Por Robert Vargas El presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, dio hoy un paso hacia adelante como parte de sus preparativos para imputar penalmente al alcalde Manuel Jiménez, a los regidores, al Contralor Municipal Pascual Disla y al Tesorero del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Hernández no solo ha notificado a los regidores y su presidente Franklin Marte, a Jiménez y otros funcionarios del ASDE, sino que fue directamente hasta la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República para ponerlos a todos en conocimiento de su iniciativa.
Las diligencias judiciales del presidente de la Fundación Primero Justicia, han sido iniciadas luego que se ha comprobado que el alcalde Manuel Jiménez violentó la Ley 176-07 al disparar verticalmente hacia a arriba la nómina del ASDE, al pasarla de 25% al 42% del presupuesto municipal.
Ahora, sin dinero para pagar los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, más una proporción del sueldo 13; la TSS y un completivo del seguro médico, Jiménez empuja a los regidores a que le aprueben una transferencia de fondos por 300 millones de pesos.
-«Por lo mismo que está haciendo Manuel Jiménez fue que condenaron a prisión al sindico de San Cristobal Raúl Mondesí», le comentó Surun Hernández a Ciudad Oriental.
En su acto alguacil, Hernández advierte, si aprueban la transferencia presupuestaria, «todos serán perseguidos penalmente por los presuntos delitos de «desvío fraudulento de fondos, coalición de funcionarios y abuso de confianza»».
La notificación a los concejales, al alcalde y a los demás funcionarios del ASDE fue recibida en la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento.
De allí, el ministerial se fue a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República donde también dio curso a sus diligencias judiciales.
Mientras tanto, Manuel Jiménez se muestra desafiante y asegura que «hay fondos», pero que estos deben ser transferidos por los concejales.
Si esta acción es ejecutada, entonces comenzaría la persecución judicial contra el grupo de funcionarios y regidores que han sido notificados.
De su lado, el regidor Winston Báez, quien es experto en contabilidad, también actúa en forma desafiante y asegura que «nadie irá preso».
-«Que sigan pensando así. Veremos cómo justificaran sus violaciones a la ley ante un tribunal», dijo Srun Hernández.
Debido a que Jiménez gastó en agosto los fondos destinado al pago de sueldos, ahora no hay certeza de cuándo los empleados del Ayuntamiento podrán cobrar su salario de octubre, noviembre ni el de diciembre.
