Por Misael Lachapel
scribir esta columna me resulta doloroso y vergonzoso, pero el silencio ante el colapso de mi municipio sería una complicidad imperdonable. Santo Domingo Esteestá en caída libre. Lo digo sin rodeos: atravesamos un desastre administrativo sin precedentes, conducido por un Ayuntamiento que perdió el control de lo elemental.
Todo lo que toca la presente gestión termina en ruinas. Ahí están los casos de la cooperativa, las funerarias municipales y el Cuerpo de Bomberos, instituciones que eran motivo de orgullo y que hoy solo generan incertidumbre. Eso sin contar el drama insoportable de la basura. El hedor y la insalubridad dominan nuestras calles; en los barrios, la gente ha sido obligada a convivir con la inmundicia como parte del paisaje. Y eso es inaceptable.
Santo Domingo Este necesita ser intervenido administrativamente. Cuando la incapacidad de quien gobierna es tan evidente, no se puede esperar a que los problemas se resuelvan por arte de magia. El alcalde fue electo para administrar y solucionar, no para posar. Porque si algo hace con destreza es grabarse con su teléfono celular, pero las ciudades no se dirigen con videos ni con publicaciones de Instagram: se gobiernan con resultados.
Este municipio no es patrimonio personal de ningún funcionario. Le pertenece a su gente, esa gente trabajadora que no merece habitar en un basurero gigante. Hoy escribo desde la indignación, pero también desde la convicción de que aún estamos a tiempo de frenar este despeñadero. Para lograrlo, solo hace falta lo que hoy brilla por su ausencia en el Palacio Municipal: carácter, responsabilidad y vergüenza, sin lugar a duda Santo Domingo Este merece una nueva mirada
Estamos al borde de una grave crisis sanitaria que amenaza la salud y la dignidad de nuestras familias. Frente a esto, la tibieza no cabe. Exijo formalmente que el alcalde sea interpelado por los concejales. Debe dar la cara, explicar el manejo de los fondos públicos y responder por el colapso de los servicios. Si de ese examen se derivan irregularidades, que se investiguen y se aplique la ley hasta las últimas consecuencias. No se trata de una persecución opositora; se trata de rendición de cuentas
