Por Carlos Rodríguez
« política no es otra cosa que la expresión de la voluntad popular, y esa voluntad se alimenta de información veraz y oportuna», decía Juan Bosch, recordándonos que el acceso a la verdad es la base de toda democracia verdadera. En ese espíritu, la Junta Central Electoral (JCE) ha tomado una decisión que refleja la necesidad de equilibrar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, frente a las restricciones que buscaban limitar la publicación de encuestas antes de la campaña electoral. La suspensión provisional del artículo 13 del reglamento que prohibía difundir sondeos antes del inicio de la precampaña busca evitar que la censura política opaque la voz del pueblo y que las leyes restringen la transparencia.
El órgano electoral ha decidido, en un ejercicio de responsabilidad o presión , dejar en pausa esas prohibiciones mientras la justicia decide sobre su legalidad. Aunque la medida no fue unánime y generó voces disidentes que alertaron sobre la vulneración de la seguridad jurídica, lo cierto es que pone en evidencia la importancia de que las reglas se ajusten a la Constitución y a los principios democráticos. La decisión también refleja el compromiso de la JCE con un proceso electoral transparente, donde la información se comparte sin restricciones arbitrarias que puedan limitar el derecho de los ciudadanos a estar informados y a ejercer su voto con plena conciencia.
Este conflicto revela una tensión constante en la política: ¿hasta qué punto las leyes y reglamentos deben regular la libertad de expresarse en un proceso democrático? La obra de Bosch nos invita a recordar que la política debe servir para fortalecer la participación ciudadana, no para coartarla. La suspensión del reglamento, aunque temporal, es un paso hacia la protección de la transparencia y la confianza en las instituciones. La justicia debe ser el árbitro final, garantizando que las normas sean justas, claras y respetuosas del marco constitucional, porque solo así se fortalece la democracia y se honra la voluntad popular.
En definitiva, la decisión de la JCE refleja una lucha que trasciende lo legal: es una batalla por la verdad, por la participación activa y por un proceso electoral en el que la información circule libremente, sin obstáculos ni censuras. Como dijo Bosch, «la política es un acto de amor y de justicia», y en ese acto, la transparencia y el respeto por los derechos ciudadanos deben ser siempre la prioridad. La historia nos enseña que solo con decisiones responsables y humanas, construimos democracias sólidas y auténticas.
