Presos en la denominada "Carcelita", en Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle.
Presos en la denominada "Carcelita", en Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle.

Someten Recurso Amparo por violaciones derechos presos en “La Carcelita”

El conocimiento del recurso de amparo está pautado ser conocido a las nueve de la mañana de este lunes 20 de mayo, en la Segunda Sala de la Cámara Penal de esta jurisdicción.

Por Julio Benzant
Santo Domingo Este. Miembros de la Oficina Nacional de Defensa Pública del Departamento Judicial de Santo Domingo, depositaron una Acción Constitucional de Amparo, por las violaciones a Derechos Constitucionales de los que encuentran detenidos en la denominada “La Carcelita”, que funciona el patio del Palacio de Justicia en la Charle de Gaulle.

El recurso fue depositado a través de la Comisión de Acciones Constitucionales, la cual está integrada por Mareline Tejeda Suero, Ruth Esther Ubiera Rojas, Adalquiris Lespín Abreú, Albert Thomas Delgado, Ángela María Herrera Núñez y Winni Adames, en representación de todos los defensores públicos y abogados adscritos en este departamento judicial.

El recurso de  Acción Constitucional de Amparo, teniendo como accionados al Estado dominicano, representado por la Procuraduría General de la República y el Procurador General Jean Alain Rodríguez, a la Procuraduría General de la Provincia Santo Domingo y su titular el Magistrado Francisco Berroa, a la Fiscalía General de la Provincia de Santo Domingo y a su titular Milciades Guzmán Leonardo y  a la Dirección General de los Centros del Nuevo Modelo Penitenciario y su director Ismael Paniagua.

También al los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Pedro, Najayo Mujeres, Najayo Hombres y Monte Plata, en sus directores Juan Otaño Mota, María Soriano Herrera, Yenny Olga Hernández, y Manuel Rodríguez Vizcaíno; por las violaciones a Derechos Constitucionales de las personas que se encuentran en este  espacio físico denominado “La Carcelita”.

La Acción Constitucional de Amparo está siendo promovida en razón del gran hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad en condición de presos preventivos en la denominada “La Carcelita”

VIDEO AUSPICIADO

Indican, que cuando son enviados por resoluciones motivadas a uno de los centros penitenciarios, los mismos se niegan a recibirlos, conllevando así a no solo desconocer la obligatoriedad legal de que la persona cumpla la pena o medida preventiva en el lugar que dispuso el juez o tribunal que debía cumplirla.

Señalan que la acción, por demás, es una franca violación a todos y cada uno de los derechos consagrados por la Constitución y las Leyes a las personas que han de encontrarse recluidas, ya sea de manera provisional o definitiva.

“No podemos olvidarnos ni pasar por alto que las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos que las que no lo están, e incluso se le deben garantizar en mayor medida.”, indican en la solicitud.

Agregan que partiendo del hecho de que es el Estado por intermedio de los medios, mecanismos y procedimientos legales, quien decide privar y mantener privado de libertad a una persona y así mismo conducirlo a un lugar específico por un tiempo determinado.

Señalan que es asimismo es obligatorio de crear las condiciones mínimas adecuadas para que reconociendo los derechos del hombre o la mujer, así mismo conociendo el mandato que a sí mismo se dio, pueda garantizárseles y no violentárselos como en el caso de la especie.

“La Dignidad Humana es un principio y valor transversal de nuestra Carta Magna, por lo que se deben garantizar las condiciones para que todas las personas puedan vivir, aun sea por breve tiempo en un lugar determinado, en condiciones mínimas adecuadas. Sin embargo y al parecer una cosa es tener plasmado en un papel una serie de derechos y otra muy distinta es que los mismos sean aplicados”, indican.

Agregan los Defensores Públicos, que se ha podido constatar que en este lugar llamado “La Carcelita”, no se respetan de manera íntegra los derechos de los internos,  de modo tal que el Estado, y de manera especial, la Procuraduría General de la República, está incumpliendo su rol de protector y garante de los derechos fundamentales de las personas. 

 

 

 

A continuacion el Acción Constitucional de Amparo:

 

 

AL:

Juez Presidente De La Cámara Penal  Del Juzgado De Primera Instancia Del Departamento Judicial De Santo Domingo

 

        VÍA:            

Despacho Penal

ASUNTO:   

Acción Constitucional De Amparo Colectivo Sobre La Vulneración De Los Derechos Fundamentales De Las Personas Detenidas En La Carcelita De La Provincia Santo Domingo Y De Las Mujeres Que Se Encuentran En Los Destacamentos De Villa María Y La Avanzada.

 

ACCIONANTES: 

         Detenidos Y Detenidas En La Cárcel Preventiva Del Palacio De Justicia De Santo Domingo

 

ACCIONADOS:   

  1. Estado Dominicano Representado A Través De:
  2. La Procuraduría General De La Provincia Santo Domingo y su titular el Magistrado Francisco Berroa, Procurador General Del Departamento Judicial De Santo Domingo.
  3. La Fiscalía General De La Prov. Santo Domingo, y su titular Milciades Guzmán Leonardo, Fiscal Titular Del Distrito Judicial de Santo Domingo.
  4. La Dirección General De Los Centros Del Nuevo Modelo Penitenciario, y su DirectorYsmael Paniagua.
  5. El CCR San Pedro y Su Director juan Otaño Mota
  6. El CCR Najayo Mujeres y su Directora María Soriano Herrera

 

ABOGADOS:      

Defensores Públicos Y Abogados Adscritos A La Oficina Nacional De La Defensa Pública Provincia De Santo Domingo.

 

DERECHOS CONCULCADOS:

El Derecho A La Dignidad Humana (Art. 8 Y 38 CRD); Integridad Personal(Art. 42 CRD); Derecho A La Salud, Alimentación E Higiene Adecuado (61 CRD; Igualdad (39 CRD) y Contacto Familiar (74 CRD).

 

“Es el Estado, quien decide confinar a una persona a un lugar determinado y sin posibilidad de poder suplir sus necesidades, por tanto es el encargado de hacer que se respeten sus derechosfundamentales

Soporte Probatorio:

 

  1. Informe -Fotografías Realizadas por la el Trabajador Social de la ONDP de Santo Domingo Este, Licdo. Carmelo Silfaen donde se puede demostrar la cantidad de personas privadas de libertad y el hacinamiento constante que allí existe.

 

  1. Videos contentivos de la vulneración de los derechos a la dignidad, la seguridad, integridad, higiene, derecho a la salud conculcados por el hacinamiento que impera en la Carcelita.

 

  1. Listado de los privados de libertad que se encuentra en la cárcel preventiva del palacio de Justicia o Carcelita, emitido por la Policía Judicial.

 

  1. Listado de los privados de libertad que han estado en calidad de detenidos en la Carcelita desde el primer día que fueron movidos a este lugar desde el Destacamento o Carcelita de San Luis demolido.

 

  1. Informe sobre actuaciones de los defensores públicos, en los departamento de la policía, realizado en el destacamento la Avanzada de fecha 02/05/2019.

 

  1. Informe sobre actuaciones de los defensores públicos, en los departamento de la policía, realizado en el destacamento la Villa María de fecha 02/05/2019.
  2. Reporte del periódico y medios de prensas digitales en donde aducen la forma infrahumana y deplorable en que se encuentra los presos preventivos así como también el hacinamiento del mismo.

Honorable Magistrado:

 

Quienes suscriben, LICDA. MARELINE TEJERA SUERO, RUTH ESTHER UBIERA ROJAS, ADALQUIRIS LESPÍN ABREU Y ALBERTTHOMAS DELGADO,defensores públicos, yANGELA MARÍA HERRERA NUÑEZy WINIE ADAMES, abogadas adscritas a la Oficina de Defensa Pública del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo, en representación de TODOS los defensores públicos y abogados adscritos que alberga la Oficina de Defensa Pública de la Provincia Santo Domingo; todos con asiento profesional abierto en las instalaciones de la referida oficina, ubicada en el Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo, avenida Charles de Gaulle, No. 27, Sector Cabima del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, a través del presente escrito estamos presentando formal Acción de Amparo Colectivo.

