Regidor Manuel Soto Lara
Regidor Manuel Soto Lara

Soto Lara inicia proceso podría concluir con El Cañero en el banquillo de los acusados

Por Robert Vargas
Quienes conocen de la vida en las alcaldías de la República Dominicana aseguran que en el negocio de la basura “lo que  menos hiede es la basura” y, con esa apreciación como telón de fondo, el regidor Manuel Soto Lara acaba de iniciar un proceso que podría terminar con el alcalde Alfredo Martínez; el Contralor Municipal Pascual Disla; y el Tesorero Municipal Branlis Quezada sentados en el banquillo de los acusados por las presuntas violaciones a ley 176-07 que regula los Ayuntamientos y el Distrito Nacional.

Alfredo Martínez
Alfredo Martínez

Soto Lara le ha dicho a Ciudad Oriental que está dispuesto a llevar el pleito que ha iniciado hasta los tribunales al considerar que el alcalde Martínez estaría incurriendo en alegadas transgresiones a la legislación y que, eventualmente, Disla y Quezada, podría correr la misma suerte si dispone del dinero del municipio para pagar sumas millonarias a una empresa recolectora de basura que actúa amparada en un contrato que no ha sido aprobado por el Concejo de Regidores.

Branlys Quezada
Branlys Quezada

¿Cuál es esa empresa?

Se trata de Danko Group, S.R.L., la cual, según la administración ha resultado ganadora de una licitación para la contratación de una empresa que recoja y disponga de la basura en la Circunscripción 1 en Santo Domingo Este.

El problema surge cuando ha trascendido que el alcalde Martínez se resiste a enviar al Concejo de Regidores el pliego de condiciones que incluyen los términos de la licitación para que estos sean aprobados por los concejales, como dispone la ley 176-07, según explica Soto Lara.

Por ese motivo, este regidor del Bloque Institucional Socialdemócrata, (BIS), ha intimado a El Cañero, como se hace llamar el alcalde de SDE, para que en un plazo no mayor de 72 horas remita al Concejo de Regidores el contrato y el pliego de condiciones que le sirvieron de sustento para que los concejales hagan su función de fiscalizadores y proceder en consecuencia, algo a lo que se resiste el síndico.

Pascual Disla
Pascual Disla

Pascual Disla y Branlis Quezada

Disla es el Contralor Municipal, y es quien debe visar los pagos a la empresa. Él ha sido advertido mediante un acto de alguacil que debe abstenerse de autorizar cualquier emisión monetaria a favor de  Danko Group, S.R.L., sin que antes los regidores hayan aprobado el contrato bajo cuestionamiento. Si lo hace, Soto Lara le ha advertido de que lo llevará a los tribunales al igual que al síndico.

Mientras que Quezada, es un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, que desempeña las funciones de Tesorero Muncipal. Es un hombre de la extrema confianza del síndico.

También Quezada ha sido advertido que no debe pagar a  Danko Group, S.R.L., hasta tanto el tema de su contrato sea conocido y aprobado por el Concejo de Regidores.

Es posible, sin embargo, que El Cañero tenga otra interpretación de la ley y considere que puede saltarse esos requerimientos de Soto Lara. 

En consecuencia, esto apunta en la dirección  de un litigio en los tribunales.

A continuación, publicamos en su totalidad el acto de intimación de Soto Lara a El Cañero, Disla y Quezada: 

 

ACTO DE INTIMACION A REMITIR CONTRATO AL CONCEJO DE REGIDORES Y OPOSICION DE PAGO A DANKO GROUP, S.R.L.

Acto Núm.__211/15__________

En el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, a los ______DOS________________  (__2_____), días del mes de abril del año Dos Mil Dieciocho (2018).  ACTUANDO a requerimiento del ciudadano, Regidor y munícipe,  MANUEL DE REGLA SOTO LARA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 003-0025856-3, domiciliado y residente en esta misma ciudad de Santo Domingo Este, y quien al mismo tiempo actúa como abogado constituido y apoderado especial de sí mismo, con estudio profesional abierto en la calle  Costa Rica No. 94 esquina calle Aruba, Ensanche Ozama, de esta misma ciudad, domicilio de elección para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.

YO, SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 110-0004660-4, Alguacil Ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con domicilio, residencia y morada en la calle 11 casa No. 55, Los Mina, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Rep. Dominicana.

