Por Carlos Rodríguez
a lucha de San Juan de la Maguana contra la explotación minera no es una simple disputa ambiental, es un acto de soberanía frente a una narrativa oficial que, al igual que en otros episodios de nuestra historia, intenta criminalizar la protesta para imponer intereses foráneos sobre el bienestar colectivo. Como bien señala la campaña «Protejamos la Protesta» de Amnistía Internacional, el ejercicio de la voz ciudadana es hoy un derecho bajo asedio, donde las autoridades recurren a la deslegitimación y al uso de la fuerza para silenciar a quienes defienden el agua y la vida. La retórica que justifica la represión como una respuesta a supuestos «motivos ocultos» es la misma maniobra histórica utilizada por el poder para desviar la atención de las verdaderas causas del conflicto: la entrega del patrimonio natural de un pueblo a cambio de beneficios que nunca llegan a quienes habitan la tierra.
Esta resistencia nos remite inevitablemente a la cosmovisión de Juan Bosch, quien en su obra El Oro y la Paz —y en su constante defensa de la dignidad humana sobre el capital— nos advirtió que un gobierno que entrega sus recursos naturales a la voracidad externa termina entregando también la libertad de sus ciudadanos. Al igual que Bosch, pensadores como Eduardo Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, denunciaron con lucidez cómo la explotación minera es una forma de saqueo disfrazado de progreso, afirmando que «nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precozmente especializada en perder». La minería en San Juan no promete desarrollo, sino la profundización de la dependencia y la destrucción de la base productiva del «Granero del Sur», repitiendo el ciclo de expoliación que, bajo falsas promesas, ha empobrecido históricamente a nuestra nación.
La militarización del control policial frente a la legítima protesta social en San Juan es la prueba de que el poder teme más a la organización comunitaria que a la verdad misma. No podemos permitir que la narrativa oficial, tejida con guiones de manipulación y sospechas infundadas sobre infiltrados, nos desvíe del objetivo central: proteger el territorio del modelo extractivista que nos divide. La historia juzgará a quienes prefirieron el silencio cómplice, pero también recordará con honor a aquellos que, ante la amenaza de la represión, mantuvieron la frente en alto. La protesta, tal como nos enseña la realidad global, es el último bastión contra el autoritarismo que intenta silenciar a quienes han decidido que su futuro no está en venta.
Es momento de elevar la voz con la firmeza que exige la memoria de nuestros antepasados y la responsabilidad con las generaciones venideras. La verdadera fuerza del pueblo reside en su capacidad de discernir la mentira y persistir en la defensa de sus derechos, pues, como diría el pensamiento boschista, la política es el arte de servir al pueblo y no de servirse de él mediante el despojo de sus bienes fundamentales. San Juan no está solo; su lucha es la de todos los dominicanos que hoy se levantan contra la injusticia, exigiendo transparencia y recordando a quienes hoy ostentan el poder, que la tierra no se negocia y que la dignidad de un pueblo es innegociable.