 

I.- Identificación de los Accionantes.

 

La presente acción de amparo está siendo incoada a favor de:

 

  1. Los más 100detenidosque se encuentran en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la Provincia de Santo Domingo.

 

  1. De las 11 detenidas que se encuentran distribuidas en los destacamentos de Villa María y la Avanzada, quienes fueron ubicadas en estos lugares luego de la demolición de la Carcelita de San Luis.

 

  1. De los más de 50 reclusos que son trasladados diariamente a conocer de sus audiencias y tienen que esperar en el autobús de la Penitenciaria de laVictoria, hasta que terminen todas las audiencias, por falta de espacio adecuado para ello.

 

II.- Identificación de los Accionados.

 

La presente  acción se está incoando en contra de:

 

  1. Estado Dominicano, como garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que habitan en la República Dominicana, representado por las siguientes instituciones:

 

  1. La Procuraduría General de la Provincia Santo Domingo y su titular el Magistrado Francisco Berroa, Procurador General del Departamento Judicial de Santo Domingo, al ser este organismo el superior jerárquico, dentro del organigrama del órgano persecutor, por ende deben responder por las acciones u omisiones, generadas por el organismo inferior.
  2. La Fiscalía General de La Prov. Santo Domingo, y su titular Milciades Guzmán Leonardo, Fiscal Titular del Distrito Judicial de Santo Domingo, al ser este el responsable directo de la ejecución de la logística a implementar como consecuencia de la demolición del destacamento de San Luis; además, de tener la obligación de velar por el respeto de los derechos fundamentales, que aun privados de libertad, les son inherentes a los seres humanos que se encuentran en el espacio físico denominado la carcelita, en esta Provincia Santo Domingo, y en los destacamentos de la Avanzada y Villa María.

 

  1. La Dirección General delos Centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y su Director Ysmael Paniagua, al ser estos los responsables de dictar las políticas que han de implementar los diferentes CCR, por ende son co-responsables de las afectaciones que estas ocasionen.

 

  1. El Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y su Director Juan Otaño Mota, ante la negativa de recepción de los imputados, en contra de quienes se ha dictado prisión preventiva, ordenando su ingreso en el referido centro.

 

  1. El Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y su Directora María Soriano Herrera, ante la negativa de recepción de las imputadas, en contra de quienes se ha dictado prisión preventiva, ordenando su ingreso en el referido centro.

 

III. Individualización de los hechos que producen la vulneración, restricción o limitación a los derechos fundamentales de los accionantes.

 

Existía en la localidad de San Luis la llamada Carcelita, que era el lugar donde de forma provisional se albergaba a personas provenientes de los diferentes destacamentos que integran la jurisdicción de Santo Domingo Este, a los fines de ser trasladados ante el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención permanente para ser conocida en su contra la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Publico. Ese lugar siempre vulneró derechos fundamentales de las personas detenidas por el hacinamiento imperante y se generaban situaciones problemáticas como consecuencia de la aglomeración existente.

 

Es por ello que la Procuraduría General de la Provincia de Santo Domingo, conjuntamente con la Fiscalía de esta demarcación territorial, y sus incumbentes, toman la decisión de demoler dicho lugar, por lo que se hacía imperioso la reubicación de estas personas detenidas a quienes no se les había conocido la vista de la medida de coerción, razón por lo que fueron trasladados a la llamada “Carcelita” ubicada en el edificio donde pernoctan los diferentes tribunales de esta jurisdicción. Vale aclarar que dicha Carcelita era utilizada para ubicar a los privados de libertad con audiencias programadas.

 

Resulta que desde que fueron reubicados estos detenidos en la carcelita se expresó de forma pública que la vigencia sería provisional, pues este espacio es extremadamente reducido, incluso mucho menor que el espacio en San Luis que fue demolido. Es válido aclarar  que la Cárcel Preventiva o Carcelita, ubicada en el Palacio de Justicia del Departamento Judicial de la Provincia de Santo Domingo se mantiene recibiendo personas y alojando de forma continua a los detenidos en calidad de destacamento final y de centro de reclusión al mismo tiempo. A la fecha ha sido tarea pendiente por resolver del sistema de penitenciario y judicial, las deplorables condiciones del lugar que se han convertido en cotidianidad infrahumana de los que allí permanecen  privados de libertad.

 

En la actualidad existe la violación al derecho a la dignidad de las personas, pues el aproximado de detenidos del sexo masculino es entre 60 y 100 personas, en un espacio de doce metros cuadrados (12 Mts2),por lo que constantemente dichas personas están en condiciones graves de hacinamiento. La Cárcel Preventiva ni siquiera posee unsanitario, teniendo los detenidos que hacer sus necesidades en fundas y botellas plásticas, en presencia de los demás imputados; en cuanto al aseo personal, es realizado dentro de la misma Carcelita a una hora determinada del día, en donde deben colocar sus pertenencias en las alturas de las paredes, para realizar ese baño obligatorio, siendo vistos por todos los usuarios del sistema que confluyen en esa hora en ese lugar.

 

Esta violación a la dignidad humana afecta por igual a los privados de libertad que son trasladados a conocer sus audiencias, pues deben permanecer en el autobús por largas horas;  es decir estos llegan al palacio alrededor de las 09:30 horas de la mañana y se marchan aproximadamente a las 7: 00 horas de la noche, por lo que en dicho vehículo de motor pasan diez horas sometidos al intenso clima soleado, expuestos a las altas temperaturas propias de nuestra isla, siendo afectados de salud por esta realidad que a todas luces vulnera el derecho fundamental a la seguridad personal, a un trato digno y pudiera ser en el peor de los casos que hasta el derecho a la vida.

Al injustificable hacinamiento se suma la NO dotación de alimentos y la inexistencia de espacio para donde dormir, motivo por el cual los privados de libertad tienen que sobrevivir con las raciones alimenticias que les envían los familiares y dormir unos pegados del otro en el piso de la cárcel preventiva, condiciones que se agravan con la poca ventilación de las celdas. Esta indigna situación hace peligrar el derecho a la integridad de estos, pues cuando se han suscitados peleas las consecuencias del conflicto son mayores en ocasión de la situación que denunciamos.

 

Es preciso resaltar que también cuando las audiencias de fondo son recesadas, los imputados son retenido y dejado en esa cárcel preventiva del palacio de justicia en donde a estos en ocasiones se les obliga a permanecer más del tiempo debido y no obstante ello no se les garantiza un trato digno ni mucho menos se les provee la ración alimenticia necesaria para su subsistencia.

 

Otra situación alarmante es el hecho de que por medio de visitas destacamentales realizadas por el personal de la Defensa Pública de la Provincia de Santo Domingo, se pudo constatar que luego de la demolición del Destacamento de San Luis, las autoridades de dicho destacamento se quedaron a cargo de los hombres que se encontraban previamente en el lugar de detención; sin embargo, en cuanto a las mujeres, fueron distribuidas en los destacamentos de la Avanzada y Villa María, este último en el Distrito Nacional, al no tener espacio donde albergarlas.

 

Luego de tener conocimiento de la situación anterior, en fecha 02/05/2019 se realizó un descenso en el destacamento de Villa María, a los fines de identificar las condiciones del espacio físico donde se encontraban las imputadas pertenecientes a la jurisdicción de Santo Domingo; actuaciones que constan en el Informe sobre Actuación de los Defensores Públicos y Abogados de Oficio en los Departamentos de la Policía[1], identificandoen ese momento, dos mujeres de la Jurisdicción de Santo Domingo Este,  una de ella de ellas de defensa pública, y la segunda de abogado privado, quienes han habitado este lugar pordos (2) meses,aproximadamente.