EXPRESAMENTE, y en virtud del anterior requerimiento me he trasladado dentro de esta misma ciudad; PRIMERO: a la Carretera Mella esquina Av. San Vicente de Paúl, Dr. José Francisco Peña Gómez, que es donde está ubicado el Palacio Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este, y tiene su despacho el honorable señor Alcalde, ALFREDO MARTINEZ, y una vez allí, hablando personalmente con  ___________________________, quien me dijo ser ____________________, de mi requerido y ser persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza, según me lo ha manifestado y es de mi personal conocimiento; SEGUNDO: a la Carretera Mella esquina Av. San Vicente de Paúl, que es donde está ubicado el Palacio Municipal, Dr. José Francisco Peña Gómez, del Ayuntamiento Santo Domingo Este, y tiene su despacho el señor Contralor Municipal, LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ, y una vez allí, hablando personalmente con  ___________________________, quien me dijo ser ____________________, de mi requerido y ser persona con calidad para recibir actos de estas naturaleza, según me lo ha manifestado y es de mi personal conocimiento; TERCERO: a la Carretera Mella esquina Av. San Vicente de Paúl, que es donde está ubicado el Palacio Municipal, Dr. José Francisco Peña Gómez, del Ayuntamiento Santo Domingo Este, y tiene su despacho el señor Tesorero Municipal, LIC.  BRANLIS QUEZADA, y una vez allí, hablando personalmente con  ___________________________, quien me dijo ser ____________________, de mi requerido y ser persona con calidad para recibir actos de estas naturaleza, según me lo ha manifestado y es de mi personal conocimiento; LE HE NOTIFICADO a mis requeridos, señores ALFREDRO MARTINEZ, LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ y LIC.  BRANLIS QUEZADA, en sus respectivas calidades de Alcalde, Contralor y Tesorero,   por este mismo acto, UNICO: El contrato No. “SNCC.C.104-Contrato de Ejecución de Servicios, Licitación Pública Nacional ASDE-LPN-2017-01, Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), Danko Group, S.R.L.”, intervenido en fecha 03 de julio del año 2017, entre el Ayuntamiento Santo Domingo Este, representado por el honorable señor Alcalde, Alfredo Martínez, y la sociedad de servicios DANKO GROUP, S.R.L., representada por el señor Riquelmi Antonio Basora García.

A los mismos requerimientos, y por este mismo acto,  mi requirente, regidor, ciudadano y munícipe, LIC. MANUEL DE REGLA SOTO LARA, le hace formal intimación a mis requeridos en el sentido siguiente:

a).- En cuanto al honorable señor Alcalde Alfredo Martínez,  a que remita al Concejo de Regidores, en el plazo improrrogable de tres (3) días francos, para su correspondiente sancionamiento el Contrato marcado como: “SNCC.C.104-Contrato de Ejecución de Servicios, Licitación Publica Nacional ASDE-LPN-2017-01, Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), Danko Group, S.R.L.”, del protocolo del Dr. Luis Enrique Cabrera, Abogado y Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, matriculado en el Colegio Dominicano de Notarios con el Número 1157, intervenido en fecha 03 de julio del año 2017, entre el Ayuntamiento Santo Domingo Este, representado por el honorable señor Alcalde, Alfredo Martínez, y la sociedad de servicios DANKO GROUP, S.R.L., representada por el señor Riquelmi Antonio Basora García, quien dice ser Gerente.

Que la presente solicitud de remisión de dicho contrato al Concejo de Regidores es a los fines de que este Concejo cumpla con sus obligaciones  Constitucionales y legales, ejerciendo la debida fiscalización sobre el cumplimiento por parte del Comité de Licitación de los artículos 194, sobre capacidad para contratar; 195, sobre precios de pujas; 197, sobre cumplimiento de procedimiento de la subasta; 198, sobre contenido de las ofertas; 112, sobre cumplimiento del pliego de condiciones; todos de la Ley No. 176-07, citada, entre otras responsabilidades de los regidores que no pueden ser asumidas, y menos aún usurpadas para la administración ni por terceros.

Que es de rigor, en virtud del artículo 299 de Ley Municipal No. 176-07, sobre aprobación de los pliegos de condiciones que el honorable señor alcalde los redacte y el Concejo los apruebe, violación en la cual está incurriendo esa administración edilicia al no remitir dicho contrato al Concejo. Que la administración municipal está en la obligación de dar cumplimiento al citado artículo 199, el cual  dispone: Aprobación de los Pliegos de Condiciones. Los pliegos de condiciones para las subastas serán redactados por el síndico/a y aprobados por el concejo municipal, (…). Que esos pliegos de condiciones, por falta de remisión, no han sido aprobados por el Concejo de Regidores, lo cual vicia de nulidad dicho contrato.

Que para el caso de la gestión de servicios municipales, esa honorable administración debe observar los términos del artículo 212 de la ley de la materia, el cual dispone: “Articulo 212.- Normas de los Servicios Municipales. Los actos de gestión de los servicios municipales en sus relaciones con los usuarios estarán sometidos a las normas del propio servicio aprobadas por el concejo municipal y la ley”.

