalizar con prisión el ejercicio de opinar, incluso cuando se hace de forma torpe o agresiva, es desproporcionado y genera un efecto inhibitorio sobre el debate público. La solución no está en la cárcel, sino en la responsabilidad civil efectiva, en mecanismos ágiles de rectificación y en sanciones proporcionales que reparen el daño sin silenciar voces.
Al mismo tiempo, urge modificar la Ley 6132 de 1962 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Esa norma, promulgada en otro siglo y en un contexto tecnológico completamente diferente, ha quedado obsoleta ante la explosión digital. No puede regularse la prensa tradicional del siglo XX con las mismas herramientas que se aplican (o no se aplican) a las plataformas del siglo XXI. La reforma debe incluir la participación activa de los medios de comunicación, periodistas y representantes de la sociedad civil. Cada medio debería tener voz en la construcción de las nuevas reglas: no para blindarse, sino para garantizar que la regulación sea equilibrada, proporcional y respetuosa de la libertad genuina. presidencia.
Una nueva ley debe establecer claramente las responsabilidades de las plataformas digitales: transparencia en los algoritmos que amplifican contenido, mecanismos rápidos de verificación de hechos en casos de daño grave, y obligaciones de identificar a quienes operan bajo anonimato cuando se cometen delitos. Al mismo tiempo, debe proteger el periodismo serio frente a presiones económicas o políticas, y reforzar el derecho a réplica y rectificación. Sabemos que existe un proyecto de ley orgánica de expresión y medios audiovisuales, el cual contempla la eliminación de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para sustituirla por el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), debemos revisarlo, perfeccionarlo y discutirlo, para ponerlo en marcha, adecuándolo a la Constitución y la Convención Americana de Los Derechos Humanos.
La pandemia nos dejó muchas lecciones dolorosas. Una de las más importantes es que una sociedad hiperconectada y sin reglas claras es más vulnerable a la manipulación y al caos. Regular no es censurar; es civilizar el espacio público digital para que la libertad de expresión sea real y no un pretexto para el abuso.
Es hora de que el Congreso y el Gobierno, con la participación de los propios medios, impulsemos una reforma profunda. Sacar del Código Penal los excesos de expresión, actualizar la Ley 6132 con visión de futuro y establecer límites claros al libertinaje digital no es un ataque a la libertad: es su mejor defensa. La culpa fue de la pandemia, pero la solución depende de nosotros. No sigamos postergándola.