 

Del mismo modo, se constató este lugar de detención, con motivo a la referida demolición, había recibido un grupo estimado de veinticinco (25) mujeres que fueron trasladas desde el Destacamento de San Luis y fueron ubicadas en una celda diseñada para acoger a cinco mujeres de manera preventiva, de aproximadamente 10 pies de lado y lado, sin camas o camarotes, iluminación, u otras condiciones básicas para ofertar un trato digno a las mujeres detenidas en ese centro. Asimismo, nos informó que a mediados de marzo fueron trasladadas la mayor parte de las detenidas al Destacamento de La Avanzada.

 

En vista de esa información, el personal de la Defensa Pública de la Provincia de Santo Domingo, se trasladó al Destacamento de La Avanzada, donde se pudo comprobar que en el lugar se encontraba, un grupo de 9 mujeres, dentro de una misma celda, sin camas, iluminación, ni demás condiciones mínimas, para proveer un trato digno a las mujeres allí detenidas. Las que se encuentran allí, al haberles sido dictada prisión preventiva, ordenando su ingreso en el CCR Najayo Mujeres, sin que a la fecha, este se haya podido efectuar, en razón de la negativa de las autoridades de dicho centro.

 

Situación similar acontece con un tercer grupo de imputados, que también se encuentran en la llamada “Carcelita”, contra quienes se ha dictado prisión preventiva, ordenando su ingreso en el CCR San Pedro de Macorís, y otros Centros de Corrección y Rehabilitación, sin que se haya hecho efectivo, fruto de la negativa de estos lugares, para la recepción de los mismos. A modo de ejemplo, al día 10/05/2019, se encuentran veintitrés (23) personas que deberían estar en el CCR de San Pedro de Macorís, dos (02) en el CCR de Monteplata, y tres (03) en el CCR Najayo; sin embargo, todos permanecen en la carcelita ubicada en el patio del Palacio de justicia.

 

La justificación de estos lugares, radica en estar al límite de su capacidad, estableciendo que se hace el rejuego, con las internas salientes, siendo reemplazadas a discreción del Ministerio Público, lo que implica una vulneración al derecho de igualdad. Además, de que el Estado y sus instituciones, deben buscar medidas paliativas, pero que en modo alguno, vulneren derechos fundamentales.

 

Todas las situaciones anteriormente esbozadas dan al traste con la conculcación evidente de los derechos de dignidad humana (art. 8 y 38 CRD), Integridad Personal (art. 42 CRD), Derecho a la Salud, Alimentación e Higiene Adecuado (61 CRD), Igualdad (39 CRD) y Contacto Familiar (74 CRD).

 

Resulta que en virtud del numeral 12, art. 26, es atribución exclusiva del Ministerio Público:

 

– Vigilar que en los cuarteles y destacamentos policiales, recintos militares o de cualquier otra agencia de investigación o seguridad destinados al arresto de personas, en los centros penitenciarios y correccionales, los institutos de reeducación para menores y cualesquiera otros recintos destinados a la detención de personas, sean respetados los derechos fundamentales, y, de igual manera, vigilar las condiciones en que éstos se encuentren recluidos; tomar las medidas legales adecuadas para mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser humano cuando se compruebe que han sido menoscabadas o violadas.

 

IV- Justificación de la procedencia de la acción de amparo.

 

La Constitución Dominicana del año Dos Mil Quince (2015) reconoce la acción de amparo como un procedimiento constitucional al consignar en su artículo 72 que “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”.

 

Al respecto al Tribunal Constitucional Dominicano, se ha pronunciado, manifestando lo siguiente:

 

“Ha sido claro que en el contexto de un Estado social de derecho le ésta permitido al Estado suspenderles a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su derecho a la libertad, pero esto implica como contrapartida, que el Estado debe garantizarle a estas personas, las condiciones necesarias para una vida digna, por cuanto que, las mismas se encuentran en situación de especial vulneración, lo cual surge tanto de la constitución, la ley y la jurisprudencia, así como del sistema de protección de los derechos humanos.

 

El Estado se fundamente en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

 

Este tribunal constitucional considera que cuando en un estado social y democrático de derecho el sistema penitenciario y carcelario no cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente, existe sobrepoblación, ofrece mala alimentación y acceso a los servicios de salud a las personas privadas de libertad, las expone a riesgos que afectan su dignidad humana e integridad personal, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de barreras y obstáculos infranqueables, lo que constituye una VIOLACIÓN GROSERA Y FLAGRANTE DEL ORDEN CONSTITUCIONAL VIGENTE[2]

 

La acción de amparo se concibe como derecho, al igual que como garantía, puesto que funge como derecho porque toda persona tiene la potestad de acceder a la justicia para que se le garanticen las prerrogativas reconocidas, y es una garantía, por constituir un instrumento para efectivizar la vigencia de los derechos, vulnerados o que se pretenden vulnerarse.

 

Conforme a lo anterior se visualiza que nuestros Constituyentes a través de la Constitución del año Dos Mil Diez (2010) dejaron en manos del legislador la configuración del procedimiento a seguir para el conocimiento de dicha acción, conforme lo dispuesto en el artículo 112 de la misma, en consecuencia, es aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No.137-2011 -en lo adelante LOTCYPC-, la cual en su artículo 65 y siguientes lo instituye.

 

La acción de amparo está encaminada a la protección de derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. En el caso que nos ocupa, los más 126 detenidos que se encuentran en la Cárcel Preventiva del Distrito Judicial de La Romana, y de las más de 15 detenidas que se encuentran guardando prisión preventiva en el Destacamento de Caleta, se le está violentando continuamente su derecho a la Dignidad Humano, Integridad física y psíquica, Derecho a la Salud,  Derecho a familia, puesto que las condiciones de encierro son el escenario perfecto para la producción de enfermedades, el deterioro de la integridad física y psíquica de los(as) detenidos(as).

 

V.- Ausencia de causas de inadmisibilidad de la acción de amparo.

 

Resulta que el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece las causas por la cuales la acción de amparo puede ser declarada inadmisible, causas que no se configuran en el presente caso, a saber:

 

1.- Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado (art.70.1 LOTCYPC):

 

Todos(as) las detenidos (as) que se encuentran privados(as) de libertad en los recintos enunciados, están en condición de presos preventivos, por lo que escapan de la competencia del juez de la ejecución y corresponde al juez ordinario de primera instancia, como garante de derechos fundamentales la protección de las prerrogativas enunciadas en esta instancia.  

 

Tanto la Constitución Dominicana, Ley Orgánica del Ministerio Publico y de los Procedimientos Constitucionales No.133-2011, como todas las legislaciones complementarias otorgan competencia exclusiva al Ministerio Público para regular  el Sistema Penitenciario Dominicano.

 

 

2.- Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental (art.70.2 LOTCYPC):

 

Los derechos enunciados previamente se encuentran en una continua conculcación, puesto que permanecen encerrados en estado grave de hacinamiento sin dotación alimenticia, sin acceso a visita familiar, sin lugar donde dormir, sin ninguna de las condiciones exigidas por las Reglas Mínimas de Tratamiento  de los Internos, Ginebra en 1955, por lo que la referida acción está siendo depositada dentro del plazo antes indicado

 

3.- Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente (art.70.3 LOTCYPC).

 

Con relación a este requisito, es innegable que tampoco aplica en el presente caso, toda vez que la referida acción pretende tutelar derechos reconocidos por normas integrantes del bloque de constitucionalidad  de la República Dominicana, además de que se han identificado los actos que restringen el goce y disfrute de los mismos, así como a las personas que han provocado dicha conculcación, por lo que procede, en cuanto a este aspecto, admitir la presente acción de amparo.

 

VI.- La indicación clara y precisa de los derechos fundamentales que fueron conculcados, y cuyo pleno goce y ejercicio se pretende garantizar o restituir mediante la presente acción de amparo.