Que es evidente, honorable señor Alcalde, que cuando el Concejo autoriza la realización de una licitación para la contratación de un servicio municipal determinado, no ha agotado su responsabilidad de fiscalizar para garantizar la no lesividad, ni la licitación misma, ni a los términos del contrato, y menos aún la idoneidad de la adjudicación realizada por la administración, que son los bienes jurídicos tutelados por la norma prescriptiva de derecho, razón por la cual dicho contrato, antes de ser firmado, debe ir al Concejo con las ofertas y documentos anexos; Solo así el Concejo podrá cumplir su rol de fiscalización, razón por la cual dicho contrato debe ser remitido al Concejo.

b).- En cuanto al honorable señor Contralor Municipal, licenciado PASCUAL DISLA VASQUEZ, a que se abstenga de pagar cualquier suma o valores en ejecución del contrato que por este mismo acto se le está notificando, con fondos propiedad de esta corporación edilicia, hasta tanto el mismo sea aprobado por el Concejo de Regidores, ya que dicho contrato, por carecer la imprescindible aprobación del  Concejo de Regidores, por lo cual no es vinculante, en los términos del artículo 52 ordinal “u”, de la Ley No. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Le recordamos al honorable señor Contralor Municipal, a los fines de que no pueda alegar ignorancia o desconocimiento de la Ley, fijar su atención en sus responsabilidades establecidas en el Artículo 154 de la Ley No. 196-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, el cual, entre otras cosas,  dispone: “Contralor/a Municipal. El concejo municipal designará al contralor municipal mediante concurso público, correspondiéndole a este funcionario municipal las siguientes funciones dentro del municipio y las demás entidades municipales establecidas en la presente ley. (…) 1).- La fiscalización, en los términos previstos en la legislación de control interno y externo de la administración pública, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos procedentes”.

c).- En cuanto al honorable señor Tesorero Municipal, licenciado BRANLIS QUEZADA, a que, igualmente,  se abstenga de pagar cualquier suma o valores en ejecución del contrato que por este mismo acto se le está notificando, con fondos propiedad de esta corporación edilicia, hasta tanto el mismo sea aprobado por el Concejo de Regidores, ya que dicho contrato, por carecer la imprescindible aprobación del  Concejo de Regidores, por lo cual no es vinculante, en los términos del artículo 52 ordinal “u”, de la Ley No. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Le recordamos, igualmente,  al honorable señor Tesorero Municipal, a los fines de que no pueda alegar ignorancia o desconocimiento de la Ley, fijar su atención en sus responsabilidades establecidas en el Artículo 154 de la Ley No. 196-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, el cual, entre otras cosas,  dispone: “Articulo 155.- Tesorería Municipal. Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre 1os siguientes aspectos (…) 15.-Custodiar los fondos, garantías y valores pertenecientes a1 ayuntamiento o de terceros que se pongan a su cargo”.

A los mismos requerimientos y por este mismo acto  la presente intimación se hace bajo el entendido de que la administración municipal debe asumir y respetar los roles y atribuciones del Concejo de Regidores para que no sigan violando el artículo 73 Constitucional, sobre usurpación de funciones públicas; toda vez que, desde el punto de vista normativo, una cosa es autorizar a la Administración  Municipal a proceder a realizar una licitación para un servicio determinado, y otra muy diferente es la aprobación de los resultados de dicha licitación. Que el Concejo es el órgano colegiado autorizado por la citada ley municipal para autorizar la licitación y luego para aprobar los contratos, al disponer “Autorizar el ejercicio de acciones ante otros organismos o entidades y los tribunales de justicia en función del interés del ayuntamiento y de la población de sus respectivos municipios”.

Que el Concejo está en el deber de garantizar, en su función fiscalizadora, que el Comité de Licitación y la Administración Municipal hayan dado fiel cumplimiento a la Ley No. 340-06 y a su Reglamento No. 543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes y Servicios, lo cual no queda cubierto con la autorización de licitar, como erróneamente entiende la Alcaldía.

La presente intimación se hace con APERCIBIMIENTO de que el no cumplimiento del presente acto, en los términos y plazo otorgados en el mismo, se procederá, conforme las previsiones del artículo 88 de la Ley No. 176-07, sobre la materia, por todas las vías de derecho en contra de mis requeridos. Que el citado artículo 88 dispone: “Responsabilidades. Los miembros de 1os ayuntamientos están sujetos a responsabilidad civil y penal por 1os actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo”. Que el Código Penal Dominicana establece sanciones de hasta 10 años de prisión para casos como el de la especie, por lo cual más de un Alcalde, más de un Contralor y ya más de un Tesorero, municipales, se encuentran condenados en nuestro país. Que procederá, además, vencido dicho plazo de tres días francos, a demandar la nulidad del indicado contrato.

BAJO LAS MÁS AMPLIAS ACCIONES DE DERECHO Y ACCIONES.

Y para que mis  requeridos no aleguen ignorancia o desconocimiento del presente acto, ASÍ SE LO HE NOTIFICADO dejándole en manos de las personas con quienes dije haber hablado en los lugares de mis traslados copia fiel y conforme a su original, el cual  consta de seis hojas, más otras ocho del contrato, todas firmadas, selladas y rubricadas por mí, alguacil infrascrito que CERTIFICO Y DOY FE.

Costo: RD$_____________

__________________________

SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ
Alguacil

______________________________
MANUEL DE REGLA SOTO LARA
REGIDOR INTIMANTE

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