La Fundación Primero Justicia notifica al alcalde y a los regidores del ASDE de que serían imputados penalmente por desvío fraudulento de fondos, coalición de funcionarios y abuso de confianza
Por Robert Vargas
La Fundación Primero Justicia, que preside el jurista Miguel Surun Hernández, quien es además el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, notificó hoy al alcalde Manuel Jiménez, a los regidores, al Tesorero Municipal y al Contralor Municipal del ASDE de que todos serán perseguidos penalmente por los presuntos delitos de «desvío fraudulento de fondos, coalición de funcionarios y abuso de confianza», en caso de que aprueben y ejecuten una transferencia de fondos por 300 millones de pesos solicitada por el síndico Santo Domingo Este.
El acto notarial ha sido entregado el alguacil Pedro De la Cruz Manzueta y recibido hoy por la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, según muestra imágenes digitalizadas de las notificaciones hechas hoy en el Palacio Municipal y entregadas a Ciudad Oriental.
La Fundación Primero Justicia considera que sería violatoria a las leyes del país la aprobación por el Concejo de Regidores de la transferencia de 300 millones de pesos que solicita el alcalde Manuel Jiménez para poder pagar a todos los empleados del ASDE los sueldos del último trimestre del año 2021.
Surun Hernández cita al Contralor Municipal, Pascua Disla, quien ha admitido que el alcalde Manuel Jiménez elevó la nómina del ASDE de 25% a 41%, lo que violenta la ley 176-07 en relación al porcentaje del presupuesto autorizado para el pago de sueldos.
Según Disla, Jiménez elevó la nómina de 38 millones de pesos mensuales a 57 millones de pesos en el mismo período, por lo que desde agosto se quedó sin dinero para cumplir con los pagos de los sueldos.
La Fundación Primero Justicia le advierte al alcalde Jiménez, a los 33 regidores, al Tesorero Municipal y al Contralor Municipal que todos serán perseguidos penalmente e imputados de los cargos de «desvío fraudulento de fondos, coalición de funcionarios y abuso de confianza», por los que podrían ser condenados hasta a cinco años de prisión y a ser inhabilitados para ocupar puestos públicos durante varios años.
El alcalde Manuel Jiménez, quién, según varios regidores, se queja del «legalismo» dijo ayer que «hay fondos» para pagar los sueldos, pero se requiere que los regidores hagan la transferencia presupuestaria.
Precisamente, si hacen esa transferencia presupuestaria el alcalde, los regidores que la prueben, el Contralor Municipal y el Tesorero serán llevados ante al banquillo de los acusados.
Desafío para el Ministerio Público independiente
La iniciativa de Surun Hernández será un desafío para el Ministerio Público independiente que lo pondrá a prueba en este caso en el que Jiménez ha superado por mucho la cuenta de nómina al pasar del 25% al 41%.
También podrá a pruebas a los regidores del ASDE quienes deberán decidir si están dispuestos a ser enjuiciados, junto con Jiménez y Pascual Disla, en caso de que opten por aprobar la transferencia presupuestaria, u optan por ceñirse al mandato de la Ley 176-07.
Se supone que los concejales serían convocados para sesionar este martes o jueves para tratar el caso.