 

Así pues, como bien establece la doctrina al efecto el control del Estado sobre el manejo de los privados de libertad, busca que la privación o restricción de libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones del condenado que aquellas que la ley establece, o que sean consecuencia de la condena propiamente tal.[3],. En ese orden, no sólo es necesario guardar condiciones de detención adecuadas, si no que los organismos internacionales, requieren que el Estado cumpla con el deber de brindar a los detenidos un trato justo y respetar su dignidad humana, de donde, la forma en que habitan los(as) internos(as) de la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de Santo Domingo, coloca a estos hombres y mujeres en condiciones de desigualdad ante la comunidad penitenciaria nacional,vulnerando de manera continua, sistemática y consciente múltiples derechos fundamentales que deben ser tutelados.

 

De ahí, que la tutela judicial efectiva reglada por el artículo 69 de nuestra Constitución, combinada a las previsiones que en materia de amparo existen en nuestra legislación, lleva a velar porque el manejo de privados de libertad se ajuste a las reglas internacionales, evitando que se produzcan lesiones innecesarias y condiciones inhumanas en el curso de la privación de libertad.  Por ello el derecho internacional de los derechos humanos considera que la privación de la libertad por parte de un órgano del Estado es un momento sensible ante el cual las autoridades deben estar alerta.[4]

 

La corte Interamericana de Derechos Humanos ha consideradoGRAVES CONDICIONES DE DETENCIÓNa ubicación en celdas en condiciones de hacinamiento que no permitían adecuada movilidad ni aseguraban condiciones razonables de higiene y salud, sin acceso a luz natural o artificial;  precarias condiciones de alimentación; falta de atención médica adecuada y de suministro de medicinas, no obstante que había internos heridos y otros que adquirieron enfermedades en la cárcel; falta de ropa, de abrigo, (…)severo régimen de incomunicación; desatención de las necesidades fisiológicas (…)[5].

 

En ese sentido de alerta, llama a tutela la situación de la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de Santo Domingo en ocasiones ha llegado a la alarmante cifra de  más de 110 Hombres en calidad de presos preventivos, contra aquella institución que de manera consciente inobservada la realidad carcelaria nacional, persiste en aumentar de manera indiscriminada y sin control el número de privados de libertad.

 

Resultando en la especie afectados los derechos fundamentales, que conforme al compromiso estatal, contenido en el artículo 8 y 74  de la Constitución, deben ser tutelados y cuya previsión especial se encuentra directamente reglada por nuestra constitución de la manera siguiente:

 

  1. DIGNIDAD: conforma parte esencial de la expresión de voluntad que da origen a la modificación constitucional del 2010, en la que se establece que el constituyente obró regidos por los valores supremos ylos principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, entre otras consideraciones. De donde el artículo 5 de la Constitución (en lo adelante CRD) revela que La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana.

 

Las condiciones inhumanas que viven estas personas en esa Carcelita es la evidencia perfecta de la violación al derecho a la dignidad, este permea el resto de los derechos que han sido conculcados a los detenidos, la violación es de tal magnitud que el valor como persona de cada uno de esos detenidos se ha atropellado. A saber que el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0081/14, del  doce (12)  de  mayo  de  dos mil catorce(2014),ha definido el derecho a la dignidad humana en los siguientes términos:

 

“…la dignidad humana hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto  ser  racional,  independientemente  de  su  raza,  condición  social  o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares”.3

 

En consecuencia su condición de Estado Social y Democrático de Derecho no puede persistir sin el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, cual establece el artículo 7 CRD. Fijando a los efectos de poder alcanzar esta condición la función esencial del Estado de protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidady la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, EL BIENESTAR GENERAL Y LOS DERECHOS DE TODOS Y TODAS.

 

Es por ello que la Procuraduría de Santo Domingo se debe a los lineamientos constitucionales en procura de salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran en estado subjúdice, no se trata del otorgamiento de derechos y privilegios a unos y otros, sino que es la propia Constitución de la Republica que reconoce los derechos y garantías de las personas procesadas y más de los detenidos, que se hayan en estado de vulnerabilidad con respecto de aquellos procesados en libertad. Estos detenidos resultan afectados del derecho a la dignidad humana por el hecho de estar en ese pequeño espacio en condiciones de hacinamiento, exponiendo su integridad física al peligro constante, además no poseen lugar para dormir y de pasar largas horas y  semanas allí hasta que se decida sobre la solicitud de las medidas de coerción, como se verifica las condiciones del espacio físico en donde son colocadas estas personas no cumplen con los principios El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, ni con las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, a la vez colige con los convenios internacionales que protegen los derechos humanos de las personas y que entran en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 74.3 de la Constitución del 2010.

 

De lo que podemos colegir que  la obligación del estado, no se limita simplemente a prohibir la muerte de sus integrantes, sino que en el caso particular de los privados de libertad, tiene además la obligación de protección y de respeto, bajo la premisa del estado de indefensión en que se encuentra esta población y además porque fue el Estado quien a través de sus políticas decidió restringir ciertos derechos, a sabiendas de que tendrá que proteger efectivamente aquellos otros derechos que le siguen perteneciendo.

 

El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión en su Principio 1, establece que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De igual forma el principio 3 refiere que “no se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado”.

 

Como se puede colegir la dignidad es el centro de los derechos que desarrolla este instrumento de la Naciones Unidas, la dignidad vista como el reconocimiento del valor inherente al ser humano es a través del que derivan el resto de los derechos; en procura de generar la progresividad de este valor  es imposible que el estado limite su campo de acción a la mínima expresión en ocasión de una persona estar detenida.  Se activa aún más cuando el estado tiene en su poder una persona en calidad de detenido, pues desde ese momento la libertad se restringe e impide que el detenido por sus propios medios pueda suplir sus necesidades, que debe proveerlas el mismo estado.

 

A estos fines, no deja a la interpretación el constituyente el contenido mismo de este derecho,dedicando al efecto el artículo 38 de la Carta Magna, mediante el cual, el Estado Dominicano, proclama El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.  Formando parte de estos poderes públicos el ministerio público en todas sus acepciones, en especial, cuando la conculcación de derechos ha surgido de una acción directa del funcionario contra el cual se presenta este amparo. 

 

Y es que como bien ha sostenido la jurisprudencia de la CIDH, el Estado debe salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.[6]

 

  1. IGUALDAD E INTEGRIDAD PERSONAL: En consecuencia, observando la condición personal de cada individuo puesto a disposición del sistema de justicia, y los derechos que le acompañan ante su incuestionable condición de ser humano, la protección de sus derechos fundamentales se torna lacerados. En esta visión, las previsiones de que exista un tratamiento penitenciario, conforme a las previsiones del derecho internacional, se encuentran dispuestas por el artículo 169 párrafo II, como responsabilidad del Ministerio Público, sin que se permita distinción  en el tratamiento de los privados de libertad a nivel nacional.

 

La protección de los derechos fundamentales de los(as) detenidos(as) en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia deSanto Domingo, revisten la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación,   conforme al mandato del artículo 39 de la CRD; por lo que su permanencia en un lugar sin condiciones para el manejo de personas privadas de libertad, está muy por debajo de las previsiones carcelarias vigentes.

 

Dejando de lado esta acción la norma, en tanto que conforme indica el artículo 40.15 CRD la ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica[7], por lo que si bien es cierto que la necesidad de perseguir crímenes y delitos reviste un mandato constitucional, no menos cierto es que para el manejo de la etapa de investigación inicial y preliminar, la norma ha dispuesto por el artículo 226 del Código Procesal Penal opciones coercitivas distintas a las privativas de libertad y ha mandado a observar en el ejercicio del poder coercitivo, la realidad penitenciaria vigente, cuando indica como razón para descartar la prisión preventiva en el artículo 241 numeral 4 el hecho de que se agraven las condiciones carcelarias de modo que la prisión preventiva se convierta en una forma de castigo anticipado o trato cruel, inhumano o degradante.

 

Existe la violación al derecho de la igualdad entre los iguales, pues el resto de los destacamentos de la provincia de Santo Domingo están habilitados a tales fines, es decir para albergar un número determinado de personas, reconocemos que no tienen las condiciones como merecen los detenidos, sin embargo las situaciones deplorables que están viviendo los que se hayan en la “Carcelita” en comparación con el resto de los destacamentos es exagerada, por las violaciones constantes y tangibles de los derechos que deben ser salvaguardados y que desde el inicio del proceso penal les son vulnerados. Aunado a que tampoco en dichos destacamentos duran meses como ocurre en dicha carcelita. Esta estructura consta de una singularidad, porque propiamente no puede identificarse ni como un destacamento ni como una cárcel, porque no cumple con ninguna de las formalidades, sin embargo, es el lugar donde por meses están obligados a vivir personas en conflicto con la ley penal, sin tener ninguna de las condiciones mínimas para resguardar al menos de manera mínima los derechos fundamentales que aún tienen estos seres humanos, sin importar su condición o el tipo penal que se les indilgue, pues la misma constitución y los múltiples tratados internacionales de los cuales somos signatarios, establecen cuales son los derechos que se pueden restringir y cuales son aquellos derechos que el Estado como garante de todos su ciudadanos, está llamado a proteger y garantizar.

 

Estas personas reciben un tratamiento que desborda la crueldad contra ciudadanos y habitantes en calidad de detenidos, que se ven afectados también los derechos de la INTEGRIDAD PERSONAL de los(as) detenidos(as) de la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de Santo Domingo, está previsto en el Artículo 42 CRD, como el derecho de Toda persona (…) a que se respete su integridad física, psíquica, moral y en consecuencia, refiere el ordinal 1er. Del indicado texto legal Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; pese a ello, los imputados de la jurisdicción de Santo Domingo Este, sufren un tratamiento como detenidos que produce la necesaria afectación a sus derechos fundamentales debido a la condición de reclusión a la cual los ha sometido la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, de manera consciente y sostenida.

 

El hecho de estos detenidos permanecer en un constante hacinamiento genera afectaciones de salud diferentes, pues el espacio físico es muy pequeño para albergar un gran número de hombres y tampoco tiene la preparación para un lugar destinado a albergar privados de libertad. En el lugar no hay la ventilación requerida, ni la iluminación adecuada, aunado a que el aseo se realiza dentro del mismo lugar a una hora determinada y es en el mismo lugar donde deben dormir en las noches. Basta con analizar estas circunstancias para verificar si hay afectación al derecho a la integridad física, específicamente al derecho a la salud del detenido.

Circunstancia que claramente denota un procedimiento de privación de libertad vejatorio, que afecta la salud, integridad física y mental de los detenidos y se asimila a la visión internacional del concepto tortura, en tanto indica el Artículo 1 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984:

 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “TORTURA” TODO ACTO POR EL CUAL SE INFLIJA INTENCIONADAMENTE A UNA PERSONA DOLORES O SUFRIMIENTOS GRAVES, YA SEAN FÍSICOS O MENTALES…, , O POR CUALQUIER RAZÓN BASADA EN CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN, CUANDO DICHOS DOLORES O SUFRIMIENTOS SEAN INFLIGIDOS POR UN FUNCIONARIO PÚBLICO U OTRA PERSONA EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS, AINSTIGACIÓN SUYA, O CON SU CONSENTIMIENTO O AQUIESCENCIA.

 

Mientras que en el mismo orden continúa diciendo el Artículo 2 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA (Adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General): “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

 

Como vemos no podemos establecer que el Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo no tuvo la intención de causar este daño a las personas detenidas en el lugar improvisado llamado la “Carcelita”, pues este funcionario siempre ha tenido el conocimiento de este espacio y la utilización que siempre se la ha dado,  este funcionario a través de sus sentidos previamente ha podido constatar que ese lugar no tenia, ni tiene las condiciones mínimas para recibir el número de personas que entran allí a permanecer por espacio de largas semanas, siendo que hasta 100 personas son las que se encuentran de forma provisional por semana habitando este inhóspito lugar. Vale decir entonces, que estas personas son cruelmente maltratados por este funcionario público, quien tiene la calidad de ubicarlos en los espacios que entienda y quien ha hecho un uso inadecuado de sus funciones al colocar estos detenidos en un estado de vulnerabilidad constante por los sufrimientos que les causa estar privados de libertad en dicha “Carcelita”.

 

Ante esta situación que se revela el mal manejo de privados de libertad, los instrumentos internacionales nacidos para la protección de los privados de libertad buscan, impedir que para el logro de sus objetivos penitenciarios y preventivos generales el Estado configure actos de tortura física o psicológica[8] exigiéndole disponer y tutelar el respeto de los derechos de los privados de libertad, desde la óptica de la protección efectiva de los derechos humanos.

 

 

  • INTEGRIDAD FÍSICA Y PSIQUICA: alcanzando el estado de privación la integridad física de los privados de libertad, al someterles a una circunstancia de habitabilidad que infringe cualquier estándar de convivencia humana.

 

Circunstancia esta que ha logrado el amparo internacional, provocando la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en llamado al respeto y protección de la integridad personal. Es así como la jurisprudencia emanada de la CIDH ha indicado elEstado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. [9]

 

Así pues, cada vez que el sistema penitenciario permite la agresión contra los privados de libertad, revelada en el trato inhumano de los(as) detenidos(las) en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia Santo Domingo por el requerimiento del Ministerio Público, soslaya sensiblemente la obligación de preservar el derecho a la integridad física, mandada no sólo por el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, alcanzando el ámbito nacional en lo previsto por el artículo 42 de la Constitución.

El hecho de que los detenidos de la Carcelita se encuentren en ese lugar con las condiciones que hemos mencionado es una constatación material de la violación al derecho a la integridad mental, pues la perturbación que se genera en contra de estos al verse tratados como si no fueran personas con derechos, les hace sentir todo tipo de sentimientos que pueden llevar a la depresión y al desequilibrio mental; la frustración que sienten estas personas es de tal magnitud que en ocasiones las consecuencias son acciones violentas unos con otros, por la impotencia de estar viviendo en esteescenario por semanas.

 

Pues, como bien ha establecido KaryArriens, el derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental”.[10]como se advierte de este postulado doctrinario el derecho a la integridad personal conlleva variantes físicas y mentales, es decir que la constante zozobra causada por la desesperación que una realidad como la descrita en el presente amparo son muestras claras de la afectación a la estabilidad mental de estas personas, pues en su condición de humano y hasta de ser viviente no merecen ser tratados como lo ha hecho el Procurador de Santo Domingo, esto de forma inmediata genera daños irreparables en la conducta de esta persona que se ve sometida a este tipo de vejación, pues como vemos disminuye su calidad de humano y dignidad a su mínima expresión o bien a la anulación de esta.

 

En casos similares al de la especie, la Corte interamericana de Derechos Humanos ha considerado una acción de tortura contra los privados de libertad, el hecho de que se evidencie en su tratamiento formas de tratamiento crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho de la integridad física reconocido en el… artículo 5 de la Convención”.[11]Estableciendo al efecto la Comisión Interamericana que “el derecho a la integridad personal es un concepto de la mayor amplitud que tiende a proteger a la persona de cualquier acción del Estado que pueda afectarla negativamente que tiene vigencia tanto en el período de detención previa al juicio, como en el lapso durante el cual se cumple la eventual condena.”[12]

 

  1. SALUD:Conforme a la previsión dada por las previsiones internacionales la salud de los internos debe ser preservada y en consecuencia se asegurará a estos fines, conforme a las Reglas Mínimas para el tratamiento de internos (RMTR), artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26:

Ejercicios físicos

  1. 1) El interno que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los internos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.

Servicios médicos

  1. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los internos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo interno debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.
  2. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
  3. El médico deberá examinar a cada interno tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los internos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada interno para el trabajo.
  4. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los internos. Deberá visitar diariamente a todos los internos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un interno haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.
  5. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los internos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los internos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.

 

En adición a esto en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

 

En ese sentido ha indicado la doctrina comparada, que el hacinamiento trae como consecuencia graves problemas de salud, violencia, indisciplina , de carencia en la prestación de servicios (trabajo, educación, asistencia social, deporte, educación, visita conyugal, servicios médicos, ect.) con una clara violación de la integridad física y mental de los internos, de su auto estima y de la dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Para la comisión es claro que en los penales que presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de vida de los internos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros ni para los internos ni para el personal que trabaja con ellos.

 

En síntesis a mayor hacinamiento la calidad de vida de los internos y la garantía a los derechos humanos y fundamentales es menor. [13]

 

Esta actitud resulta ser Abusiva y poco responsable por parte de los órganos encargados.  Ya que esas violaciones se están haciendo de manera consciente y con conocimiento de causa, en virtud de que no es desconocido para nadie la condición de calamidad, esto bajo pretexto de la frase que han hecho valer las autoridades de que el detenido no es gente. Circunstancia tan real, que los fiscales no se acercan a la celda, para no ver afectada su salud ni la de los suyos, por el contacto con los detenidos, manejando los internos por libros y listas, no como seres humanos.

 

Pues, como bien indica Carranza, la seguridad humana es  un concepto verdaderamente abarcador que debe incluir no sólo la seguridad de no ser víctima de delitos, sino  también de gozar de vigilancia de un Estado Constitucional de Derecho y de un estándar mínimo o razonable de bienestar en materias de salud, educación, vivienda, ingreso, etc. Este concepto no sería otra que el reciente concepto de desarrollo humano sostenible que tienen a la equidad como principio.[14]

 

Seguridad inexistente aun cuando es requerida la atención médica o psicológica adecuada y oportuna, de la mano con la inexistencia de seguimiento médico permanente a los detenidos de dicho cuartel, mutado en cárcel preventiva.

 

  1. CONDICIONES DE HIGIENE ADECUADAS:Condición relacionada a la protección a la salud individual que exige de los centros de detención y por ende de la selección de los lugares a los que se pretende llevar a los detenidos y privados de libertad, el cumplimiento de ciertas condiciones que permitan el desarrollo progresivo del ser humano, es por ello que el artículo 10 de las RMTR indica que Los locales destinados a los internos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los internos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

Conteniendo el legislador, como parte de la prevención y protección de la salud, reglas para la conservación de la higiene en los detenidos, mismas que son plenamente obviadas en el recinto y respecto de las cuales no existe tutela por parte del ministerio público que ha requerido su privación de libertad, así las RMTP indican en sus artículos 15 y 16, que se preservará la higiene personal cuando dispone:

Higiene personal

 

  1. Se exigirá del interno aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.
  2. Se facilitará a los internos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.

 

Se puede constatar que estas vulneraciones se originan en todo el territorio nacional y que aunque existan sentencias emanadas de distintos tribunales, el ministerio público, continua haciendo caso omiso y violentando de manera sistemática y continua dicho derecho fundamental, esto así porque vista la sentencia No. 140/2016 dictada por la cámara penal del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de la Romana “Se ordena a la Procuraduría General de la República, tomar medidas necesarias a los fines de proveer las distintas herramientas para el aseo personal de los presos preventivos y detenidos, tales como; colchón, jabón, agua, pasta dental, cepillo, así como destinar el espacio para la creación de otros baños.”[15]

 

  1. ALIMENTACIÓN:El poder contar con una alimentación adecuada no es lujo, requiere del Estado una respuesta absoluta, en el manejo de los privados de libertad y así lo ha dispuesto las RMTR en su artículo 20, al indicar en relación a la Alimentación que 1) Todo interno recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo interno deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

 

En la actualidad no existe provisión de alimentos alguna, para los detenidos, por parte del ministerio público, y la escasa provisión existente proviene de familiares y amigos, y se adquieren gracias a la gestión del personal de custodia, sin que resulte suficiente para la población existente.

 

Dicho derecho fundamental ha sido consagrado, sin embargo a nivel nacional tampoco se cumple de forma cabal con el mismo, es por ello que el tribunal de la jurisdicción de la Romana se pronunció al respecto estableciendo que:

“Proveer por lo menos dos (02) veces al día, alimentos a los presos preventivos y detenidos en dicho centro, pudiéndose lograr con un acuerdo interinstitucional con el comedor de no ser posible, por la vía necesaria[16]

 

De aquí se desprende un deber de máxima importancia, para resguardar y proteger este derecho fundamental de la alimentación a las personas privadas de libertad. Ya  que muchas de ellas se encuentran distante de sus familiares o no cuentan con los recursos para poder alimentarse diariamente.

 

El tribunal Constitucionalestableció que “La especie se constata de que el Estado Dominicano, representado por la Procuraduría General de la República, no ha cumplido con la regla mínima de los presos preventivos, pues no ha podido probar que provee alimento a aquellos reclusos que sus familiares no le llevan”

 

  • CONTACTO FAMILIAR: La preservación del contacto con el mundo exterior y la conservación del núcleo familiar constituye parte esencial de este principio relacionado a las condiciones de privación de libertad, que adquiere carácter constitucional, ante la previsión conjunta del artículo 74 CRD y lo dispuesto por las RMTR en sus artículos 37 al 39.

 

  • ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN: Existe la problemática de que los internos no reciben la luz del sol hasta tanto no salen de sus celdas para ser transferidos a otros espacios. Lo cual impida que estos puedan tener una buna salud, por privarse de la luz solar y sus beneficios. Peor aún, que al no recibir la luz solar ni ventilación suficiente que les permita respirar y evitar transmisión de enfermedades contagiosas.

 

Resulta evidente que no existe ninguna ventilación en la carcelita y que la única fuente de aire que tienen los internos es la puerta que al ser de barrotes permite cierta entrada de aire, pero que solo los que están adelante pueden disfrutar de dicho aire, siendo que los que están detrás tienen serios problemas para respirar adecuadamente y viven en un estado constante de agitación, sudor y desesperación.

 

 

  1. INFRAESTRUCTURA ADECUADA: El espacio en el cual se encuentra dicha carcelita, obviamente resulta ser inadecuado para poder ser considerado digno, pero resulta aún más grave el hecho de la cantidad de personas que se encuentran habitando en él.

 

Es una costumbre de la Procuraduría General de la República, tener a los internos en condiciones infrahumanas y deplorables, de hacinamiento y de vulneración a múltiples de sus derechos fundamentales.

 

La situación que viven estos detenidos es deplorable y en término concretos absolutamente contrario a la dignidad humana.

 

 

Conclusiones Finales:

 

Ha quedada evidenciado que la Procuraduría General de la Republica, de manera sistemática, continua y voluntaria ha vulnerado múltiples derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley penal, inobservando mandatos constitucionales, violentando todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales somos signatario, de manera especial La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las disposiciones de la ley 224  Sobre Régimen Penitenciario.

 

La privación de  libertad como medida restrictiva al derecho fundamental de la libertad, en República Dominicana, tiene como fundamente el que la misma se contempla y permite a través de la restricción de ciertos derechos fundamentales, en razón de que el Estado, está en la obligación de garantizar la protección de todos sus ciudadanos. En esas atenciones se restringe el derecho a la libertad de aquellas personas que son acusados de cometer un ilícito penal, bajo la condición de que se respeten todos aquellos derechos que le corresponden por el simple hecho de ser seres humanos.

 

Lo que no podemos olvidar ni pasar por alto es que las personas privadas de libertad, tienen los mismos derechos que las personas que no se encuentran privadas de libertad e incluso deben garantizárseles en mayor medida.  Partiendo del supuesto de que es el propio Estado, quien decide confinar a una persona a un lugar determinado y sin posibilidad de poder suplir sus necesidades, por tanto es el encargado de hacer que se respeten los mismos, siendo la Procuraduría General de Prisiones, el órgano encargado de todas los seres humanos que se encuentran privados de libertad, teniendo entonces en deber constitucional de proteger esos derechos consagrados y no por el contrario de convertirse en verdugo de los mismos, dejando de lado e inobservando su sagrado deber de proteger a los ciudadanos que se encuentren a su cargo.

 

Larealidad mostrada de manera objetiva y sin pasiones, pueden  ser corroboradas por la población de internos que se encuentran en estas condiciones, o con un simple vistazo a las condiciones deplorables en los que se les obliga a estar.

 

Por lo tanto no es posible y no tienen explicación alguna, cómo se pregona un “Estado social y democrático de derecho”, mientras el propio Estado se hace cómplice de violaciones continuas y sistemáticas de derechos fundamentales. Como se permite que seres humanos duerman en el piso, que solo se tenga un baño para una población de aproximadamente 60 a 100 personas, en un espacio de no más de 15 metros cuadrados, que no tengan comida ni ningún sustento alimenticio, como confinamos a personas a un espacio sin condiciones para subsistencia obligándolos a estar en condiciones infrahumanas, sin luz y sin condiciones mínimas de higiene.

 

Le corresponde a la Procuraduría General de la República, en ejercicio de su facultad definir la política penitenciaria del Estado, según establece el artículo 30.20 de la ley 133-11, Orgánica del ministerio público, la ejecución de acciones positivas que permitan a los privados de libertad el respeto de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la integridad, a la salud, a la vida, de los que se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes entre las que se encuentra el deber de trato humano digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, higiene y salud adecuada. Deber que como ha quedado evidenciado, está siendo inobservado, vulnerado e irrespetado por el Estado, en representación de la Procuraduría General de la República.

 

La dignidad humana es un principio y valor transversal de nuestra carta magna, por lo que se deben garantizar las condiciones mínimas para que todas las personas puedan vivir en condiciones adecuadas. Sin embargo, una cosa es tener plasmados en un papel una serie de derechos y otra muy distinta que los mismos sean aplicados. Se ha podido constatar que en este lugar llamado “La carcelita”, no se respetan de manera íntegra los derechos de los internos. De modo tal, que el Estado y de manera especial la Procuraduría General de la Republica, está incumpliendo su rol como protector de los mismos.

 

VII.- Elementos de pruebas que justifican las pretensiones de la accionante:

 

  1. Informe -Fotografías Realizadas por la el Trabajador Social de la ONDP de Santo Domingo Este, Licdo. Carmelo Silfa en donde se puede demostrar la cantidad de personas privadas de libertad y el hacinamiento constante que allí existe.

 

  1. Videos contentivos de la vulneración de los derechos a la dignidad, la seguridad, integridad, higiene, derecho a la salud conculcados por el hacinamiento que impera en la Carcelita.

 

  1. Listado de los privados de libertad que se encuentra en la cárcel preventiva del palacio de Justicia o Carcelita, emitido por la Policía Judicial.

 

  1. Listado de los privados de libertad que han estado en calidad de detenidos en la Carcelita desde el primer día que fueron movidos a este lugar desde el Destacamento o Carcelita de San Luis demolido.

 

  1. Listado de los destacamentos de Villa María y la Avanzada donde fueron trasladadas las mujeres que se encontraban en la carcelita de San Luis al ser demolido.

 

  1. Reporte del periódico y medios de prensas digitales en donde aducen la forma infrahumana y deplorable en que se encuentra los presos preventivos así como también el hacinamiento del mismo.

 

  1. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 0555/17.

 

  1. Sentencia No. 140/2016 dictada por la cámara penal del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de la Romana.

 

 

VIII. Solicitud de Medidas Precautorias.

 

Conforme se desprende del contenido del artículo 86 de la LOTCPC, el juez apoderado de la acción de amparo puede ordenar en cualquier etapa del proceso, a petición escrita o verbal del reclamante, o de oficio, la adopción de las medidas urgentes que, según las circunstancias, se estimen más idóneas para asegurar provisionalmente la efectividad del derecho fundamental alegadamente lesionado, restringido, alterado o amenazado, tomando en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable que acarrearía la demora.

 

Resulta que en el caso que nos ocupa, al tratarse de violaciones fundamentales muy graves y a los fines de evitar que se sigan vulnerando los derechos ala Integridad Física y Psíquica, a la Dignidad y honor personal, a la Salud, a la Alimentación, al contacto Familiar, entre otros, es necesario que este Juez adopte medidas urgentes como las  siguientes:

CONCLUSIONES EN  CUANTO A LA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PRECAUTORIAS.

 

PRIMERO: Que este tribunal proceda a acoger en cuanto a la forma la solicitud de aplicación o adopción de medidas precautorias a favor de los accionantes, los privados  de libertad de la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia del Departamento Judicial de la Provincia de Santo Domingo y de las mujeres que se encuentran en los destacamentos de la Avanzada y Villa María, a los fines de evitar que se sigan materializando las vulneraciones a los derechos enumerados en esta instancia.

 

SEGUNDO: Ordene de inmediato tomar las medidas necesarias a los fines de descongestionar la carcelita del palacio de justicia de la Provincia Santo Domingo y de las mujeres que se encuentran en los destacamentos de la Avanzada y Villa María. Haciendo efectivo el traslado, de aquellos (as) en cuyo caso, se ha ordenado el ingreso a los distintos Centros de Corrección y Rehabilitación, de conformidad con las resoluciones de medida de coerción, que pesan en su contra, en donde se ordena prisión preventiva.

 

TERCERO:Que sea ordenada la provisión diaria de alimentos (desayuno, comida y cena), en provecho de las personas que se encuentran en el lugar denominado la carcelita y de las mujeres detenidas, en el destacamento de la Avanzada y Villa María; así como la limpieza diaria de estos espacios físicos, estableciendo como responsablespara la ejecución de esta medida a la Procuraduría y Fiscalía y sus respectivos incumbentes, de esta demarcación territorial, Provincia Santo Domingo.

 

CUARTO:Otorgar un plazo de cinco (5) días laborables a las entidades y personas físicas, involucradas en esta acción de amparo (Procuraduría de la Prov. Sto. Dgo., Fiscalía de la Prov. Sto. Dgo., Dirección General de los Centros de Corrección y Rehabilitación, CCR San Pedro de Macorís, CCR Najayo Mujeres, conjuntamente con sus respectivos incumbentes), para ejecutar la logística necesaria sobreviniente de esta acción.

 

SEXTO: Imponer un astreinte ascendente a la suma de RD$5,000.00, de manera individual, a cada una de las personas físicas y jurídicasen contra de quienes se está incoando esta acción de amparo (Procuraduría de la Prov. Sto. Dgo., Fiscalía de la Prov. Sto. Dgo., Dirección General de los Centros de Corrección y Rehabilitación, CCR San Pedro de Macorís, CCR Najayo Mujeres, conjuntamente con sus respectivos incumbentes), en provecho de la en provecho de la Oficina Nacional de Defensa Pública (institución dedicada a velar por el respeto de los derechos fundamentales, de los privados de libertad),por cada día que transcurra sin que se ejecuten las disposiciones precautorias, ordenadas por este juzgador y que son tendentes a evitar la continuidad en la vulneración de los derechos fundamentales, de los sujetos de derecho, que esta acción de amparo, busca tutelar.

 

SEPTIMO: Que la decisión resultante, sean notificadas de manera inmediata, sobre minuta, para evitar retrasos innecesarios, en la ejecución de las medidas, en provecho de los detenidos que alberga este espacio físico.

 

 

CONCLUSIONES EN CUANTO AL FONDO DE LA

ACCIÓN DE AMPARO:

 

PRIMERO: DECLARAR buena y válida en cuanto a la forma la Acción de Amparo incoada por los accionantes, los ciudadanos y ciudadanas privados(as) de libertad de manera preventiva en la Cárcel Preventiva “Carcelita” del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la Provincia de Santo Domingo y de las mujeres que se encuentran en los destacamentos de la Avanzada y Villa María, por haber sido interpuesta conforme a la ley.

 

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo la presente Acción de Amparo en contra de los accionados, ORDENANDO por vía de consecuencia a la  Procuraduría General de La República, como órgano encardo del sistema penitenciario dominicano, la dignificación y ampliación, del espacio denominado la carcelita o en su defecto la construcción de un espacio adecuado y que reuna las condiciones mínimas de habitabilidad, requeridas en la Constitución de la República y los Tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como las siguientes cuestiones:

 

  • Ubicación de la cárcel preventiva, donde la misma tenga mayor espacio, permitiendo el ingreso de solo 20internos como máximo por espacio de 100 metros cuadrados, para dar cumplimiento a las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Internos, de la ONU y para ser cónsono con el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

 

  • Ordenando la debida provisión de camarotes y colchones para que los(as) privados(as) de libertad, que se encuentren de paso, por el lugar de detención, puedan descansar de forma digna.

 

  • Ordenar disponer las herramientas mínimas para la higiene, tales como papel de baño, jabón, pasta dental, cepillo de dientes, entre otros, necesarios para el cuidado personal.
  • Asignar de manera permanente la dotación de las raciones alimenticias tres (3) veces al día, en favor de todos los sujetos de derechos que se encuentren en dicho de detención.

 

TERCERO: Que este tribunal tenga a bien otorgar un plazo de Quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la decisión al respecto, para la ejecución de todas las medidas ordinarias solicitadas, ya que respecto de las precautorias nos hemos pronunciado en el apartado destinado a estos fines.

 

CUARTO: Que este tribunal proceda a imponer un astreinte, ascendente a la suma de  Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), de manera individual, a cada una de las personas físicas y jurídicasen contra de quienes se está incoando esta acción de amparo (Procuraduría de la Prov. Sto. Dgo., Fiscalía de la Prov. Sto. Dgo., Dirección General de los Centros de Corrección y Rehabilitación, CCR San Pedro de Macorís, CCR Najayo Mujeres, conjuntamente con sus respectivos incumbentes), en provecho de la Oficina Nacional de Defensa Pública (institución dedicada a velar por el respeto de los derechos fundamentales, de los privados de libertad),por cada día que transcurra sin que se ejecuten las disposiciones precautorias, ordenadas por este juzgador y que son tendentes a evitar la continuidad en la vulneración de los derechos fundamentales, de los sujetos de derecho, que esta acción de amparo, busca tutelar.

 

Es  justicia lo que se os pide y esperamos merecer, en la ciudad de Santo Domingo de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los diez (10)  días del  mes de Abril del año dos mil Diecinueve (2019).

 

 

 

COMISION DE ACCIONES CONSTITUCIONALES DE LA DEFENSA PÚBLICA DE SANTO DOMINGO ESTE.

 

 

 

Licda. Ruth Esther Ubiera Rojas               Licda. AdalquirisLespín Abreu              

      Defensora PúblicaDefensora Pública

Licda. Ángela María Herrera                                      Licda. Winie Adames

Abogada Adscrita a la Defensa Pública                      Abogada Adscrita a la Defensa Pública

 

 

 

 

Licdo. Albert Thomas Delgado

Defensor Público

 

 

Defensores Públicos  y abogados adscritos a la ONDP de la Provincia Santo Domingo.

 

 

Licdo. Sandy W. Antonio                      Licda. Eusebia Salas de los Santos

      Defensor PúblicoDefensora Pública

 

 

 

Licdo. Cesar Marte C.                           Licda. Martha Estévez Heredia

      Defensor PúblicoDefensora Pública

 

 

 

 

Licdo. Rosemary Julissa González                 Licda. Yogeisy Moreno                            Defensora PúblicaAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

 

 

Licdo. Ángel Darío PujolsLicda. WinnieAdmas

      Defensor PúblicoAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

 

 

 

Licdo. Engels Amparo Burgos               Licda. TheodoraHenriquez Salazar

      Defensor PúblicoDefensora Pública

 

 

 

Licdo. Manolo Segura                             Licda. StanderliJimenez

      Defensor PúblicoAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

 

 

Licda. YulisNela Adames                             Licdo. Erick Medina

      Defensora PúblicaAbogado Adscrito a la DefensaPública

 

 

 

Licdo. Junior Darío Pérez                             Licda. Alba Rocha

      Defensor PúblicoAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

Licdo. José Paredes Reynoso                   Licda. Jhoanna Bautista Bido

      Defensor PúblicoAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

Licda. Wendy Mejía                             Licdo. Junior Ramírez

Defensora PúblicaAbogado Adscrito a la DefensaPública

 

Licda. Marina Polanco Rivera               Licda. Ingrid Sebastián

      Defensora PúblicaAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

Licda. Nilka Contreras PérezLicda. Rosa Elena Morales

      Defensora PúblicaAbogada Adscrita a la DefensaPública

Licda. Sandra Disla CampusanoLicda. NormaurysMendez

      Defensora PúblicaAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

Licda. Hilaria FernándezLicda. Hilda Martínez

      Defensora PúblicaAbogada Adscrita a la DefensaPública

 

Licda. Diega Heredia                Licdo. Fernando Peña

   Deensora PúblicaAbogado Adscrito a la DefensaPública

 

 

 

Licda. Jazmín Vazquez

Sub.Coordinadora,

De la ONDP de la Provincia de Santo Domingo.

 

 

 

LICDA. Mareline Tejera Suero

Defensora Pública-Coordinadora,

De la ONDP de la Provincia de Santo Domingo.

[1]Ver anexo correspondiente al informe aportado como elemento probatorio.

[2]Sentencia del Tribunal Constitucional 0555/17, dictada el 26 de octubre del 2017.

[3] Ibídem ob cit.

[4]Ob cit. P. 29

[5] ver caso Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 21, párr. 116; caso Tibi, supra nota 150, párr. 146,

y caso Maritza Urrutia, supra nota 150, párr. 91|

[6] ver caso Baldeón García, supra nota 3, párr. 85; caso Comunidad indígena Yakye Axa, sentencia del  17 de junio de 2005, serie c n°125, párr.161, y caso Instituto de Reeducación del Menor, sentencia  del 2 de  septiembre de 2004, serie c n°112, párr. 152 y 153.

[7] Contenido dentro de la previsión de la libertad individual.

[8] Castro, Cillero, Mera. Álvaro, Miguel y Jorge. Derechos Fundamentales de los Privados de Libertad: Guía práctica con los estándares internacionales en la materia. Ediciones Universidad Diego Portales-Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales-Embajada de Finlandia-Andrea Palet, editora: Santiago de Chile, 2010. P. 29.

 

[9] CIDH en Caso Miguel Castro vs. Perú. Sentencia del 25 de noviembre de 2006. P. 273

[10]Arriens, Kary. El derecho a la Integridad Personal. Consulta electrónica 13/4/2011.

 http//www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuskyAEpyvYSZgqU.php

[11] Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. CIDH.  Destaca protección derecho a la vida, integridad personal, libertad personal en favor de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez.

[12] Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Comisión Interamericana.

[13]  Informes del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Colombia. Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10.  Citado por defensoría del pueblo Colombia análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia.

[14] Carranza, Elias. Situación del delito y de la seguridad de los habitantes en los países de América Latina. Contenido en Carranza, Elias. Delito y seguridad de los habitantes de Buenos Aires. Siglo XXI-ILANUD-Union Europea. 1997. P. 24.

[15]Sentencia No. 140/2016 dictada por la cámara penal del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de la Romana.

[16]Numera 2.3 de la sentencia No. 140/2016 dictada por la cámara penal del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de la Romana.

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